Grupos presentan alternativa a las políticas de
liberalización del comercio de la OMC: Un plan que proteja
la soberanía alimentaria de los pueblos

Las negociaciones sobre agricultura en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) continúan sin mayores variantes
a la vista. Los países desarrollados y los países en
desarrollo parecen seguir empeñados en sacrificar el
derecho a la soberanía alimentaria y al trabajo digno de la
mayoría de sus pueblos a cambio de mayor acceso a los
mercados internacionales para sus principales exportadores.
A pesar de algunas escaramuzas entre las principales
potencias comerciales y distintos grupos de países en
desarrollo sobre metas y guarismos específicos, ninguno de
los miembros de la OMC parece dispuesto a aceptar el hecho
de que el problema fundamental es la propia estructura del
Acuerdo de Agricultura (AdA). A través de disciplinas
concebidas para los tres "pilares" de este acuerdo (acceso
al mercado, apoyos internos y subsidios a las
exportaciones), el AdA fomenta y afianza la producción
monopólica en manos de los más grandes productores y
mayores exportadores agrícolas del mundo.

Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) siguen con
su viejo sonsonete

Desde el fracaso de la Cumbre Ministerial de la OMC en
Cancún, los EE.UU. y la UE han estado intentando reavivar
las conversaciones de comercio empantanadas, invocando el
llamado Programa de Doha para el Desarrollo. Sin embargo no
han presentado ninguna propuesta nueva que aborde con
seriedad las preocupaciones planteadas por los países en
desarrollo en la cumbre de Cancún respecto del comercio
agrícola –por ejemplo sus objeciones a la fórmula de EE.UU.
y la UE para la reducción de aranceles, como tampoco a su
resistencia recurrente a eliminar los subsidios a la
exportación. Por otra parte, las mayores potencias
comerciales tampoco han intentado siquiera encarar los
problemas que plantearon los millares de campesinos que se
movilizaron para protestar en Cancún, demostrando así su
absoluta indiferencia por los motivos que llevaron al Sr.
Lee, un campesino coreano, a inmolarse.

EE.UU. y la UE están presionando muy fuertemente a los
países en desarrollo para que den su consentimiento al
acuerdo marco que aquellos proponen para destrabar las
negociaciones de la OMC, y que esperan sea adoptado en la
reunión del Consejo General que tendrá lugar en julio de
2004. Este acuerdo marco no implicaría compromisos firmes
de parte de EE.UU. y la UE para reducir sus niveles de
subsidio directo e indirecto a la exportación, y en cambio
sí exigiría importantes concesiones de los países en
desarrollo en el comercio de bienes no agrícolas y en al
menos uno de los cuatro temas conocidos como las
"cuestiones de Singapur" (1) , además de fuertes recortes en
sus aranceles agropecuarios. En una carta que enviaron
recientemente al G90(2) (9 de mayo de 2004), Pascal Lamy y
Franz Fischler (Comisionados de Comercio y de Agricultura
de la UE respectivamente) declararon estar dispuestos a
eliminar los subsidios a las exportaciones si los demás se
someten a sus condiciones de negociación. Al dirigir la
propuesta al G90, apuntan a socavar la solidaridad que le
podría permitir a los países en desarrollo rechazar
efectivamente los nuevos intentos de forzar la apertura de
sus mercados. Este acuerdo marco sería particularmente
negativo para los intereses de los pueblos de los países en
desarrollo, haciéndoles perder el poco terreno ganado con
el fracaso de la Cumbre Ministerial de Cancún.

Mini-cumbre ministerial de París formaliza la distorsión
del comercio agrícola

El 14 de mayo un grupo selecto de países se reunió en una
mini cumbre ministerial al margen de un encuentro de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) realizado en París. Los países que se reunieron
entonces fueron Argentina, Australia, Bangladesh, Botswana,
Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, la UE, Egipto,
Guyana, Hong Kong, Islandia, India, Indonesia, Japón,
Kenia, Malasia, Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega,
Pakistán, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza y los
Estados Unidos.

A juzgar por los resultados de esta mini cumbre
ministerial, resulta ahora más evidente que nunca que el
acuerdo marco que pueda generarse en julio para las
negociaciones no corregirá las actuales distorsiones del
comercio respaldadas por las reglas injustas del AdA, por
el contrario las acentuará.

En París, según se informa, Estados Unidos habría
conseguido el compromiso de otros miembros de la OMC para
una recategorización de las medidas internas de apoyo
directo a los productores agropecuarios, de manera tal que
queden exentas de cualquier obligación relativa a la
limitación de la producción, así como de otras disciplinas
que de lo contrario serían aplicables a estas subvenciones.
Se trata de apoyos que beneficiarán principalmente a los
grandes productores agropecuarios y perpetuarán el dumping
–y un modelo de agricultura no sostenible con uso intensivo
de insumos y orientada a la exportación—en la medida que no
se habiliten planes de gestión de la oferta de productos
agropecuarios. Por su parte, la UE también logró conseguir
el respaldo de los países para mantener altos niveles de
apoyo interno que irán a parar principalmente a manos de
los más grandes productores comerciales y los mayores
exportadores europeos, y como en el caso de Estados Unidos,
sin verse obligados a adoptar prácticas agrícolas
sustentables y ecológicas ni a limitar su producción para
evitar el dumping.

Estados Unidos y la Unión Europea buscan abrir
drásticamente los mercados del mundo en desarrollo,
especialmente en los países más grandes como China, India,
Brasil, Argentina y Sudáfrica, y para ello exigen la
eliminación de aranceles y otras medidas. Simultáneamente,
sin embargo, apuntalan a sus propios exportadores con
subsidios públicos masivos y se niegan a aceptar ningún
plan de gestión de la oferta que permita asegurar términos
de intercambio equitativos para los países en desarrollo.

El G20(3) rechazó en la mini cumbre ministerial de París la
propuesta de EE.UU. y la UE sobre reducción de los
aranceles. No obstante, la propuesta sobre acceso al
mercado que desarrolló el propio G20 seguramente exigirá
también rebajas drásticas de los aranceles en los países en
desarrollo. Si bien el G20 surgió inicialmente como una
poderosa fuerza política que enfrentó a los EE.UU. y la UE
y denunció las relaciones de poder inequitativas en la OMC,
en lo que hace a política comercial, sin embargo, también
apoya posiciones con respecto a la agricultura que
favorecen sobre todo a las grandes empresas
agroindustriales y fomentan la producción para la
exportación, a costa de sacrificar la agricultura
sustentable de base campesina y la soberanía alimentaria.
Si insiste en esa agenda estrecha de liberalización
agrícola, el G20 perderá una oportunidad histórica de
articular políticas de comercio alternativas para los
países en desarrollo.

Que prime la soberanía alimentaria ante el comercio

Si en julio se llega a aprobar un acuerdo marco para las
negociaciones en condiciones como las actuales, el mismo
apuntalará distorsiones aún mayores y promoverá el dumping
en el comercio agrícola, y representará una victoria de los
intereses comerciales corporativos sobre aquellos de los
pueblos del mundo, especialmente de los pueblos de los
países en desarrollo. Lo que urge hoy no es regatear por
cuotas del mercado a cambio de modificaciones en el régimen
de subvenciones internas y subsidios –necesitamos cambios
fundamentales en la orientación misma del debate sobre
agricultura y comercio. Instamos a los gobiernos a llevar
adelante este debate fuera de la OMC y a aprovechar otros
foros multilaterales como la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) para iniciar este cambio de orientación
fundamental.

El debate sobre agricultura debe centrarse en la soberanía
alimentaria de los pueblos y no en el comercio. La
agricultura es la principal fuente de empleo de la mayoría
de los pueblos del mundo, especialmente en los países en
desarrollo. No puede quedar cautiva de los intereses de
lucro de una minoría. Es fundamental la intervención de los
gobiernos para garantizar seguridad alimentaria, empleo
digno, salud y respeto por el medio ambiente. La
intervención de los gobiernos debe asegurar:

– El acceso de los campesinos, pequeños agricultores y
pescadores a los medios de producción tales como la
tierra, las semillas, el agua, el crédito y la tecnología.

– El control de las importaciones para estabilizar los
precios internos en niveles que cubran los costos de
producción.

– El control de la producción (o sea, la gestión de la
oferta) a fin de evitar la sobreproducción y el dumping.
Es necesario instituir estrategias de gestión de la oferta
en los principales países exportadores tanto del Sur como
del Norte, para ponerle freno a la sobreproducción.

– Acuerdos internacionales sobre productos básicos y
medidas nacionales complementarias para controlar la
oferta y garantizarle precios justos a los productores
campesinos de cultivos de exportación como el café, el
algodón, etc. Las medidas para mejorar los precios deben
favorecer en primer lugar a los pequeños productores y no
a los comerciantes e intermediarios, y apoyar la
diversificación agrícola en lugar que la consolidación de
los monocultivos en manos de grandes empresas.

– Asistencia pública para fortalecer y mejorar los sistemas
de producción y comercialización de los campesinos y
pequeños agricultores, y para apoyar la transición a
prácticas agrícolas sustentables y ecológicas que permitan
construir economías locales y nacionales fuertes, capaces
de resistir los embates de la globalización comercial y
financiera. La subvención pública no debe utilizarse para
generar dumping, ni para perpetuar la agricultura no
sustentable, con gran uso de insumos externos y orientada
a la exportación. Por otra parte, los programas de apoyo
público a los pequeños productores también deben
combinarse con programas de gestión de la oferta en caso
de que la producción exceda la demanda nacional, para
evitar el dumping. No se debe permitir que los países
exportadores encubran subsidios a la exportación detrás de
programas de apoyo interno que finalmente terminan
beneficiando a los grandes productores y exportadores, y
estimulan la sobreproducción para la exportación.

– La organización y fortalecimiento del mercado interno, de
manera tal que les garantice a los productores campesinos
locales –hombres y mujeres— pleno acceso a esos mercados.

Las negociaciones actuales en la OMC están conduciendo al
mundo por una senda de falsos dilemas. Si bien está claro
que los países en desarrollo negocian desde una posición
desigual y desventajosa en comparación con los países ricos
y desarrollados, las propuestas actuales de los países en
desarrollo para reparar estos desequilibrios de poder, no
brindan protección a los pequeños agricultores, pescadores,
trabajadores ni a las comunidades económicamente
vulnerables de sus propios países.

– Hay que detener el avance de las negociaciones actuales
de la OMC y las conversaciones sobre los nuevos temas; las
negociaciones que persiguen una mayor liberalización del
comercio de productos agrícolas en el marco del AdA deben
cesar;

– Debe cesar la presión, especialmente sobre los países en
desarrollo para bajar los aranceles; los países en
desarrollo deben estar habilitados a aumentar sus
aranceles por lo menos hasta un nivel equivalente al nivel
con que los países desarrollados subsidian su producción,
y a reinstaurar restricciones cuantitativas para proteger
a sus pequeños productores que abastecen el mercado
interno.

– Los compromisos de acceso mínimo al mercado (es decir, la
obligación de los países a aceptar importaciones hasta un
mínimo equivalente al 5% de su consumo interno) y todas
las demás cláusulas que obligan a dar acceso a los
mercados deben ser eliminadas.

– Las "Cuestiones de Singapur" deben ser removidas del
ámbito de la OMC.

– Las discusiones actuales sobre eventuales acuerdos
plurilaterales en materia de inversiones y política de
competencia (dos de las "cuestiones de Singapur") deben
cesar. Esos acuerdos favorecen a los grandes
inversionistas agropecuarios extranjeros y marginarán aún
más a los pequeños productores nacionales.

– El sistema de apoyos internos establecido en el AdA debe
ser reestructurado con urgencia. Si bien cada país debe
tener derecho a utilizar apoyos internos para defender su
soberanía alimentaria, la UE y EE.UU. aprovechan "el
sistema de compartimentos" del AdA para subsidiar a las
agroindustrias –en lugar que a sus productores campesinos
y familiares—y respaldar un modelo agrícola de altos
insumos que es perjudicial para el medio ambiente, y para
perpetuar el dumping y la primacía de los intereses
agroexportadores, en lugar que para defender la soberanía
alimentaria.

– Se debe eliminar toda forma de subsidio directo o
indirecto a la exportación. La UE y los EE.UU. deben
comprometerse a una fecha específica en la que pondrán fin
a todos los subsidios a la exportación sin condiciones. La
UE debe especialmente dejar de subsidiar las exportaciones
de azúcar, lácteos y carne. Los EE.UU. deben cesar su
apoyo agresivo a la exportación de cereales y maíz.
Reformas futuras de la Ley Agrícola de los EE.UU. y de la
Política Agrícola Común (PAC) de la UE deben modificar el
rumbo de la agricultura tanto en Europa como en Estados
Unidos, apartándola del modelo exportador, y evitar la
sobreproducción.

– Estados Unidos y la Unión Europea deben abandonar las
tácticas de presión y acoso con que pretenden asegurarle
el control de la agricultura y la producción mundial a sus
empresas multinacionales.

Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas para anular la
jurisdicción de la OMC sobre la agricultura y la
alimentación. La alimentación y la agricultura no deben ser
moneda de cambio ni rehenes de la toma y daca en la OMC.
Las reglas multilaterales para el fomento de la soberanía
alimentaria deben fijarse en un entorno multilateral
alternativo más adecuado que garantice:

– La prohibición de cualquier forma de subvención pública
que sea utilizada para exportar a precios por debajo de
los costos de producción, incluyendo los subsidios a la
exportación, los pagos directos del compartimiento verde
ligados a precios internos bajos para los productos
agrícolas, u otros instrumentos similares.

– El derecho a proteger la producción nacional de alimentos
contra las importaciones a bajo precio, mediante la
aplicación de aranceles y cupos de importación. La
protección y el desarrollo de la producción de alimentos
para cubrir las necesidades nacionales es un derecho
básico. No hay un "derecho a exportar". Los alimentos
solamente deberían exportarse si existe una demanda
justificada y no debe en ningún caso destruir la
producción nacional de alimentos.

– Una herramienta jurídica internacional que ponga fin al
dumping. Debe restablecerse mecanismos de control de
precios y gestión de la oferta a nivel internacional (como
ocurría anteriormente en los acuerdos de la UNCTAD sobre
productos básicos). Eso permitiría a los países mantener
niveles de precios internos que cubran los costos de
producción y le garantizaría a los pequeños productores y
a los campesinos obtener un precio justo por su trabajo.
Paralelamente con una verdadera reforma agraria, esto
resulta de particular importancia para que los países en
desarrollo puedan mitigar la pobreza y garantizar formas
de sustento seguras para la población sin tierra.

Se puede acceder a declaraciones afines en los siguientes
sitios:

* Soberanía Alimentaria de los Pueblos

Inglés:
http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new%20stat
ement/statement_01.htm

Español:
http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/state_wto_
agri_sp/statement_01.htm

* Soberanía Alimentaria de los Pueblos como alternativa a las
posiciones de la UE y EE.UU. y el G20:

Inglés:
http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new/12-
a.htm

Español:
http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new/13-
a.htm

* Negociaciones Agrícolas en la Organización Mundial del
Comercio

Versión en Inglés:
http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new/16.htm

Apoyada por:

Asia Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS)

Center for the Study of the Americas (CENSA), EE.UU.

Focus on the Global South, India, Tailandia y Filipinas

REDES-Amigos de la Tierra, Uruguay

IBON, Filipinas

Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP, EE.UU.

Institute for Global Justice, Indonesia

Integrated Rural Development Foundation (IRDF), Filipinas
La Via Campesina

Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PANAP),
Malasia

PKMP, Filipinas

Public Citizen, EE.UU.

The Institute for Food and Development Policy (Food First),
EE.UU.

Grupo ETC, internacional

Notas:

(1) Conocidas también como Temas nuevos, las Cuestiones de Singapur incluyen facilitación del comercio,
política de competencia, inversiones y transparencia en la contratación pública.

(2) El G90 incluye 90 países reclutados de los grupos Africano, de Países Menos Adelantados (PMA) y de los
países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP); el G90 no existe como categoría reconocida en la OMC.

(3) El G20 es un grupo de países en desarrollo comandado por Brasil, China, India y Sudáfrica, que se
reunieron a comienzos de 2003 para enfrentar las posiciones de EE.UU. y la UE en las negociaciones,
particularmente en el área de la agricultura.