Frente al libre comercio, la libre determinación de los pueblos.

El Tratado de Libre Comercio propuesto por Estados Unidos al
Ecuador y a otros países del Continente, después del fracaso de
las negociaciones del Área de Libre Comercio para las Américas
(ALCA) y de la Organización Mundial del Comercio, no es un tratado
únicamente de comercio; abarca todos los campos de la vida
económica, política y cultural de nuestros pueblos. No es un
tratado más, sino una supranorma que se colocaría por encima de la
Constitución Política y que regiría el destino de nuestra patria
durante al menos los próximos veinte años: se trata de
universalizar las normas vigentes en Estados Unidos.

Esta propuesta no puede ser tratada con prisa y sin juicio. Al
estar en juego el futuro de trece millones de ecuatorianos y
ecuatorianas y de las próximas dos generaciones, lo primero que se
exige es el estudio sereno en que participen todas las
instituciones del país, la consulta al pueblo y la construcción de
un acuerdo nacional.

El tratamiento ha sido secreto y excluyente. Hasta ahora nuestro
país no cuenta con un texto en castellano del proyecto, y los
textos no son accesibles a la ciudadanía. En la ronda de Lima,
Estados Unidos impuso tres condiciones: la reserva, la exclusión
del tratamiento de los subsidios agrícolas y la urgencia de los
plazos.

El comportamiento del Gobierno del Ecuador ha sido riesgoso para
los intereses del país. Los voceros, empezando por la Ministra de
Comercio, no sólo han proclamado la urgencia de la firma, sino que
han celebrado las bondades de las ofertas de libre cambio:
representan el interés de un reducido grupo de mercaderes,
importadores y banqueros que serían beneficiados a cambio del
dolor de la mayoría de los sectores productivos y sociales.

El régimen, en lugar de generar un espacio sano de debate y
acuerdo, ha desarrollado una estrategia de silenciamiento y
secreto; de cooptación de uno o dos representantes por sector para
proclamar el respaldo ciudadano, pretendiendo dividir a los
sectores productivos y sociales del país; y de negociación
sectorial, impidiendo la visión y el tratamiento de los intereses
nacionales. Tenemos un gobierno débil, que no nos representa, pues
cuenta con la aprobación apenas del 4% de la población.

Por ello se requiere una respuesta firme y unitaria de las
organizaciones productivas, sociales y cívicas, de todos los
hombres y mujeres "que sienten en su corazón la angustia de la
patria", para recuperar el derecho a nuestra palabra. Los
gobiernos no pueden jugar con nuestro futuro y el de nuestros
hijos. Pero tampoco nosotros podemos ser indiferentes a nuestro
futuro y al de nuestros hijos.

Debemos partir de un primer acuerdo: el Tratado de Libre Comercio
no puede ser resuelto por el Gobierno y el Congreso a espaldas del
pueblo; cualquier decisión final debe ser tomada en una CONSULTA
POPULAR. Nuestro primer acuerdo es que el ECUADOR DECIDE: frente
al libre comercio está la libre determinación de nuestro pueblo.
El primer paso para el desarrollo es la defensa de la soberanía.

Vamos a unir nuestras fuerzas en una alianza productiva y social,
para garantizar que sea el Ecuador el que decida su futuro, sin
imposiciones ni traiciones. Vamos a unir nuestras fuerzas para
realizar el derecho que nos garantiza el Artículo 105 de la
Constitución, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral, con las
firmas del ocho por ciento del padrón nacional, "que convoque a
consulta popular en asuntos de transcendental importancia para el
país".

Frente al TLC, una integración equitativa

Creemos en la necesidad de una integración regional que sea
provechosa para todos nuestros países y pueblos. El antiguo sueño
de Bolívar sigue vigente: la unidad económica, política y cultural
de nuestra América es la condición para poder participar en el
concierto mundial. El objetivo tiene que ser el desarrollo, el
bienestar y la libertad de nuestros pueblos.

Partimos de situaciones de desigualdades económicas y políticas.
Reconocemos la gran potencia de los Estados Unidos y nuestros
retrasos; aunque también reinvindicamos nuestras potencialidades y
originalidades.

Si queremos una integración equitativa y beneficiosa, la primera
condición es el tratamiento de esas desigualdades, a fin de
arribar a un espacio común, que potencie nuestras fortalezas y no
que se valga de nuestras debilidades. Para ello se requieren
construir una fuerte voluntad política de independencia y girar de
la competitividad a la colaboración entre nuestros países y
nuestros pueblos.

En el campo de las negociaciones, requerimos contar con nuestra
propia agenda y estrategia. Hasta ahora, las propuestas y las
políticas han venido del Gobierno y las transnacionales
norteamericanas.

Los principales objetivos de Estados Unidos son: acceder a la
propiedad de los bienes y servicios de nuestros países; eliminar
la soberanía del Estado ante las demandas de las transnacionales
norteamericanas; eliminar los controles sociales y ambientales; y
lograr la total apertura de nuestros mercados a sus bienes y
capitales, a cambio de aperturas comerciales reguladas para
determinados artículos de los sectores primarios de la economía.
El intento de apropiación y control ya no se dirige sólo a los
bienes tangibles, recursos naturales y propiedades estatales,
especialmente telecomunicaciones, petróleos y minería; sino
también a los bienes intangibles y servicios, propiedad
intelectual y saberes originarios, biodiversidad, agua, salud,
educación, seguridad social. Pretende convertir en mercancías todo
lo existente, para luego colocarlas bajo el control de sus normas.

La agenda ecuatoriana debe centrarse en la integración, en la
búsqueda de alianzas estratégicas a nivel regional y mundial, para
atender sus problemas fundamentales: reactivación productiva,
empezando por el agro y las empresas dedicadas a los productos
masivos de atención a las necesidades básicas; creación de fuentes
de empleo y combate a la pobreza; acceso a la ciencia y
tecnologías para inversiones productivas y defensa de los saberes
propios; seguridad alimentaria, educativa y de salud para todos
los ecuatorianos y ecuatorianas.

Para ello, la estrategia debe partir del fortalecimiento de la
soberanía nacional y del mercado local, y de la construcción de
una integración regional equitativa, mediante la participación
activa en la Comunidad Andina y el MERCOSUR, como fundamento y
condición previa para integraciones hemisféricas y mundiales. Los
tiempos deben ajustarse a estos pasos, para avanzar en el
tratamiento de las desigualdades y la construcción de una
integración económica y política de Sur América. La urgencia está
en la unidad latinoamericana, y no en el sometimiento al poder
norteamericano.

¿TLC? No, gracias.

El Tratado de Libre Comercio propuesto por Estados Unidos no
responde a estos objetivos.

Si se instaura, afectará la vida y la producción: generará nuevas
alzas del costo de la salud y los medicamentos, como resultado del
monopolio de las patentes y de la propiedad intelectual y de la
privatización de los servicios de salud y de la seguridad social;
elevará el desempleo y el subempleo, como resultado de la
destrucción de la base productiva del país, especialmente de la
agricultura, la ganadería, la artesanía y la microempresa. Después
de un ilusorio control de la inflación por la invasión masiva de
productos externos, se impondrán costos según los intereses de los
monopolios transnacionales triunfantes. Ahondará la brecha entre
pobres y ricos: de un lado, un reducido grupo de beneficiarios,
los grandes comerciantes, sobre todo importadores, y banqueros,
que podrán acceder a los bienes y servicios privatizados y a
costos altos; y de otro, la gran masa de pequeños y medianos
empresarios, de trabajadores y campesinos empobrecidos, de
desocupados y excluidos, que no podrán acceder a los bienes y
servicios básicos, privados no sólo del pan de cada día, sino de
un futuro esperanzador. El TLC pone en riesgo la vida y la
esperanza.

Según uno de los voceros del Primer Mundo, el Premio Nóbel Joseph
Stiglitz, los tratados de libre comercio constituyen el "cuarto
paso al infierno", después de la eliminación de aranceles, la
implantación de precios internacionales y las privatizaciones. El
TLC es la continuación de una política que ha fracasado en nuestro
Continente.

El espejismo que plantea el discurso neoliberal es: a mayor
libertad de mercado, mayor desarrollo. Pero tanto la historia como
la realidad actual lo desmienten. El desarrollo de las grandes
potencias, incluidos los Estados Unidos, se ha asentado en un
fuerte período de protección. Sólo después de haber conseguido
grandes ventajas ante sus competidores, los países poderosos
predican el libre cambio, pero para los otros.

Una pregunta: ¿por qué los países que actualmente tienen mayores
niveles de apertura al libre mercado, según los códigos del Fondo
Monetario Internacional, como sucede con los África Subsahariana o
Haití, son los más atrasados del mundo?

En la actualidad, a pesar de algunas concesiones parciales, los
Estados Unidos (y también la Unión Europea) se niegan a eliminar
las protecciones y subsidios para sus agricultores y para las
ramas en que no son competitivos, como el acero. Entre 1998 y
2000, el subsidio a los agricultores representó el 63% de la renta
agraria en Japón, el 40% en la Unión Europea, el 23% en los
Estados Unidos y el 18% en Canadá. La propiedad privada
intelectual es todo lo contrario de la libertad de acceso a
recursos que deberían estar al servicio de la humanidad, sobre
todo en el campo de la salud, y que son apropiados por monopolios
cada vez más poderosos y egoístas.

Después de diez años de aplicación del TLCAN, los resultados para
México han sido negativos: después de la ficción inicial de la
creación de 800 mil nuevos puestos de trabajo, por el traslado de
las maquiladoras desde Estados Unidos, apenas quedan 500 mil;
mientras en la agricultura se han perdido 1,3 millones y en la
industria otros 700 mil. En cuanto a salarios, los trabajadores de
las filiales norteamericanas en México, ganan el 75% de sus pares
norteamericanos. México se ha convertido en importador de su
alimento básico, el maíz. Lo que sí ha aumentado es la
desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su proporción del
ingreso nacional, mientras el restante 90% la ha reducido o no ha
sufrido cambio.

Nuestro país ya ha vivido diversos capítulos de un modelo que se
ahondaría con el TLC, y que ha sido un mal negocio: 76% de
pobreza, 12.5% de desempleo abierto y 56% de subempleo estructural
más 12% de migración externa. El Ecuador no puede competir ni
siquiera con los países vecinos, a pesar de los esfuerzos de
muchos empresarios: el 62% de las empresas, según la
Superintendencia de Compañías, se encuentra en crisis o en
quiebra. Sólo el elevado precio internacional del petróleo y las
remesas de los migrantes mantienen la ficción de un crecimiento
del 4,5% del PIB, mientras se desmoronan las bases del edificio
económico.

Es tiempo de buscar una salida diferente. Estamos convencidos que,
unidos, otro Ecuador, otra integración es posible. El punto de
partida es la unidad de los damnificados por esta política de
muerte, para recuperar la palabra y defender la vida de nuestro
pueblo y la soberanía de nuestra patria.

Quito, 16 de Septiembre de 2004

Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos - ALDHU
Asociación Latinoamericana de Farmacéuticos
Asociación Nacional de ONGs Campesinas "Julián Quito"
Cámara Nacional de la Microempresa
Comisión de Vivencia de Fe y Política
Comité Interuniversitario contra el ALCA-TLC
Comunidades Eclesiales de Base de MAchala
Conagua
Conaie
Confederación de Barrios del Ecuador
Confederación de Servidores Públicos - CONASEP
Confederación Ecuatoriana de Comerciantes Minoristas
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Coordinadora de Movimientos Sociales
Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios y
Politécnicos
Ecuarunari
Federación de Trabajadores de Petroecuador
Federación Médica Nacional
Federación Nacional de Defensa del Consumidor – FEDECOM
Federación Nacional de Estudiantes Politécnicos - FEPON
Federación Nacional de Judiciales del Ecuador
Foro Ecuador Alternativo
Frente Nacional de Defensa de los Jubilados
Jubileo 2000
Junta Nacional de los Artesanos
Servicio Paz y Justicia