Bajo los auspicios de la CIOSL/ORIT y la Coordinadora
Sindical de América Central y el Caribe, se reunieron en
San José de Costa Rica, los días 24 y 25 de mayo,
parlamentarios y dirigentes sindicales de Panamá, Rca.
Dominicana, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y
Guatemala para tratar el tema de los Tratados de Libre
Comercio que sus respectivos gobiernos están negociando con
Estados Unidos.

El TLC entre varios países de América Central y Estados
Unidos será firmado el 28 de mayo, en Washington. Sin
embargo, todavía falta que los parlamentos de esos países
aprueben ese tratado. De ahí la reunión sindical y
parlamentaria expresó claramente su oposición al TLC pues
no refleja los intereses que tienen los países
centroamericanos por un desarrollo sostenible y soberano.

Los sectores parlamentarios y sindicales reunidos acordaron
un trabajo conjunto para lograr en sus respectivos países y
en la región centroamericana que el TLC no sea ratificado
por los parlamentos.

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la ORIT, dijo
que la reacción de sectores políticos y de la sociedad
civil en general contra los TLCs refleja la retirada del
neoliberalismo en sus aspectos culturales, pero el modelo
ha implantado instituciones que todavía siguen vigentes y
que la lucha va a llevar aun todavía mucho tiempo.

TEXTO DEL DOCUMENTO FINAL

DECLARACIÓN SINDICAL Y PARLAMENTARIA DE SAN JOSÉ.

El día 28 de mayo del 2004 esta previsto firmar en
Washington, el Tratado de Libre Comercio (CAFTA) por parte
de los Ministros de Comercio Exterior de los distintos
países de Centroamérica y su homólogo de los Estados
Unidos, esta firma ocurriría después de un proceso de
negociaciones caracterizado por el secretismo y la
exclusión; frente a dicho acontecimiento, los dirigentes
sindicales y parlamentarios de América Central, Panamá y
Rep. Dominicana, reunidos en San José de Costa Rica los
días 24 y 25 de mayo, en la Conferencia Sindical y
Parlamentaria, organizada por la CIOSL/ORIT, declaramos lo
siguiente:

La firma del Tratado llegará en un momento caracterizado
por el desempleo masivo, la informalidad creciente del
empleo, la pérdida de derechos laborales y sociales, el
cierre de empresas, la privatización y apertura de los
servicios públicos, persecución sindical y profunda crisis
y desmantelamiento de la estructura productiva de la
región. Por ello y por otras razones, a continuación
expresadas, esta firma, nos merece las siguientes
observaciones críticas:

El proceso de negociación ha sido planificadamente
excluyente y antidemocrático, las mayorías de nuestros
países no han tenido ninguna participación. Las
negociaciones han sido llevadas en secreto y sin
proporcionarle información ni a la sociedad, ni a otros
poderes del Estado, como el legislativo; como es obvio
tampoco se ha dado un debate público sobre las ventajas e
inconvenientes de un Tratado de esta naturaleza. Los únicos
participantes en las negociaciones y acuerdos, ha sido un
grupo muy reducido de funcionarios y tecnócratas del poder
ejecutivo; inclusive los ministerios del área social
(educación, salud, trabajo) y los de agricultura y del
medio ambiente han quedado excluidos del proceso en la
mayoría de los casos.

El Tratado amenaza con un proceso de transformación que
desmantela los Estados y elimina los pocos derechos
alcanzados por las mayorías en nuestros países y cercena
las posibilidades de una construcción democrática, que vaya
más allá de elecciones periódicas y se asiente en el
desarrollo y la justicia social. El llamado Tratado de
Libre Comercio, no es tal; es mucho más que eso, pues
incluye temas tan importantes y diversos, como Inversión
Extranjera (incluidos los servicios), Propiedad Intelectual
(patentes y derechos de autor). Se trata entonces de un
acuerdo económico que va mucho más allá del comercio de
mercancías y servicios y se puede afirmar que en este lo
más importante es lo relativo a inversión.

Tampoco se debe olvidar que los países y economías
participantes presentan abismales diferencias en recursos y
niveles de desarrollo, lo cual genera asimetrías que
favorecen al más desarrollado y pueden profundizar el
subdesarrollo de los otros. En este plano, es importante
señalar los subsidios que reciben los productores agrícolas
en Estados Unidos, de parte de su gobierno, mismos que
representan una competencia desleal para los productores
centroamericanos.

La firma de un Tratado tiene un rango jurídico muy alto, de
modo que tiende a establecer de manera indefinida, una
estructura de relaciones y compromisos económicos estatales
internacionales, que puede resultar contraproducentes para
la puesta en práctica de un Proyecto de Desarrollo propio,
con lo cual se estaría hipotecando la soberanía nacional.

El Tratado que se pretende firmar ahora (después seguirían
Rep. Dominicana y Panamá), tampoco es tal o en realidad,
sólo es Tratado para los países centroamericanos, puesto
que Estados Unidos lo firmará en calidad de Acuerdo, que en
dicho país es una figura jurídica inferior a la de Tratado,
con lo cual se genera una asimetría jurídica innegable y de
importantes consecuencias prácticas, presentes y futuras.

El Tratado no protege adecuadamente la producción agrícola,
los derechos laborales y sociales y el medio ambiente de
nuestros países. En materia laboral no se asume un
compromiso preciso y sólo se remite a señalar que se
procurará respetar las legislaciones nacionales existentes.

Considerando lo señalado, planteamos y proponemos lo
siguiente:

El estudio del Tratado por los poderes legislativos de los
países centroamericanos, de Rep. Dominicana y Panamá, no
debe ocurrir, sin que antes se dé un amplio proceso de
información, consulta y debate en y con las organizaciones
de la sociedad civil de las naciones involucradas. Un punto
central de dicho debate, es el papel que jugarán estos
acuerdos comerciales y económicos en el desarrollo de
nuestros países, de modo que se pueda generar riqueza,
empleo y superar la pobreza y la exclusión de las mayorías.
La firma sólo puede tener legitimidad si ocurre a través de
un proceso democrático participativo, que concluya en el
ejercicio de la democracia representativa parlamentaria.

Es necesario que se separe de lo propuesto como Tratado de
Libre Comercio, todo aquello que no es directamente
comercio. Deben proponerse y discutirse abierta e
informadamente con los diferentes sectores de la sociedad,
instrumentos separados para Inversión Extranjera y
Propiedad Intelectual y no quedar incluidos en el TLC.

Se debe excluir del Acuerdo el comercio de los llamados
servicios sociales como educación, salud, seguridad social
y también la agricultura, los cuales son áreas prioritarias
de desarrollo nacional, de integración social, de
democracia y equidad y, por lo tanto, no pueden ser
manejados como cualquier mercancía.

Es constitutivo de relaciones internacionales justas y
equitativas, que las partes asuman el mismo nivel de
compromiso jurídico. Por lo tanto, para eliminar la
desigualdad e inequidad manifiesta que contiene la
propuesta actual, proponemos que todos los involucrados
firmen un instrumento jurídico del mismo nivel de
compromiso. Con ello protegeríamos nuestra dignidad y
soberanía. Es necesario dejar abierto el futuro para poder
escoger libremente, el camino de desarrollo que nos parezca
adecuado y adecuado. Un Tratado en nuestros países adquiere
el nivel de ley fundamental de nuestras repúblicas, en
tanto que un Acuerdo en Estados Unidos, es un instrumento
secundario frente a la constitución y leyes y puede ser
modificado posteriormente con daño para los intereses de
nuestros pueblos. Dada la asimetría de desarrollo de los
que firman, así como diferencias marcadas de política
económica (como los subsidios agrícolas), es necesario que
el Acuerdo que se debería suscribir contenga los mecanismos
que protejan a las economías más débiles, y que el país más
desarrollado del Acuerdo aporte los recursos que permitan
sustentar políticas específicas, para moderar primero y
superar después las desigualdades económicas.

Es de la mayor importancia que el instrumento que se firme
contenga la protección explícita de la agricultura de
nuestros países, y cuente con los instrumentos jurídicos,
definición de instancias y sanciones, que protejan los
derechos en las áreas laborales y medio ambientales y
además, resguarde nuestra biodiversidad de la piratería e
impida su apropiación y obtención de patentes, por las
grandes transnacionales.

Si los problemas señalados no son superados, llamamos a los
parlamentos a que no ratifiquen el TLC y, nos
comprometemos a trabajar en forma conjunta para alcanzar
relaciones económicas y comerciales que beneficien a
nuestros pueblos.

Dado en San José de Costa Rica a 25 de mayo del 2004

La ORIT es la rama continental para las Américas de la
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