Pronunciamiento

El ambiente que rodeó la ronda de negociaciones recientemente
culminada en Atlanta, debe suscitar nuevas preocupaciones en la
opinión pública. La dura posición estadounidense, la debilidad
gubernamental y el aumento de las voces disidentes enmarcaron la
ronda.

El representante comercial Zoellick, unos días antes de la misma
señaló que la Comunidad Andina era un acuerdo de papel y que se
deberían eliminar el sistema andino de franjas de precios,
renunciar a los mecanismos de subasta de cosechas que
sustituyeron a comienzos del año los convenios de absorción y
eliminar todos los mecanismos de protección del agro como
seguros cambiarios y licencias previas. Esta posición fue
ratificada en declaraciones públicas por Regina Vargo, le jefe
del equipo negociador estadounidense. También excluyeron los
servicios marítimos y aéreos de las negociaciones, que sumado a
la exclusión de las ayudas internas al agro, la política de
protección a su industria y su exigencia de alargar el periodo
de vigencia de las patentes, muestran nuevamente que los
norteamericanos no están dispuestos a liberalizar su economía.

La radicalidad estadounidense era previsible, pero es nuevamente
notoria la debilidad de la posición del gobierno colombiano que
no solamente reafirmo que pone todo en la mesa de negociaciones,
sino que en diversas declaraciones ha aceptado que las franjas
de precios deben ser eliminadas y adopta medidas para
desproteger a los agricultores nacionales, como está sucediendo
con el arroz. En el caso del algodón gravita la afirmación
reciente de la eminencia gris del gobierno, Hommes, de que para
garantizar la competitividad de las exportaciones textileras hay
que sacrificar a los algodoneros.
Próximamente los países andinos presentarán por aparte sus
ofertas de plazos y productos que se desgravarán. Anuncian
también que el arancel que se tomará como base para iniciar el
regateo será el mismo del ALCA, asunto que en su momento
ocasionó tantas discusiones en las negociaciones del ALCA y
llevó al vergonzoso reversazo del gobierno bajo la presión
norteamericana.

El famoso "cuarto del lado" brilló por su ausencia. En el tema
laboral, el gobierno norteamericano se dió el lujo de posar como
defensor de los derechos laborales de los colombianos, cuando en
realidad está defendiendo a sus empresarios y el gobierno
colombiano se ve a gatas para reconocer que no es capaz de
garantizar el cumplimiento de su propia legislación laboral y
pregona una supuesta defensa de la autonomía normativa que ya ha
cedido vergonzosamente en otros campos como el petrolero. La
radicalidad norteamericana también es relativa pues se ha
filtrado que Estados Unidos se conformaría con dar alguna ayuda
para que se cumpla la legislación laboral, pero "siempre y
cuando puedan obtener concesiones en otros aspectos de interés
en el TLC". Las cooperativas de trabajo asociado están siendo
investigadas por funcionarios estadounidenses, mientras que el
ministerio de Trabajo de Colombia considera que es una
"excelente herramienta para que las personas se asocien y
trabajen", la presión norteamericana es para que las malas
condiciones y la pésima legislación laboral se aplique a todos
los trabajadores y no solo a los que trabajan en empresas
exportadoras.

La avivatada de abordar los temas difíciles primero, culminó en
que estos también son prioritarios para los Estados Unidos y el
resultado es que nuevamente y como sucederá en las próximas
rondas no hay definiciones y no hay nada que informar.
Han surgido nuevas voces alertando sobre los peligros del TLC,
los sectores culturales se sienten amenazados, las universidades
también y hasta el sector financiero siente pasos de animal
grande. A la inferioridad estructural de la economía colombiana,
la evidencia de los peligros del tratado, se suma nuevamente la
debilidad negociadora gubernamental para completar un escenario
francamente negativo.

Para impedir que el tratado se suscriba se debe unir la voz de
los críticos con las de los opositores al TLC e impedir que siga
la entrega de los intereses nacionales.

Bogotá, junio 25 de 2004

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