Coloquio «Los 10 años del TLCAN : Balance social y perspectivas»

Montreal, Québec, 19 de septiembre 2004

Declaración Final

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre
Estados Unidos, Canadá y México, y que entro en vigor el primero
de enero de 1994, planteaba un gran objetivo: crear la zona
comercial más importante del mundo, que favorecería el
crecimiento y la prosperidad económica en la región y aseguraría
un mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones de
esos países. El desafió estaba en integrar la economía de los
tres países, a pesar de la desigualdad entre sus respectivos
niveles de ingreso, riqueza y desarrollo. Poco después de la
firma del tratado, se volvió evidente que el TLCAN serviría de
modelo para todos los acuerdos comerciales por venir.

Sin embargo, el TLCAN no es un modelo a seguir. Las promesas
sobre los resultados benéficos del TLCAN hechas hace 10 anos, no
se han realizado de ninguna manera. No solo no ha reducido los
desequilibrios entre las tres economías, sino que no ha atendido
el crecimiento económico a anunciado. Las desigualdades que
existían antes del acuerdo se han acrecentado, en particular las
que atañen a las mujeres y a los pueblos autóctonos. El
incremento de las diferencias entre ricos y pobres, la
concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, la
reducción del ingreso individual, la drástica disminución en la
creación de nuevos empleos, el incremento en la migración
laboral, el agravamiento de los problemas ambientales: tal ha
sido la norma mas que la excepción. En el capitulo de la pérdida
de empleos de tiempo completo, favoreciendo el surgimiento de
todo tipo de empleo precario (por contrato, a medio tiempo,
"autónomo"), las mujeres son las mas afectadas. Campeonas del
trabajo precario, están sobrerepresentadas entre los sectores de
bajos salarios y los pobres; y continúan siendo confinadas a los
ghettos del empleo, situación que es agravada por las
modificaciones presupuestales en los programas sociales y los
diversos procesos de privatización de los servicios públicos.

En México, particularmente, la economía agrícola atraviesa
actualmente la peor crisis de su historia, al ser golpeada por
el efecto arrasador de las importaciones subsidiadas del Norte.
Una de las primeras consecuencias nefastas del TLCAN fue la
modificación brutal de la Constitución mexicana, la cual
protegía en uno de sus artículos la propiedad colectiva de la
tierra. En Chiapas, los zapatistas fueron los primeros en
denunciar esta modificación, considerando que esto conllevaba
una degradación de sus condiciones de vida. Además muchas
maquiladoras estadounidenses han sido reubicadas de México a
China donde las normas saláriales y ambientales son todavía mas
bajas. Este desplazamiento, ha afectado a una gran cantidad de
trabajadores mexicanos, afecta también a Estados Unidos, al
punto que han enfrentado una desindustrialiación de su economía.
En el caso de Canadá, donde las reubicaciones están también a la
orden del día, las preocupaciones de la población están
enfocadas en la necesidad de preservar el sistema público de
salud que hoy en día se ve amenazado. Las empresas privadas,
sobre todo de Estados Unidos, ejercen presiones cada vez mas
fuertes y muestran un interés voraz en este mercado que se ha
revelado muy lucrativo entre ellas. En Québec finalmente, se
instrumentan sin descanso los ajustes del gobierno que exige su
política de nivelación normativa hacia abajo, afectando las
condiciones de trabajo, el sindicalismo y el medio ambiente,
como en el caso particular de los proyectos gubernamentales de
fomentar alianzas entre los sectores público y privado en los
sectores de la salud y la educación. Los servicios públicos son
amenazados, sin cesar, de ser rebajados al rango de simples
mercancías. Y eso sin contar los efectos del Capitulo 11 sobre
las inversiones, o del Capitulo 10 sobre los mercados públicos,
lo que confirma la supremacía de los intereses y el poder de
las empresas privadas sobre el Estado.

A pesar de lo anterior, los gobiernos de la región mantienen la
dirección y continúan impulsando este modelo de "libre" mercado
en el mundo, buscando al mismo tiempo desarrollar una
integración mas profunda en América del Norte, por medio de un
TLCAN Plus. Las negociaciones de éste se inscriben actualmente
dentro de un proceso antidemocrático en el cual la transparencia
no existe.

Frente a esta mercantilización de la vida y del abandono del
bien común en manos de las empresas privadas, es nuestra
responsabilidad incrementar nuestras perspectivas y nuestras
alianzas. Por ello llamamos a ponernos en marcha y a fortalecer
los mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos,
económicos, sociales, culturales y medio ambientales, de tal
forma que los convenios comerciales no puedan conllevar el
debilitamiento del marco jurídico y de la soberanía de los
Estados.

Planteamos algunos principios :

1-Si bien un Estado puede transferir parte de su soberanía a una
organización estatal internacional, es inconcebible que ceda
elementos de su soberanía a intereses privados.

2.-El poder de legislación y adopción de medidas sociales,
culturales, ecológicas y económicas que aseguran el bienestar
colectivo no deben de ninguna manera hacerse limitar por ningún
tratado comercial, ni subordinarse a ningún tratado de apertura
de mercados públicos.

3.-El derecho de las mujeres a la igualdad es un principio que
debe ser reconocido de antemano antes de firmar cualquier
tratado comercial. Las organizaciones de mujeres se muestran
muy preocupadas por la persistencia de la discriminación y la
violencia acentuada por las políticas de liberalización de los
gobiernos, por el desplazamiento de empresas, hechos que
refuerzan las desigualdades entre los géneros y entre las
mujeres mismas.

4-La soberanía alimentaria debe fijar el marco en el cual de
desarrolla el comercio en materia de agricultura. La producción
agroalimentaria no debe ser considerada como una mercancía y,
por ese mismo hecho, el derecho de cada país para definir su
propia estrategia de desarrollo agrícola es inalienable.

5-Los acuerdos comerciales no pueden ser prerrogativa de los
poderes ejecutivos (Presidencia, gabinete o consejo de
ministros), sino que éstos deben adoptar una actitud de
transparencia en las negociaciones para que las poblaciones
afectadas participen en el debate con todo conocimiento de
causa.

6.-Los servicios públicos, en particular la educación, la salud
y el agua deben ser objeto de una exclusión general y permanente
de los acuerdos comerciales, a fin de preservar el bien común,
fundamento de nuestras sociedades.

7-La cultura debe ser igualmente objeto de exclusión general y
permanente de los acuerdos de comercio internacional con el fin
de preservar la diversidad cultural del planeta.

¡OTRO MUNDO ES POSIBLE!

Si los movimientos sociales de las Américas y del mundo han
logrado frenar en múltiples ocasiones la negociación de acuerdos
de tipo TLCAN (descarrilamiento del AMI, fracaso de las
conferencias de la OMC en Seattle y en Cancún, estancamiento de
las negociaciones del ALCA, etc.), es claro que ante la
proliferación de los acuerdos regionales o bilaterales, los
promotores de la liberalización de los mercados siguen
utilizando el TLCAN como modelo.

En el momento en que la agenda y el contenido del proyecto de
ALCA están en redefinición y las élites norte-americanas
reorientan su estrategia hacia una integración profunda en el
territorio del TLCAN, nosotros debemos proseguir nuestra lucha
para frenar la deriva actual de la mundialización, de los
acuerdos de libre comercio y de las políticas de liberalización
de los gobiernos.

Exigimos de nuestros gobiernos un balance completo de los
efectos del TLCAN desde el momento en que fue firmado,
incluyendo un análisis diferenciado según el género (hombre-
mujer). Exigimos que el conjunto de la población y de las
organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la
realización de este balance y que éste se inscriba dentro de un
proceso de reevaluación del TLCAN, y de revisión de la política
comercial internacional dentro de cada uno de nuestros países.

Ponemos por delante la defensa y la conservación de los bienes
públicos que constituyen el bien común y nos oponemos a todo
proceso de privatización de los servicios públicos. Nuestros
gobernantes deben pronunciarse al respecto sobre esta cuestión
crucial que constituye el fundamento mismo de toda sociedad.

Exigimos de nuestros gobiernos acuerdos comerciales que
respeten:

-La supremacía de los derechos individuales y colectivos
por encima del comercio y la ganancia

-La igualdad entre los hombres y las mujeres

-La preservación integral del derecho de los Estados a
legislar en función de promover el bien común, la democracia y
el respeto del medio ambiente.

-Un proceso de negociación y de adopción transparente y
democrático.

Confrontados con problemas comunes que demandan una unidad de
acción muy grande, nosotros, de Québec, de Canadá, de los
Estados Unidos y de México, reconocemos la necesidad de reforzar
nuestras redes nacionales y proseguir nuestro trabajo de
formación y de información lo mas grande posible sobre los
desafíos creados por este modelo de mundialización que se nos
ha impuesto. Reconocemos, igualmente, la necesidad de trabajar
para construir un espacio común a la escala de América del
Norte, a fin de consolidad nuestras estrategias y promover
nuestras alternativas basadas sobre el respeto de los derechos
humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los
pueblos y naciones de América del Norte.