ALCA: propuesta para el capítulo Inversiones sobrepasa hasta
los límites previstos por el Congreso Norteamericano

A pesar de que el nuevo diseño del Área de Libre Comercio de
las Américas (alca) haya recibido el sobrenombre de light o
mínima, la estrategia de presión asumida por los Estados
Unidos en las negociaciones hace que permanezcan sobre la
mesa todas las propuestas de los temas considerados sensibles
por los países del Mercosur, Venezuela y Bolivia. Entre
ellas, la propuesta para el capítulo de inversiones –
presentada antes de la reunión ministerial de Miami – llama
la atención por ser todavía más "comprehensiva" que el propio
mandato negociador que le fuera otorgado a los negociadores
norteamericanos por en su país.

El Congreso de los Estados Unidos definió como limite para
las negociaciones la legislación de protección a los
inversionistas vigente en ése país. Ejemplos sacados de la
jurisprudencia norteamericana, presentados David Waskow de la
Alianza Social Continental en documento que analiza la
propuesta de inversiones, muestran que los EEUU mantienen una
serie de dispositivos legales que protegen la capacidad del
Estado para regular la acción de los inversionistas en casos
de medidas o leyes de defensa del bien público (Por ejemplo,
en áreas como derechos laborales y ambientales). Sin embargo,
todos ellos serían ignorados en el ALCA. Oficialmente, el
texto no está firmado por Washington, pero la inclusión de
artículos semejantes en los acuerdos bilaterales recién
firmados por los EEUU hacen pensar que la propuesta cuenta
con su apoyo.

La propuesta, que puede volver a constar en el piso mínimo
del ALCA en caso de que el grupo de países mencionado acepte
una mayor apertura del mercado norteamericano, abre un margen
para que los inversionistas extranjeros procesen a los
gobiernos por cualquier acción del Estado que interfiera o,
simplemente, pueda interferir en los beneficios de las
empresas. Ni los Estados Unidos se escapan a esta amenaza. En
uno de los casos más recientes de procesos inversionista –
Estado, la compañía minera canadiense Glamis quiere cobrar
$50 millones por supuestos perjuicios causados por una ley
del gobierno de California. La ley aumentó las exigencias
para la acción de empresas mineras en áreas próximas a las
reservas ambientales e indígenas. La compañía mantiene una
cantera al lado de una reserva, en tierras consideradas
sagradas por la etnia Quechán.

* Documento de la ASC sobre la propuesta para el capítulo Inversiones.

Más informaciones: Cristina Charão (cristinach@ig.com.br)