Sin duda soplan vientos de cambio hoy en nuestro país, animando las
expectativas de importantes sectores de la población y abriendo
horizontes de construcción que hace pocos meses eran impensables.

Cobran un valor significativo los intentos del nuevo gobierno de
recuperar el rumbo perdido y restablecer el Estado de Derecho, así
como también el correcto funcionamiento de las instituciones del
Estado. Pero la clave de la dirección y la profundidad de los cambios
que se logren producir estará formada por el debate y la movilización
de los ciudadanos.

En este sentido nos parecen alentadoras y a la vez preocupantes las
apreciaciones del canciller Rafael Bielsa vertidas en una nota de
opinión publicada por Página/12 el 4 de octubre ("El cambio es lo
único permanente"). Alentadoras porque el canciller asume la
responsabilidad de plantear ante la sociedad la visión detrás de la
estrategia negociadora adoptada por el gobierno. Pero preocupantes en
su esencia, ya que nuevamente parece ausente lo que debería ser el
eje fundante de toda política del Estado: la defensa y la promoción
de los derechos humanos de toda la población y, sobre todo, sus
integrantes más necesitados.

Refiriéndose a las distintas negociaciones comerciales en curso,
entre ellas las de la Organización Mundial de Comercio recientemente
fracasadas en Cancún, como así también las que buscan crear para el
año 2005 un Área de Libre Comercio entre EE.UU. y 33 países más del
hemisferio (el ALCA), el canciller afirma que "la Argentina no debe
ni necesita optar por un sector en particular". Dice que precisa
negociar "en procura de un objetivo único, que abarque a toda la
sociedad: aumentar el acceso de la producción nacional al mundo". Si
bien se hacía referencia concreta a la histórica pugna planteada
entre sectores agroexportadores y los de la industria criolla, vale
la pena preguntarnos: ¿cómo entran, en realidad, en esa ecuación, los
intereses y derechos del conjunto de la sociedad argentina?

Desde los años de la dictadura y el menemato de los '90, a la
sociedad en su conjunto le debe haber quedado claro que la apertura
indiscriminada, el mero aumento de las exportaciones o el crecimiento
de algunos no se traducen automáticamente en mayor bienestar para
todos y todas. Al contrario, han sido herramientas privilegiadas del
peor proceso de redistribución regresiva del ingreso jamás vivido en
nuestro país desde los tiempos de la conquista y colonización
española. Una política negociadora que tome como horizonte único el
aumento de las exportaciones, corre el riesgo de dejar afuera lo que
justamente se dice querer defender, que es el verdadero interés
nacional.

En las actuales negociaciones, por más importante que sea el debate
de alternativas frente al proteccionismo y los subsidios
estadounidenses y europeos no se puede desconocer que el objetivo
principal buscado por los países centrales es la entrega de la
soberanía. Con ella se irá cualquier posibilidad de revertir los
procesos de transformación y saqueo operados en el transcurso de las
últimas tres décadas.

La propuesta del ALCA, impulsada por EE.UU. como un "secreto de
estado" durante casi una década, es un ejemplo contundente. Lo que
propone EE.UU. es una liberalización total de los términos de
inversión, equiparando el trato hacia los capitales transnacionales
al de los capitales nacionales e incluso elevando los derechos de las
empresas extranjeras por encima de la ley y la Constitución Nacional.
Según las intenciones de EE.UU., pasarían a la historia instrumentos
claves de una política de desarrollo autóctono, como son el "compre
nacional", requisitos de empeño o de protección a la salud y el medio
ambiente y preferencias hacia determinadas zonas o sectores del
consumo y producción como cooperativas, empresas recuperadas,
pequeños y medianos empresarios, mujeres y pueblos originarios.

Con el ALCA, la acción afirmativa del Estado en resguardo de los
derechos de la población a la educación, la salud, la tierra y el
agua quedaría sujeta a los intereses supuestamente superiores de las
empresas transnacionales, y cualquier conflicto sería
automáticamente dirimido en una cuasi-jurisdicción constituida, entre
otros, por las propias empresas demandantes. El peligro que
representa el ALCA –definido por algunos estadistas latinoamericanos
como "la anexión a EE.UU." más que un tratado comercial-, no puede
tampoco ser visto como un hecho aislado. Forma parte de un proyecto
de dominación que abarca además la "integración" de las fuerzas
armadas de la región –objetivo preciso de los recientemente
suspendidos ejercicios militares "Águila III"–, el condicionamiento
permanente del FMI, el Banco Mundial y demás "acreedores" de la deuda
eterna y las fuertes presiones del gobierno de EE.UU. en
contra de las posiciones avanzadas por Argentina y el resto del Grupo
de los 22 en la OMC. Es decir que vienen por mucho más: desde el oro
de Esquel hasta las aguas del Iberá, pasando por la privatización de
la educación y la salud y la mercantilización de todos nuestros
derechos humanos.

Por eso se exige a la ciudadanía y al gobierno una alerta máxima y un
cambio todavía más a fondo en las estrategias adoptadas. En una
entrevista reciente con el Presidente Néstor Kirchner, le pedimos que
el gobierno se retire de las negociaciones del ALCA e impulse una
campaña de esclarecimiento y consulta hacia el conjunto de la
sociedad. Pero asumiendo también nuestras responsabilidades, desde la
Autoconvocatoria No al ALCA estamos organizando unas Primeras
Jornadas de Consulta Popular para informar e invitar a toda la
ciudadanía a pronunciarse sobre el ALCA, la deuda y la
militarización. El gobierno tiene la obligación de escuchar al pueblo
y representar los intereses de toda la Nación. Nosotros, de seguir
movilizando por los cambios de forma y de fondo, que entendemos hacen
a una vida digna para todos y todas.

* Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz y miembro de la
Autoconvocatoria No al ALCA

PÁGINA 12 - Buenos Aires, Argentina.
15 de octubre de 2003.