Como si fuera un chiste calificó el gobierno de nuestro país la
intención de la petrolera Harken Energy de exigir, mediante un
arbitraje, $57.000 millones al país. La empresa presentó una
solicitud para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias por Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés).
Dicho organismo está adscrito al Banco Mundial y tiene su sede en
Washington, EE. UU.

Para los ecologistas de OILWATCH-Asociación de Ecología Social
Costarricense(AESO), uno de los grupos promotores de la campaña
antipetrolera, "esta indignante demanda es una de las historias que
se convertirán en cotidianas cuando se profundicen los derechos de
las compañías trasnacionales mediante los Tratados de Libre Comercio
actualmente negociándose como el TLC de EEUU con Centroamérica, el
ALCA entre otros. Sabemos que esta empresa cree fervientemente, como
todas las medianas y grandes corporaciones, en el sistema de
arbitraje de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial
y demás instituciones financieras y comerciales. Y conocemos que los
principios de la compensación en los capítulos de inversiones de
estas reglas del Libre Comercio, son desproporcionadas en la relación
Estado- Corporación". Así lo aseguró Alicia Casas miembro de la
agrupación.

La Agrupación afirma " como lo declara el gobierno, la empresa
incumplió el contrato pues no logró que se aprobara un estudio de
impacto ambiental (EIA). Esta era una cláusula que claramente se
indicaba. Así que para nosotros no hay ningún sustento en esta
demanda más bien es una forma de extorsionar y buscar atención
pública de los sectores anti soberanía de nuestro país y de los
Estados Unidos para presionar al gobierno, que en este caso
dignamente hace respetar las leyes."

Expresó Fabián Pacheco de OILWATCH - AESO "Costa Rica ha cumplido
legalmente con el contrato y Harken sí incumplió con el mediocre
Estudio de Impacto Ambiental presentado. Si la compañía hubiera
querido seguir con el debido proceso tendría que haber interpuesto un
juicio contencioso contra una decisión técnica de SETENA. La
Petrolera sabía que su estudio de impacto estaba mal y lo que les
resultaba más ventajoso era tratar de extorsionar el país. Harken con
los estudios que tiene, no puede decir tranquilamente que estamos
parados en un yacimiento como los de Venezuela, simplemente tratan de
asustar y de generar controversia".

De hecho ya muchos de los sectores anti soberania venían calentando
los motores para apoyar esta demanda y hacerla parecer que es
producto de un capricho romántico del gobierno. Para Mauricio Álvarez
presidente de OILWATCH - AESO "esta extorsión no es aislada ni cae en
frío. Desde hace unas semanas se ha venido insistiendo en los
periódicos sobre la postura anti petrolera del actual gobierno. Un
comunicado de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos (La Nación,
24.08.2003) induce al Presidente de la República a reflexionar sobre
un - SI a la explotación petrolera, SI a la minería a cielo abierto -
, aludiendo que solo bajo estas condiciones de explotación vamos a
vivir una vida tecnológica y moderna. Estos comentarios fueron
reafirmados inmediatamente después por la editorial del mismo
periódico (La Nación, 28.08.2003) reafirmando a la explotación de
recursos naturales como la única forma posible de alcanzar el
desarrollo económico. Estos sectores conservadores no ven lo
visionario de la decisión del Presidente de la República, ya que para
ellos liberarse del petróleo, como lo fue con el ejercito, afecta
directamente sus intereses mercantilistas". Álvarez afirma también "
desde que empezamos a monitorear la actividad y el historial de esta
compañía nos hemos dado cuenta de lo fraudulento de este negocio. La
compañía Harken tiene intereses y concesiones desde Colombia hasta
Belice, a través de la costa Atlántica, queriendo incluir a Costa
Rica en su estrategia geopolítica de apoderarse de un territorio y
convertir la región en parte de sus negocios transnacionales. La
empresa Harken estaba ligada al actual presidente de los Estados
Unidos y según reportajes del New York Times, Times y otros
periódicos norteamericanos del 2002, mientras era director de la
compañía, habían irregularidades en los informes contables, se
exageraron bienes de la empresa, no se reportaban ganancias y se
evadieron impuestos. Nos damos cuenta que durante la ejecución de la
licitación en Costa Rica la empresa hizo traspasos de una compañía a
otra, nunca tuvo una oficina en nuestro país, ni hizo un trabajo
serio para presentar un EIA".

La agrupación apoya la respuesta del gobierno y hace hincapié que
este tipo de demanda se multiplicaría y se agravaría en futuros
escenarios que generarán los acuerdos firmados en el TLC.