No puede comprenderse la relación entre conocimiento,
neoliberalismo y TLC con Estados Unidos si no se entiende,
primero, cuál es la política industrial y agropecuaria de la
globalización neoliberal para países como Colombia y, segundo,
cómo se relacionan el desarrollo productivo y el conocimiento,
el cual tiene origen principal en las instituciones educativas.

Puede demostrarse que los globalizadores tienen como objetivo
concentrar en sus países la producción que exige conocimientos
de punta y altas tecnologías, en tanto les dejan a sus
satélites, cuando mucho, concluir esos procesos mediante
maquilas, las cuales son, por definición, de baja tecnología e
intensivas en mano de obra poco calificada, a partir de emplear
equipos que también se generan en todo o en parte sustancial en
las potencias. Ahora más que nunca, la división internacional
del trabajo deja las labores complejas y bien pagas allá,
mientras impone aquí los bajos salarios propios de los trabajos
de inferior calificación y el anquilosamiento científico y
tecnológico.

También es sabido que existe una relación directa de la ciencia
y el conocimiento que se deben crear y transmitir en una
sociedad, con el nivel del aparato productivo que esta se
proponga tener, lo que equivale a afirmar que carece de sentido
formar especialistas de alta calificación si no existe, ni se
desea crear, una producción compleja en la cual aplicarlos. Para
un país de alto nivel industrial y agropecuario, educación de
alto nivel; y para un país de pacotilla, educación de pacotilla,
dirán los neoliberales.

De ahí que mientras en las metrópolis la norma sea una educación
pública muy bien financiada por el Estado en todos los niveles,
por estas tierras avanza la privatización en sus múltiples
expresiones. Esta contradicción entre lo público y lo privado en
relación con la calidad de la educación no es un prurito
ideológico. Lo que ocurre es que solo el Estado, el mayor poder
económico de cualquier sociedad, es capaz de pagar de manera
adecuada los inmensos costos de los muchos investigadores,
profesores e instrumentos que se requieren para crear
conocimientos de todo tipo, así como para su transmisión a
millones de estudiantes. Los tiempos en que los países podían
progresar a partir de una ínfima minoría ilustrada y en que a
esta le bastaban sus sentidos y unos pocos aparatos de bajo
precio para comprender y transformar la naturaleza, hace mucho
terminaron. Y si esa importancia del Estado es cierta en Europa,
Japón y Estados Unidos, donde por su desarrollo existen minorías
relativamente amplias capaces de pagar los costosos colegios y
universidades privados de buen nivel que excepcionalmente
tienen, a los que también financian con otros aportes oficiales
y privados, qué decir de Colombia donde los pagos en la
educación privada son muy bajos para financiar instituciones de
excelencia, pero muy altos frente a los ingresos del común de
sus estudiantes.

Con el TLC buscan concluir la tarea. Por el mayor debilitamiento
de las instituciones públicas, cada vez más la educación será
menos un derecho para convertirse en una vulgar y mediocre
mercancía solo al alcance de los que puedan pagarla, lo que,
además de su carácter antisocial, también implica que disminuirá
la capacidad nacional para crear ciencia y conocimientos, porque
aumentarán los excluidos entre las mejores inteligencias de
Colombia. Se impulsará la toma y el desplazamiento de las
universidades privadas por parte de las transnacionales
vendedoras de servicios educativos. Esos negociantes foráneos
ayudarán a imponer la educación y la cultura de baja calidad que
requieren los intereses de sus países de origen. Y para formar a
los criollos que administrarán este desastre, bastarán las
universidades de Estados Unidos.

Coletilla: la propuesta de elevar el umbral del senado del dos
al cinco por ciento, es decir, de 250 mil a 600 mil votos para
poder elegir, apunta de manera precisa contra las fuerzas
minoritarias que actúan en la política nacional y atenta contra
el derecho democrático de los colombianos a escoger libremente.
Además, se asemeja a la antidemocracia del Frente Nacional, la
cual facilitó la descomposición del país, y no es cierto que
combata la politiquería y la corrupción. Por el contrario, las
estimula, porque las unificaciones impuestas, bajo pena de no
poder salir elegido, conducen a unidades oportunistas y
politiqueras, que son por definición corruptas.

Bogotá, 14 de agosto de 2004.