Seguidamente
entregamos nuestra posición frente a las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Comenzamos ubicando
este tratado en el contexto de los objetivos de los Estados Unidos y
de la mal llamada “Posición Nacional” del
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), para después informar
sobre las nefastas consecuencias que para los costarricenses tendría
la apertura de un área estratégica para el país
como son las telecomunicaciones, y finalmente entregar algunas
consideraciones.

EL OBJETIVO DE ESTADOS UNIDOS CON EL TLC:

LA ANEXION ECONOMICA
DE CENTROAMERICA

La primera pregunta que hay que hacerse en relación con las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
y Centroamérica, es: ¿Qué quieren los Estados
Unidos con el TLC? Las respuestas las encontramos en las
declaraciones de las autoridades norteamericanas.

El 16 de enero del año 2002 el presidente de Estados Unidos
anunció la intención de explorar un acuerdo de libre
comercio con Centroamérica. Ese día George W. Bush
esbozó tres objetivos centrales: 1. Favorecer las
exportaciones de Estados Unidos; 2. Promover una reforma económica
en la región caracterizada por la “privatización,
la competitividad y los mercados abiertos”; y, 3. Adelantar el
ALCA.1

Meses después, el 22 de agosto del año 2002, el
representante de Comercio de Estados Unidos, mejor conocido ahora en
Centroamérica como el Procónsul Robert Zoellick,
dirigió una carta a los líderes del Congreso de Estados
Unidos donde ahondó un poco más sobre los propósitos
de Estados Unidos con la firma del TLC2.
Dijo que:

-“La administración está comprometida a reactivar
los acuerdos comerciales que abren mercados, en beneficio de
nuestros agricultores, trabajadores, empresarios y familias”.

-“Un acuerdo de libre comercio favorecerá el
crecimiento económico y creará puestos de trabajo mejor
pagados en Estados Unidos, al reducir y eliminar las barreras al
comercio y la inversión entre Estados Unidos y América
Central”.

-“La negociación de un acuerdo de libre comercio nos
permitirá asimismo abordar impedimentos al acceso a los
mercados centroamericanos, como las elevadas tarifas arancelarias
sobre productos agrícolas, el uso injustificado de medidas
sanitarias y fitosanitarias, las prácticas restrictivas de
concesión de licencias, la protección insuficiente de
los derechos de propiedad intelectual, y las limitaciones al acceso
de los proveedores de servicios”.

Luego describió a los congresistas los objetivos del TLC,
entre ellos: mejorar el acceso a los mercados de los productos
agrícolas e industriales de Estados Unidos… mejorar el
acceso al mercado de la exportación de servicios de Estados
Unidos… establecer una firme disciplina respecto al trato de
las inversiones de Estados Unidos… mejorar la protección
de los derechos de propiedad intelectual… mantener nuestra
capacidad plena de imponer el estricto cumplimiento de los recursos
legales comerciales de Estados Unidos.

Y finaliza su carta el Procónsul Zoellick diciendo: “En
el curso de los ocho últimos años… Estados
Unidos ha quedado rezagado… Es importante que tomemos la
iniciativa y sigamos adelante con la apertura de mercados en
beneficio de los intereses estadounidenses”.

¡Más claro no canta un gallo! Este Tratado de Libre
Comercio que nos están imponiendo de manera acelerada, no
responde a los intereses de los Centroamericanos en general y los
Costarricenses en particular. Lo que permite este TLC es profundizar
la histórica relación de dependencia con los Estados
Unidos y el subdesarrollo de los pueblos de esta que Neruda llamara
“la costa central de mi tierra / la dulce cintura de
América”.

Si se aceptara el cumplimiento de todos esos mandatos de los Estados
Unidos, lo que se estaría firmando es un tratado de anexión
económica. Aquí no hay ninguna intención de
colaboración mutua o cooperación. La intención
real es la apertura de mercados para beneficiar a las transnacionales
norteamericanas. Zoellick lo reconoce cínicamente: la apertura
de mercados es en “beneficio de los intereses
estadounidenses”. Más descarado aún es el
Secretario de Estado, Colin Powell, cuando dijo que: “Nuestro
objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas norteamericanas el
control de un territorio que va del polo ártico hasta la
Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo o
dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y
capital en todo el hemisferio”.3
Recordemos que para Bush el TLC es un paso hacia el ALCA.

LA MAL LLAMADA “POSICION NACIONAL”

Al lado de estas posiciones anexionistas norteamericanas, aparece el
denominado “Documento de Posición Nacional”
(que en realidad es la posición del equipo negociador del
Ministerio de Comercio Exterior —COMEX— porque no fue
elaborado en consulta con la Asamblea Legislativa o en conjunto con
la sociedad costarricense), donde lamentablemente quieren hacernos
creer que el TLC es un “instrumento de desarrollo nacional”,
cuando en realidad pareciera un anunciado desastre nacional.4

Desastre para los agricultores, condenados a una lenta extinción
por la vía de la competencia con productores norteamericanos
altamente subsidiados; desastre para la seguridad social, amenazada
por un aumento desproporcionado de las obligaciones adquiridas por
Costa Rica en materia de propiedad intelectual en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que conduce entre
otros aspectos a un aumento de los precios de los medicamentos;
desastre para la gente que requiere servicios básicos, porque
dejarían de ser públicos y democráticos para
entrar en el camino de la mercantilización; desastre para la
pequeña y mediana industria que no podrá competir con
los productos que vengan de los Estados Unidos y estarán
condenadas a la quiebra; desastre para la población asalariada
que se enfrentará en algunos casos al desempleo y en otros a
mecanismos de flexibilización laboral como la baja de los
salarios y no pago de las horas extras. Desastre para las finanzas
públicas porque la gran cantidad de privilegios y exenciones
que se conceden a las grandes empresas extranjeras exportadoras,
debilita los presupuestos públicos, y con ello se impide el
financiamiento adecuado de servicios básicos, como la
educación y la salud que continuarán debilitándose.

La mal llamada “Posición Nacional” en
realidad es la otra cara de la moneda de la concepción de la
globalización neoliberal, que impulsan las autoridades de
gobierno de Estados Unidos. Nos dicen que es para garantizar un mayor
acceso “de la oferta exportable nacional al mercado de los
Estados Unidos”, pero no nos dicen que en realidad la
mayoría de las empresas exportadoras son transnacionales
norteamericanas como Intel, Abbot, Del Monte, Baxter, Sare Lee,
Standard, y otras, cuyas ganancias no se quedan en suelo nacional. Es
de considerar también que “El 58% de los productos
importados por Estados Unidos desde Centroamérica en 2002
consistieron en textiles”5,
una industria maquiladora con escapa capacidad para generar
crecimiento económico y desarrollo. Nos están recetando
más de lo mismo, se trata de profundizar un modelo económico
que no ha permitido al país superar la pobreza (20% de la
población), y que ha profundizado la desigualdad en el
ingreso, haciendo a los ricos cada vez más ricos y a los
pobres cada vez más pobres.

En este contexto, con una posición norteamericana
anexionista y una posición nacional complaciente, es que
se dan las rondas de negociación. Si leemos los informes
presentados por COMEX confirmamos otras de las características
de este proceso: el secretismo. El presidente Abel Pacheco aseguraba
que la negociación sería transparente, pero no había
terminado de decirlo cuando la embajadora Regina Vargo impuso la
“cláusula de confidencialidad”, que ha impedido a
los costarricenses conocer los alcances de las conversaciones.

Nos dicen, por ejemplo en la materia de “servicios e inversión”
que en la segunda ronda Estados Unidos presentó su propuesta,
que en la tercera Centroamérica dio a conocer su
contrapropuesta, que en la cuarta los Estados Unidos reaccionaron y
en las siguientes, que se ha llegado a acuerdos sobre temas como
trato nacional, y que en otros continuará la discusión.
Pero prácticamente no dicen casi nada sobre el contenido de
las propuestas o sobre los acuerdos alcanzados. Como se ha dicho la
negociación se realiza en auténticos cuartos oscuros.
Los esfuerzos por hacer más transparente el proceso como la
formación de la Comisión de Alto Nivel, tras las
huelgas del ICE y el Magisterio, no dieron ningún resultado
positivo, por el escaso interés gubernamental de dar a conocer
los textos que se negocian.

Hasta
la sétima ronda de negociación el presidente Abel
Pacheco se mantuvo fiel a su compromiso de campaña electoral
de no promover la apertura del ICE. Después de la visita a
Costa Rica, a inicios de octubre, de Mr. Zoellick la situación
cambio. Primero se aceptó conocer las propuestas de Estados
Unidos para la apertura de las telecomunicaciones y, después,
se aceptó negociar, en medio de una campaña de terror
psicológico promovido por las Cámaras Empresariales,
CINDE, el grupo periódistico La Nación, el expresidente
Oscar Arias y el Movimiento Libertario.

Antes de conocer cuál es el impacto que esta entrega de las
telecomunicaciones, bajo la forma de apertura, tendría para
los costarricenses, es necesario primero explicar lo que ha
significado para el país tenerlas en manos nacionales durante
40 años.

TELECOMUNICACIONES:
LOGROS ALCANZADOS

E
IMPACTO DE LA APERTURA

El 28 de octubre de 1963 mediante una adición a la Ley 449 el
Estado costarricense le entregó al Instituto Costarricense de
Electricidad la responsabilidad de gestionar las telecomunicaciones
en el país. Dice la reforma que se aprobó que el ICE
debe “Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión
y operación de los servicios de comunicaciones, telefónicas,
telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas…”6

Hasta entonces las telecomunicaciones estaban en manos de la empresa
privada, y existía un rezago en la atención de las
demandas de la sociedad, altas tarifas y una baja calidad en el
servicio. Costa Rica se iba atrasando porque la transnacional Bond
and Share, dueña de las “Compañías
Eléctricas”, no tenía interés en invertir.
La telefonía operaba manualmente y la comunicación
internacional era muy deficiente.

El ICE supo responder en ese entonces, como ahora, a los desafíos
que le plantearon los costarricenses. En 1964 se instalaron los
primeros teléfonos públicos, empezaron a funcionar
centrales telefónicas automáticas y se hicieron los
primeros enlaces con las zonas rurales del país. Se desarrolló
la red de transmisión por microondas. Los costarricenses
pudieron ver los goles de Pelé en el Mundial de Fútbol
de México 70, gracias a una de las primeras transmisiones de
televisión en directo vía satétite.

Los principios que permitieron el nacimiento, la consolidación
y el desarrollo de ese Sistema Nacional de Telecomunicaciones que hoy
día es orgullo de los costarricenses los podemos resumir en
dos palabras: DEMOCRACIA y DESARROLLO.

DEMOCRACIA no sólo por el carácter público
de la Institución (propiedad de los y las costarricenses),
sino por la vocación indeclinable de democratizar los
servicios, mediante una cobertura que alcanza el 95% del territorio
nacional en telecomunicaciones sin distingo de clases sociales, y
una búsqueda del acceso hacia los sectores sociales más
desprotegidos (subsidios de los sectores más rentables a los
menos rentables y mecanismos solidarios en la distribución de
la riqueza que genera).

DESARROLLO NACIONAL porque las telecomunicaciones a través
del ICE han sido pilar fundamental para el crecimiento económico
y social del país. Soporte esencial que contribuye a los
procesos productivos, comerciales y de servicios, todos los días
del año. Los costarricenses pueden comunicarse entre sí
y con el mundo entero a través de la telefonía pública,
alámbrica o celular y mediante el Internet. La soberanía
en el campo tecnológico está en nuestras manos.

Este Sistema Nacional de Telecomunicaciones se ha logrado desarrollar
a lo largo de 40 años, a pesar de las enormes limitaciones que
se le vienen imponiendo. Ya desde 1968 el ICE empezó a tener
problemas para el cumplimiento de sus fines cuando se limitó
la acción de las instituciones al restringir la autonomía
sólo al área administrativa. Lo anterior junto a la
entrada en vigencia de la Ley del 4-3 permitió una injerencia
negativa de los partidos políticos tradicionales en la
gestión del ICE.

A lo anterior se sumaron crecientes trabas, impuestas por los
Organismos Financieros Internacionales ya desde la década del
70, pero especialmente en el período llamado de “ajuste
estructural” con la creación de la Autoridad
Presupuestaria en 1982. Esto ha significado crecientes restricciones
a la inversión, límites de endeudamiento, la
transferencia de recursos mediante compra de bonos del Estado, la
exigencia de superávit con la obligación de utilizar
una metodología del Fondo Monetario Internacional que
considera las inversiones como gastos, y el exceso de regulaciones
administrativas.

Ese proceso de entrabamiento y debilitamiento del ICE, venía
aparejado con una campaña de contenido ideológico
neoliberal sobre las bondades de la privatización mediante
venta de activos o apertura de mercados. En la administración
de Oscar Arias Sánchez (1986-1990) se le entregó de
manera inconstitucional la telefonía celular a la
transnacional Millilcom, asunto que fue parado por la férrea
oposición de los trabajadores y trabajadoras del ICE.

En el año 2000 el ICE enfrentó un nuevo desafío.
El pueblo derrotó el Combo y reafirmó su decisión
de mantener en manos nacionales las telecomunicaciones, de fortalecer
la Institución para adecuarse a los nuevos cambios
tecnológicos y alcanzar un mejoramiento en sus servicios.
Rechazó con