La Tarde, octubre 5 de 2004

En la medida en que avanzan las negociaciones del tratado
bilateral de Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos
cobra mayor vigencia la conocida frase del intelectual
norteamericano Noam Chomsky respecto a este tipo de
acuerdos: "no son libre comercio y son mucho más que "libre
comercio".La inexistencia de las condiciones de libre
concurrencia, que la teoría capitalista clásica establece
para que opere "la mano invisible del mercado", conduce
inevitablemente a reforzar los mercados imperfectos donde
la posición dominante de los monopolios influye en la
formación de los precios a su favor y en el control
paulatino de mayores porciones de las correspondientes
ramas de la economía. La eliminación, exigida en estos
acuerdos, de la protección arancelaria y demás formas de
resguardo de la producción de los más débiles acarrea la
centralización de las áreas estratégicas cada vez en menos
manos a nivel global. La propaganda para dicha empresa se
fundamenta en una falsa reciprocidad de intercambio, como
la de la fábula del "zorro y el gallinero".

Pero la desigualdad de la negociación no para allí. Lo que
es "mucho más que libre comercio" está conformado por
nuevas normas y reglamentos que los países signatarios
adoptan en sus respectivas Cartas Constitucionales
retrocediendo incluso en lo ya establecido en temas
vitales. Éste es el caso de Colombia que en materia
laboral, ambiental y de derechos económicos y sociales, por
ejemplo, consagra mayores avances que su contraparte, el
Tío Sam. Con tal de llegar al acuerdo el país renuncia a
elementos doctrinarios de su legislación en esos y otros
campos, relegando derechos adquiridos de los ciudadanos, y
retrocediendo a favor de quien en estos convenios es
considerado el primer sujeto de derecho: "el inversionista
extranjero". Se monta así una juridicidad que satisface con
creces la máxima de Robert Zoellick: "el capital es
cobarde, no va sino donde se siente seguro".

Una ilustración de lo que aquí se afirma está en los
"acuerdos preliminares" a los que se ha llegado en la mesa
de Inversiones hasta la cuarta ronda celebrada a oscuras y
sin traducción simultánea en Fajardo (Puerto Rico).
Incorporar figuras jurídicas inexistentes como la de "la
expropiación indirecta" por la cual, cuando una disposición
oficial presuntamente afecte los beneficios o ganancias
esperados de un inversionista, puede suscitar un litigio de
éste contra el Estado, y la aceptación de tribunales de
arbitraje ad hoc, creados para dirimir esas controversias
específicas, o la adopción del Derecho Internacional
Consuetudinario como anexo de este capítulo, inscribiendo
así en nuestra legislación las costumbres internacionales
como norma legal, que en la práctica son los manuales de
procedimientos de las corporaciones transnacionales, es de
facto una reforma constitucional adelantada a hurtadillas,
sin cumplir trámites procesales y teniendo como instancia
legislativa las mesas de negociación del tratado comercial
y no el Congreso de la República.

La cobardía del capital, que se plasma en la creación de
instituciones y normas que le garanticen su ataque a
mansalva y sobre seguro, es el principio rector que sirve
de guía a la reforma constitucional que en el TLC desplaza
los derechos de los ciudadanos en provecho de los
"inversores", contenidos también los especuladores. Aquí se
salvan , bajo el prejuicio neoliberal de los efectos
automáticos del capital sobre el empleo, la productividad y
el bienestar general, todas las prerrogativas del Rey Midas
contemporáneo, el capital financiero, y los encargados de
ello en esta iniciativa imperial, acolitada por el gobierno
uribista, no son siquiera juristas de reputada adicción al
servilismo sino imberbes negociadores creyentes en este
gran servicio a la patria inspirado en la megalomanía del
"prócer" que hoy nos gobierna. Razones de peso, todas las
aquí expuestas, para que el Congreso actúe en consecuencia
reprobando esta espuria reforma constitucional cuando sea
sometida a su consideración. Es más agresiva contra
nuestras instituciones que la denominada Reforma a la
Justicia, es subversiva en la auténtica acepción de la
palabra.