El proyecto de "ley espejo" que fue presentado en días pasados al
Congreso revela la preocupación por la actitud del gobierno en las
negociaciones y pretende poner una limitaciones al Ejecutivo para
que se preserve el interés nacional. Aunque insuficiente y
polémica, la descalificación que ha hecho el ministro Botero de la
misma, reflejan la actitud antidemocrática del Ejecutivo

El 13 de abril de este año, los senadores Rodrigo Rivera, Juan
Carlos Restrepo y varios representantes a la Cámara, presentaron
un proyecto de ley por el cual "se dictan lineamientos en política
exterior". En su proyecto los parlamentarios expresan su
preocupación por que en los tratados internacionales "que suscriba
el país se debe asegurar la soberanía, autonomía,
autodeterminación, independencia nacional y mantener la integridad
territorial de Colombia" y enfatizan que las relaciones
comerciales se den dentro de la "equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional", añadiendo que los tratados "no pueden
vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución y en tratados internacionales". El proyecto
establece una serie de requisitos que debe cumplir el gobierno
antes de iniciar las negociaciones o de suscribir tratados, como
la información al Congreso sobre las soluciones que se dará a los
sectores afectados y establece unos mecanismos para que los
sectores vulnerados puedan acudir a los tribunales colombianos a
solicitar reparación de los daños. La ley fue considerada por sus
proponentes una "Ley espejo", pues a semejanza de lo que sucede en
estados Unidos se establece un marco que limita y condiciona al
Ejecutivo y le señala las pautas a las que debe sujetarse en las
negociaciones, de tal forma que al final del proceso el eventual
tratado se compare con la autorización dada por el legislativo. El
proyecto establece que se debe preservar la seguridad alimentaria
entendida como la capacidad de la nación de producir los alimentos
que consume, propone que el Estado reserve para sí importantes
sectores productivos y aunque acepta la suscripción de acuerdos de
libre comercio, exige reciprocidad y transparencia en los mismos.

El proyecto revela la preocupación que hay entre importantes
sectores del Congreso acerca del rumbo del Ejecutivo y trata de
ponerle cortapisas y limitaciones de tal forma que se preserven
los intereses nacionales en estos procesos y exista una
legislación que permita establecer si los tratados benefician al
país o no.

El proyecto es breve y no incluye definiciones sobre muchos
aspectos que son vitales como los de inversiones, compras
estatales, políticas de competencia y otros. Por otra parte las
que establece sobre el sector agropecuario y la propiedad
intelectual, muestran enormes vacíos. Sin embargo, y a pesar de
estas limitaciones fue considerado "inconstitucional" por el
Ministro de Industria y Comercio Jorge Humberto Botero, quien
atribuyéndose poderes en materia de constitucionalidad, que nadie
la ha otorgado, dijo que el papel del Congreso era simplemente
aprobar o rechazar los tratados que el Ejecutivo suscriba.

Es evidente que el gobierno no acepta ninguna clase de controles,
ni aun los tímidamente esbozados en el proyecto y que está
decidido a suscribir un acuerdo de libre comercio con Estados
Unidos a como de lugar y sin aceptar ingerencia activa del
Congreso.

Este proyecto debe discutirse, debe completarse su contenido, debe
exigirse que el Ejecutivo se sujete a la defensa del interés
nacional y debe mejorarse su contenido. Los esfuerzos legislativos
por defender importantes sectores productivos y la capacidad del
Estado para actuar en el desarrollo económico deben ser apoyados.