Acuerdo imposible en torno al TLC

2004-10-26 00:00:00

El pasado 12 de octubre, y como parte de una jornada
continental contra el Alca y el TLC, un número sin
precedentes de colombianos llenamos las calles y las plazas
de Bogotá y de las capitales de departamento de Colombia.
En el país la movilización también rechazó el proyecto de
reelección de Álvaro Uribe Vélez y las reformas pensional y
tributaria en trámite en el Congreso. Pero a pesar de este
descontento, expresado en forma creciente desde tiempo
atrás, o mejor, seguramente por ello, el ministro de
Comercio, Jorge Humberto Botero, planteó un "Acuerdo
político entre el gobierno nacional y los partidos y
movimientos políticos con representación en el Congreso de
la República sobre las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio" con Estados Unidos. De la propuesta salen varias
conclusiones.

Por fin el gobierno reconoció de manera expresa que ha
venido adelantando el más profundo cambio económico y
político que se le haya planteado a esta nación desde 1819
sin respaldo de nadie distinto del propio uribismo
representado en el poder Ejecutivo, aunque también es
notorio que entre sus propias filas aumentan las voces que
critican o se oponen al TLC. Aceptó también que ni siquiera
la supuesta "participación" del Congreso en el proceso, de
la que Botero ha alardeado tanto, ha ocurrido en realidad.
Y, como se sabe, todavía menos se ha tenido en cuenta la
opinión de las organizaciones de los trabajadores y de la
inmensa mayoría de las agrarias.

Que sólo hasta ahora se proponga un "acuerdo" en el
Congreso sobre un tratado de tal calibre, cuando faltan
apenas nueve días de negociaciones efectivas y ya sus
principales lineamientos están definidos, muestra que lo
que se intenta es burlar a los parlamentarios y a sus
organizaciones políticas, aparentando que el tratado que
tienen decidido sí fue discutido con toda la nación, y así
amarrar desde ahora su ratificación en la Cámara y el
Senado.

Es bien probable que esa astucia de última hora tenga que
ver con el crecimiento de la oposición al TLC y a las
mayores concesiones del gobierno ante cada exigencia
estadounidense durante la negociación. Fueron tan graves
las declaraciones del presidente Uribe Vélez en el foro
organizado por El Tiempo y Unión Fenosa, que la Federación
Nacional de Cerealeros, Fenalce, le escribió al jefe del
Estado solicitándole "una declaración pública que
rectifique las determinaciones adoptadas". Y no es para
menos. Porque ese día anunció que su gobierno había
aceptado el mantenimiento de los subsidios agropecuarios de
Estados Unidos, el desmonte del Sistema Andino de Franjas
de Precios que protege al agro nacional de las
importaciones subsidiadas y la importación sin arancel de
dos y medio millones de toneladas de maíz y uno y medio
millones de toneladas de trigo. En su reclamo, Fenalce
también denunció cómo, mediante el más descarado dumping,
arruinarán a las 18 mil familias sobrevivientes en el
cultivo de trigo en Colombia, pues los estadounidenses lo
exportan a 113 dólares la tonelada a pesar de que les
cuesta 195 dólares producirlo, mientras el costo del
nacional es de 160 dólares la tonelada.

Tras su lenguaje melifluo, en el acuerdo propuesto se
descubren dos tipos de párrafos. Unos, de simple demagogia,
porque en los hechos se generarán efectos contrarios a los
que se anuncian, como el que reza que el Tratado "tendrá
repercusiones económicas y sociales importantes,
especialmente en materia de desarrollo, generación de
empleo y aumento del bienestar para el pueblo colombiano".
Y otros, que ocultan lo que quieren decir, como el dedicado
a santificar los tribunales internacionales de arbitraje
que sustituirán la justicia nacional en favor de las
transnacionales, y que dice así: "Con respecto a los temas
de solución de controversias e instrumentación del TLC,
Colombia deberá velar por la negociación de normas que no
sean discriminatorias, que favorezcan las decisiones en
derecho y que permitan la resolución de disputas de manera
oportuna, transparente, equitativa y razonada, promoviendo
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo".
¡Qué tal la palabrería para ocultar lo que se pretende!

Bogotá, 25 de octubre de 2004