Diario Hoy. Ecuador, 25 de agosto.

A punta de un optimismo desbordante, sustentado casi sólo en el voluntarismo (o quizás en la complicidad con los designios de Washington o quién sabe si también en la lógica de algún interés particular), la ministra de Comercio y su equipo negociador pretenden que la sociedad acepte como algo casi maravilloso el Tratado de Libre Comercio (TLC). Afilando sus argumentos nos dicen que es "hora de abrir los ojos al mundo", pues para mejorar el nivel de vida necesitamos crecer a un ritmo superior y financiar el desarrollo con recursos externos. Para lograrlo nada mejor que las exportaciones e inversiones. Y en este empeño aparece la apertura comercial, que es mucho más que comercio, como parte de la estrategia que nos debe incorporar al principal mercado mundial, los EEUU. El TLC, entonces, es un objetivo primordial que, al decir del gobierno, compete a todo el país. Frente a este optimismo voluntarioso, la razón y la experiencia llaman a la reflexión. El proceso de negociación asimétrico, en el que se discute la agenda de los EEUU, sin un verdadero equipo nacional, sin la preparación técnica suficiente, es de por si un motivo de preocupación. El asunto se complica mucho más cuando se avanza hacia los temas de fondo. Para empezar el "libre comercio" es una cantaleta sin contenido en la medida que los EEUU no están dispuestos a eliminar las protecciones a su agricultura; e, incluso en el caso de que se avanzase en una senda de libertad e igualdad, ésta, al ser intentada a partir de desequilibrios enormes, sólo beneficiará al más poderoso, o sea a los EEUU.

El asunto no se agota en lo comercial. La potestad para que sólo las empresas con capital norteamericano puedan demandar al gobierno fuera de la legislación nacional, vía arbitraje, lesiona la soberanía. A esto se suma la posibilidad para que todos los servicios -educación, comunicaciones, salud, pensiones, vivienda, seguridad, agua- puedan ser privatizados. La imposición de estándares de propiedad intelectual rigurosos, que van más allá de los perjudiciales requisitos de la OMC, favorecerán a las farmacéuticas de los EEUU, a expensas de la salud pública y también de los conocimientos comunitarios de los pueblos indígenas. El establecimiento de normas que dejen abiertas sólo a mecanismos de mercado las compras gubernamentales, limitará la capacidad para que el gobierno central o los gobiernos seccionales puedan influir con medidas que favorezcan a los productores locales. La limitación para impulsar políticas productivas pro-activas, provocará mayores restricciones al desarrollo nacional. En suma, el país será menos país con el TLC, un Tratado con categoría supraconstitucional, con compromisos (casi) imposibles de revertir.

En estas circunstancias, frente a negociaciones reservadas, en las que realmente sólo intervienen algunas cúpulas gubernamentales y empresariales, urge una amplia discusión, con la participación de todos los sectores de la sociedad. Y como conclusión de este proceso, consolidando el ejercicio democrático, aparece como indispensable una consulta popular para que el pueblo en las urnas apruebe o no el TLC, antes de que se hipoteque alegremente y a sus espaldas la ya de por si restringida soberanía nacional.