A diferencia de Costa Rica, para los EEU el TLC (Central
American Free Trade Agreement o Cafta) no es un tratado
internacional, según el artículo II de su Constitución. Si
lo fuera, su aprobación exigiría 2/3 de los votos del
Senado. Pero, por ser un simple acuerdo o congressional-
executive agreement con menor rango y alcance, solo
requeriría simple mayoría de ambas cámaras del Congreso.

Además, los acuerdos requieren ley previa de autorización,
otorgada al Presidente para negociar bajo estrictos
términos. Algo opuesto sucedió con Cafta en Costa Rica,
donde nuestro Congreso no jugó papel alguno, ni antes ni
durante las negociaciones. Más aún, por no ser un treaty
sino un agreement, solo se volverá parte del derecho
interno de EEUU mediante otra legislación especial, llamada
Implementation Act, que no tendrá poder mayor al de las
leyes federales o Statutes.

Quienes no entienden, ni quieren entender lo anterior,
insisten en que no hay diferencia entre tratados y acuerdos
dentro de la jurisdicción norteamericana. Nada más
equivocado. Pues, un tratado según la Constitución de EEUU,
entra a regir plena y automáticamente en todos sus términos
una vez aprobado por el Presidente y el Senado; sería
autoejecutable (self-executing), volviéndose ley suprema
sobre las leyes federales y estatales.

Sin embargo, un acuerdo débil como Cafta nunca estaría por
encima de las leyes federales -como sí lo estaría en el
derecho interno de Costa Rica-, sino que es una ley más por
debajo de la Constitución. Nada impediría, ni ahora ni más
adelante, que el Congreso norteamericano lo manosee,
imponiéndole otras leyes que lo limiten, condicionen y
hasta lo modifiquen, atenido al principio de supremacía de
una ley posterior respecto de una anterior, o last in time
rule.

Cafta coloca así a Costa Rica en gran asimetría jurídica,
ya que al firmar un tratado nos comprometemos a no legislar
en sentido contrario, ni a modificarlo sin aprobación de
EEUU y demás países centroamericanos. En contraste, EEUU no
ha firmado la Convención de Viena, por lo que se permite
ajustar, desconocer y burlar convenios a su gusto, según
evolucionen sus intereses concretos. Por tanto, es falso
que Cafta consolide y perpetúe lo concedido por la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe, o lo pactado ahora por
Comex con la administración Bush. Ambos instrumentos
ostentan igual rango. Responden a leyes federales de EEUU,
en especial las de implementación; y futuras normas podrán
coartar sus alcances e interponer trabas al libre comercio,
especialmente por razones de seguridad, como sucede con la
Ley de Bioterrorismo.

Para EEUU, Cafta solo muestra una intención de cumplir una
obligación internacional, selectiva y condicionadamente.
Como declaró el exs ecretario de Estado Henry Kissinger a
clientes o contrapartes de negocios internacionales: "El
hecho de que muchas medidas aprobadas (provisions) por los
Estados Unidos no sean compromisos rigurosos según
estándares internacionales, no significa que puedan actuar
moral y políticamente como si no existieran. Por el
contrario, son importantes declaraciones de política
diplomática e involucran la buena voluntad de acción de los
EEUU, siempre y cuando las circunstancias que les dieron
origen se mantengan." (Dep't St. Bull., Oct. 27, 1975, at
609, 612-13.)

¡Para Costa Rica, Cafta sería estar como burro amarrado
frente a tigre suelto!