1. INTRODUCCIÓN

Cualquier forma de integración económica entre nuestras naciones
debe servir primero y sobre todo para promover el desarrollo
equitativo y sustentable de todos nuestros pueblos. Nos une la
convicción de que debemos avanzar con ambos pies, combinando la
protesta con la propuesta, y desarrollando una visión común acerca
de cómo debiera ser una forma de integración alternativa. Este
documento, aún incipiente, expresa nuestra determinación de
construir una alternativa al modelo de integración dominante basada
en las propuestas aquí descritas.

La Campaña paraguaya de NO al ALCA rechaza la extensión del Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) al resto del continente y
cualquier otro acuerdo basado en el modelo neoliberal. Trabajaremos
para impedir la aprobación de cualquier acuerdo elaborado bajo esas
líneas. Al mismo tiempo, vemos la derrota de los acuerdos de libre
comercio sólo como el primer paso. Nos rehusamos a aceptar un status
quo que siga marginando a amplios sectores de nuestras poblaciones y
degradando nuestro ambiente.

Como directriz de nuestro trabajo colectivo sobre alternativas
tenemos la convicción de que el modelo económico neoliberal ha sido
calamitoso para la mayoría de los habitantes de nuestro continente y
por ello tenemos que pensar, proponer y luchar por un modelo
distinto.

El neoliberalismo conlleva la imposición de una serie de reglas que
gobiernan no sólo la economía sino también el tejido social de
nuestras sociedades. Por lo tanto, no se trata de una lucha
"comercio vs. protección" o "integración vs. aislamiento", sino de
ver cuáles son las reglas que prevalecerán y quién se beneficiará
con esas reglas.

Los movimientos sociales paraguayos formamos parte de este esfuerzo
global frente a la globalización neoliberal y retomamos el espíritu
unitario de movilización y de búsqueda de alternativas. Este enorme
movimiento unitario está formado por gente de las Américas que les
dice a los líderes políticos, a los especuladores financieros y a
las corporaciones trasnacionales que promueven políticas
neoliberales que su agenda es inaceptable. Es un movimiento no sólo
paraguayo, sino de los pueblos de las Américas que demandan ser
tratados como humanos. Y lo hacemos afirmando que una comida
nutritiva, un lugar cómodo para vivir, un ambiente limpio y sano, el
cuidado de la salud y la educación son derechos humanos.

Quienes apoyan el modelo neoliberal intentan minar la resistencia de
los pueblos de las Américas de diferentes maneras. En los Estados
Unidos, las grandes corporaciones han lanzado una masiva campaña de
propaganda para "educar" al público sobre los beneficios del libre
comercio. Como respuesta extrema, varios países han utilizado el
Estado Nación como instrumento de terror contra sus propios pueblos.
Disfrazada de "guerra contra la droga", los esfuerzos de
contrainsurgencia tales como el Plan Colombia, se han transformado
en una plaga para nuestro hemisferio. La represión al movimiento
campesino y de los sin techo en nuestro país forma parte de aquella
estrategia norteamericana, al igual que la agresiva campaña de ese
país contra las Tres Fronteras, que se vislumbra -bajo la excusa del
combate al terrorismo- como una propaganda previa a una posible
ocupación militar en la zona uno de cuyos intereses finales es la
apropiación del Acuífero Guaraní.

Esta versión paraguaya de Alternativas para las Américas es producto
de un diálogo continuo, tiene su fundamento en las aspiraciones del
pueblo paraguayo a vivir y desarrollarse como seres humanos plenos.
Las Alternativas para las Américas paraguaya es una propuesta para
esbozar una visión alternativa del desarrollo equitativo y
sustentable.

Alternativas para las Américas no es sólo una doctrina económica.
Es, más bien, un intento por lograr la integración social que
permita que las ideas, los talentos y la salud de todos nuestros
pueblos puedan ser compartidos para beneficio de todos. Es un
documento vivo que será corregido y aumentado en el ejercicio de
nuestros derechos por continuar el debate y la discusión.

2. RESUMEN

Este documento aborda los principales tópicos de la agenda oficial
de las negociaciones actuales sobre el libre comercio (inversión,
finanzas, derechos de propiedad intelectual, agricultura, acceso al
mercado, servicios y resolución de disputas), así como algunos
tópicos que son de gran importancia social, pero que los gobiernos
han ignorado (derechos humanos, sustentabilidad, ambiente, trabajo,
inmigración, el papel del Estado y género). Deben ser considerados
como un paquete integral de propuestas para una integración
económica, política, social y cultural positiva.

Dos iniciativas presidenciales recientes; la Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA) del presidente Hugo Chávez de Venezuela, y
la construcción de la Unión Sudamericana, propuesta por el
presidente boliviano Carlos Mesa, indican el camino que aspiran
recorrer los pueblos americanos en su búsqueda de una integración a
favor de ellos. Es en esta dirección que se hacen los siguientes
planteamientos.

Principios Generales: El comercio y la inversión no deberán ser
fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo
justo y sustentable. Los ciudadanos y las ciudadanas deben tener
derecho a participar en la formulación, implementación y evaluación
de políticas sociales y económicas continentales. Las metas
centrales de estas políticas deberán ser la promoción de la
soberanía económica, el bienestar social y la reducción de la
inequidad en todos los niveles.

Política: La alternativa al ALCA que buscamos debe priorizar la
integración de los pueblos americanos en la dimensión política. Su
objetivo prioritario es promover la unidad en el plano político,
considerando que tal unidad genera resultados a más corto plazo ya
que la unidad económica es más lenta. Debe considerarse en este
aspecto, los siguiente subcomponentes: legislativa, jurídica y
militar. Esto implica la constitución de un Parlamento único, la
vigencia de un solo derecho comunitario y la existencia de unas
únicas fuerzas armadas. Igualmente debe existir una sola
Constitución (política).

Derechos Humanos: Una agenda común sobre derechos humanos habrá de
ser la estructura que abarque todas las políticas continentales, y
deberá incluir mecanismos e instituciones que garanticen su
implementación total. Esta agenda deberá promover la más amplia
definición de derechos humanos, cubriendo los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, la
equidad de género y los derechos en torno a los pueblos y las
comunidades indígenas.

Medio Ambiente y Recursos Naturales: Los gobiernos deberían
subordinar políticas de inversión y comercio a políticas que le den
prioridad a la sustentabilidad y protección ambiental. También
deberían de tener el derecho de dirigir inversiones hacia
actividades ambientalmente sustentables, rechazar la privatización
de los recursos naturales, eliminar políticas que subvencionan o
fomentan el uso de energía proveniente de hidrocarburo. El uso de
recursos naturales debe de estar al servicio de las necesidades
básicas de la gente, y no un mero objeto de transacciones del
mercado.

Sustentabilidad : Un modelo regional para desarrollo democrático y
sustentable requiere la incorporación del principio y objetivo de
sustentabilidad en todos los sujetos que sean considerados. Estos
asuntos deberían ser negociados con el objetivo de resolver - con el
apoyo de políticas nacionales- los problemas serios de nuestras
regiones: desigualdad; desempleo; degradación ambiental; y muchos
otros problemas. Los acuerdos deben comprometer los países miembros
a que cumplan con convenios y tratados internacionales diseñados
para proteger el medio ambiente, minorías, derechos de trabajadores,
derechos de mujeres y otras conquistas sociales. También deberían
dar medios prácticos para llevar a cabo las medidas que hicieran
esos acuerdos efectivos en un nivel nacional.

Género: Los convenios internacionales sobre derechos de la mujer
deberán ser centrales para todas las políticas continentales. Las
mujeres deben tener mayores oportunidades para participar en la
elaboración de políticas. Los gobiernos deberán establecer leyes
nacionales que garanticen un cuidado de los hijos accesible; que
ataquen el acoso sexual laboral; y que implementen la iniciativa
20/20 de la ONU para asignar el 20 por ciento de los presupuestos a
programas sociales. Las mujeres deben tener un acceso equitativo al
crédito, la educación y a otros recursos.

Trabajo: Las políticas continentales habrán de garantizar los
derechos básicos de hombres y mujeres trabajadores, crear un fondo
para brindar compensaciones a trabajadores y comunidades que
padezcan la pérdida de empleos, y promover el mejoramiento de
niveles de trabajo y de vida de los trabajadores y de sus familias.

Inmigración: Los gobiernos deberán adherirse a convenciones
internacionales sobre derechos de migrantes; garantizar derechos
laborales a todos los trabajadores -sin importar su estatus
migratorio- y penalizar severamente a los patrones que violen esos
derechos; otorgar amnistía a todos los trabajadores indocumentados
dentro de sus fronteras; desmilitarizar zonas fronterizas; y apoyar
los subsidios internacionales para las áreas que sean grandes
importadoras de mano de obra.

El papel del Estado: Las políticas continentales no deberán mermar
la capacidad de un Estado-nación para cubrir las necesidades
sociales y económicas de sus ciudadanos. Los Estados-nación deben
tener el derecho a mantener corporaciones del sector público y
políticas de procuración que apoyen las metas de desarrollo
nacional. La meta de las regulaciones nacionales en el sector
privado deberá ser la de garantizar que las actividades económicas
promuevan un desarrollo justo y sustentable.

Educación: La educación no es una mercancía; es un derecho social
universal y fundamental que se debe asegurar mediante un servicio
público financiado y bajo responsabilidad del Estado. Debe ser
excluida de los acuerdos sobre la liberalización del comercio de
servicios. La educación pública debe ser gratuita y plenamente
accesible en todos los ámbitos y durante toda la vida.

Comunicación: El derecho a la comunicación consiste tanto del
derecho de producir como de recibir información. La comunicación
debe ser considerada como un bien público y debiera ser preservada y
regulada para el beneficio social y cultural de la sociedad. La
comunicación y los medios deben ser regidos por principios de ética
inspirados en una cultura de la vida y de lo humano.

Inversión: La inversión deberá generar empleos de alta calidad,
producción sustentable y estabilidad económica. Los gobiernos deben
tener el derecho a rechazar cualquier inversión que no haga una
contribución neta al desarrollo, sobre todo en los flujos de capital
especulativo. Los grupos ciudadanos y todos los niveles de gobierno
deben tener el derecho a demandar a inversionistas que hayan violado
reglas de inversión. El mecanismo del TLCAN que permite a los
inversionistas demandar directamente a los gobiernos debe ser
abolido y prohibido en otros acuerdos.

Finanzas: El 100% de todas las deudas de países con bajos ingresos y
las deudas ilegítimas de países con mediano ingreso deben
cancelarse. Países muy endeudados deberían obtener una reducción de
sus deudas para que evitar crisis en sus balances de pagos,
presiones para aprovecharse de recursos naturales en una manera que
no sea sustentable y otras consecuencias negativas de origen
económico, social, y ambiental que resulten de los esfuerzos por
mantener deudas que ya han sido pagadas. Los programas de ajuste
estructural del Banco Mundial y del FMI deben ser abandonados, y
estas instituciones deben ser reestructuradas de manera fundamental,
o bien, remplazadas. Se les debe permitir a los países imponer
controles sobre flujos de capital, y debe desarrollarse un mecanismo
multilateral para regular la actividad especulativa. Los gobiernos
habrán de tener la capacidad de establecer sus propias políticas
monetarias y financieras, y resistir a la dolarización. Se debe
proponer la creación de un Fondo Financiero Sudamericano a partir
del Fondo Latinoamericano de Reservas, así como la creación del
Banco de América del Sur, Centroamérica y Caribe a partir de la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Fondo de la Cuenca del
Plata (Fonplata). Creación de una moneda única.

Propiedad Intelectual: Los gobiernos deberán tener la capacidad de
establecer reglas de propiedad intelectual que reflejen sus
contextos sociales, culturales y económicos específicos. Esto deberá
incluir el derecho a ciertas disposiciones que garanticen el acceso
a medicinas esenciales y habrá de proteger la biodiversidad, los
saberes indígenas y de las comunidades tradicionales y campesinas.
Ninguna forma de vida podrá ser patentada.

Agricultura: Los países deben asumir la responsabilidad de
garantizar la alimentación para su población. El Estado tendrá el
derecho a proteger o excluir los alimentos básicos de los tratados
comerciales. Debe haber una democratización que involucre a pequeños
productores en la creación de políticas agrícolas, pesqueras y
ambientales, y en particular la reforma agraria. Ningún elemento de
los acuerdos internacionales en materia de integración debe limitar
la capacidad de los Estados Nacionales de impulsar y consolidar este
proceso.

Acceso al mercado: Los países en desarrollo deberán trabajar con
países desarrollados para implementar políticas especiales que
atiendan las inequidades entre nuestros países. El actual principio
dominante de "trato nacional", que exige a los gobiernos no tratar a
los inversionistas extranjeros ni a sus productos de una manera
menos favorable que a los domésticos, restringe severamente la
planificación nacional del desarrollo. Se debe permitir a los
gobiernos fomentar políticas que fortalezcan la demanda interna, en
lugar de apoyarse por completo en los mercados externos. Los
gobiernos deberían tener derechos soberanos para dar subsidios e
incentivos fiscales para servicios productivos que reflejan
intereses sociales legítimos.

Servicios: Los servicios básicos como educación, atención a la
salud, energía, agua y otras utilidades deben estar disponibles para
todas las personas que habitan el continente. Para alcanzar esta
meta, esos servicios públicos no deberían de ser privatizados o
dejados en las manos de las llamadas reglas del mercado. Los países
deberán promover los intereses de desarrollo nacional y priorizar el
ambiente y otras preocupaciones por encima de la meta de
distribución eficiente de recursos.

Cumplimiento y Resolución de Disputas: Para que las políticas
propuestas sean significativas, deben estar acompañadas por
mecanismos de resolución de disputas y de cumplimiento que
orientados a reducir las inequidades, y que estén basadas en
procesos justos y democráticos. Deberán ser diseñadas para crear
incentivos suficientes que impulsen su cumplimiento y que hagan
posible evitar las acciones para su aplicación. Esto involucrará una
evaluación de cumplimiento en cada país, planes de acción para
derribar obstáculos al cumplimiento y, como último recurso, la
negación de beneficios del acuerdo comercial para los violadores
corporativos y/o gobiernos con un registro de no-aplicación general.

[1] Este documento toma como base el trabajo realizado por la
Alianza Social Continental titulado "Alternativas para las
Américas", al cual se le han agregado algunos aspectos que adquieren
mayor relevancia para el caso paraguayo. La Campaña paraguaya No al
ALCA consideró que es oportuno ir integrando esfuerzos y no crear
paralelismos en vista a la gran variedad de intereses y aspiraciones
comunes que animan a los pueblos de nuestra América.