Protocolo de Cono Sur y Región Andina de las Américas
frente a Reunión Ministerial de OMC
(28 y 29 de agosto 2003 )

Considerando que los procesos de liberalización económica
en las Américas, y en particular en el Cono Sur y la
región Andina, buscan consolidar la hegemonía de los
países desarrollados, a través de la creación de áreas de
libre comercio, como son los acuerdos que la Unión Europea
ha establecido con Chile y México, y que intenta
establecer con el MERCOSUR, así como de la creación del
ALCA, a través de las negociaciones regionales, y de los
TLC que Estados Unidos está suscribiendo con diversos
países del continente

Considerando que en el caso de las relaciones con la Unión
Europea, pese a que los acuerdos marco integran
dimensiones políticas y sociales, como es la cooperación,
el diálogo político y las cláusulas democráticas y
sociales, los aspectos mercantiles han sido los
predominantes.

Considerando que en nuestros países, la presencia
económica, comercial y financiera de los países europeos y
de Estados Unidos ha avanzado en el último año con la
firma y proyección de nuevos Tratados de Libre Comercio.

Considerando la inclusión en las negociaciones comerciales
de incorporar a los servicios públicos en un área de
negocios internacionales; los anuncios de nuevas
desregulaciones para educación, salud, empleo y seguridad
social de hombres y mujeres; la explotación no sustentable
del medio ambiente y los recursos naturales – en
particular minería, pesca, agricultura y bosques – son
utilizados como ventaja comparativa en el mercado externo.

Considerando que los procesos de privatización y fusión de
los servicios públicos entre capitales nacionales e
internacionales, que tradicionalmente estuvieron bajo el
control de la propiedad estatal, han sido desarrollados en
la mayoría de los países de la región, sin regulaciones
que cautelen los Derechos Humanos, Económicos , Sociales y
Culturales de los Pueblos, y no han aportado al
desarrollo de nuestra región.

Considerando que la Doctrina Internacional de Derechos
Humanos ha ligado indisolublemente los Derechos Civiles y
Políticos a los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, puestos estos últimos, en serio peligro por
los procesos de privatización y transnacionalización de
los Derechos Colectivos de los Pueblos y los Derechos de
Propiedad Intelectual

Considerando que ninguno de los supuestos beneficios que
la Organización Mundial de Comercio (OMC) previó que se
producirían por la profundización de la liberalización
comercial, desde el momento de su fundación en 1995, como
el aumento cuantitativo y cualitativo en el acceso que los
consumidores tendrían de bienes y servicios y el
consecuente mejoramiento en su calidad de vida,
crecimiento de la economía y profundización democrática.
Que lejos de esto, nuestros países han experimentado un
significativo deterioro del crecimiento del PIB, por lo
que la región completa un "sexenio perdido" en tiempos de
la OMC; un aumento de la vulnerabilidad y dependencia de
nuestras economías de los mercados especulativos
internacionales.

Reafirmamos nuestro rechazo a las políticas neoliberales
dictadas por Organismos multilaterales regidos por los
principios de la OMC, sin legitimidad recurrible dentro
del Derecho Internacional de Naciones Unidas, que han sido
impuestas en el Cono Sur y la Región Andina y que han
significado aumento del desempleo, empobrecimiento,
flexibilización e inestabilidad laboral, violaciones a los
derechos humanos, y derechos colectivos de los pueblos,
vulnerando en forma coercitiva los derechos de los pueblos
originarios y comunitarios tradicionales.

Ratificamos que es necesario considerar los monopolios de
los recursos naturales y la explotación de los recursos
naturales como servicios que los Estados no pueden
enajenar bajo ninguna forma, ya que constituyen patrimonio
social colectivo y son bienes comunes.

Hacemos énfasis en que las políticas de privatización y
transnacionalización de los servicios , recursos
naturales, sociales y culturales y la ausencia de
políticas públicas tendientes a cautelar el rol regulador
del Estado y la comunidad, sólo pueden traducirse en una
pérdida efectiva de posibilidades para el desarrollo de
nuestros pueblos.

Corroboramos que la experiencia de los últimos ocho años,
desde la ronda de Uruguay que diera nacimiento a la OMC,
sólo se han traducido en pobreza y mayores desigualdades
sociales y de género para nuestra región.

Estimamos como ciudadanos y ciudadanas, imprescindible la
existencia de un sistema multilateral de administración
del Comercio Internacional, cuyo centro esté constituido
por las necesidades básicas de las personas y la humanidad
toda. Los acuerdos multilaterales deben servir para
superar los problemas más urgentes que enfrentan nuestras
sociedades y para sentar las bases que posibiliten un
desarrollo equitativo sustentable de la región.

Asimismo, reafirmamos que las reglas del sistema de
comercio internacional deben existir para posibilitar el
control y regulación de la grandes corporaciones y no para
limitar las capacidades de los Estados.

Rechazamos la decisión de los países desarrollados que en
vez de avanzar en la "Ronda del Desarrollo", concentran
sus esfuerzos en tratar de incorporar los llamados
"nuevos temas", especialmente los relativos a inversión y
compras gubernamentales. Nos parece inaceptable avanzar en
estos temas, mientras pierden relevancia otros tan vitales
para nuestro desarrollo como trato especial y
diferenciado, obligatorio a los países en desarrollo; fin
de los subsidios de los países desarrollados; y
desmantelamiento de las normas de fiscalización y
protección que daban estabilidad y seguridad a nuestros
ciudadanos, .

Confiamos en las capacidades de la sociedad civil para
exigir y demandar el cumplimiento de los Pactos
Internacionales sobre Derechos Humanos, así como para
exigir la participación en las negociaciones de futuros
Acuerdos de Libre Comercio.

Exhortamos a los gobiernos a:

1. Tomar en consideración las reflexiones de este
"Segundo Encuentro", así como a integrar y resguardar
en las negociaciones en curso y en las reuniones en
Organismos Internacionales las garantías necesarias
para los servicios públicos, en tanto Derechos
Humanos y no materias comercializables.

2. Tomar los resguardos necesarios para garantizar la
dotación de los servicios públicos entre la
ciudadanía

3. Resguardar nuestra soberanía alimentaria, rechazando
las imposiciones comerciales que atentan contra ella,
y tomando los resguardos legales disponibles

4. Cautelar por la Soberanía popular, rechazando los
intentos de los Organismos Internacionales por
definir políticas económicas que posponen una agenda
de desarrollo y respeto de los Derechos de todos

5. Exigir el Trato Especial y Diferenciado para los
países en Desarrollo

6. Exigir a sus negociadores la supresión de todos los
subsidios a la exportación agrícola y la eliminación
de las barreras de entrada a sus mercados por parte
de los países desarrollados

7. Reconocer la supremacía del Derecho a la salud, la
educación la seguridad alimentaria y los derechos
colectivos de los pueblos indígenas por sobre
cuestiones comerciales

8. Reconocer la soberanía de todos los países para
regular sus servicios, recursos naturales, sociales y
culturales y evaluar los procesos de liberalización
antes de proceder a un incremento de éstos.

9. Rechazar las patentes de organismos vivos, y aprobar
la producción e importación de medicamentos genéricos

10. Rechazar la negociación de los "nuevos temas" en
la OMC: compras gubernamentales,

11. Mantener informados plenamente a la sociedad
civil, haciendo transparentes y socializando las
diferentes perspectivas de todos los actores sobre
los compromisos que los estados adquieren en materia
comercial y financiera. Incluir o facilitar el
derecho a la participación vinculante de la
ciudadanía en la toma de decisiones sobre estos temas

12. Ratificar y dar cumplimiento de la legislación
internacional relativa a los derechos de los pueblos
indígenas.

13. Adoptar y cumplir las resoluciones y
conclusiones de la Unión Europea, relativas a los
pueblos indígenas: resolución de la UE del 30 de
noviembre de 1978; Conclusiones del Consejo de la UE
del 25 de junio de 2001; Conclusiones del Consejo de
la UE del 18 de nov. 2002.

Reclamamos a los Parlamentos nacionales e internacionales:

Mantener informada a la sociedad civil, haciendo
transparentes los mecanismos y procesos de negociaciones
comerciales.

Fiscalizar y modificar, los tratados que no cumplen
con las normas del Derecho Internacional de Derechos
Humanos y del Derecho Internacional, asegurando la
participación ciudadana. En el caso de las normas
nacionales, consideramos que estas son prioritarias,
siempre y cuando sean concordantes con el sistema de
derecho internacional.

A los Parlamentarios internacionales, a estar atentos
a no aprobar acuerdos de esta naturaleza que a los países
del área, y a hacer un seguimiento estricto de las
cláusulas democráticas de los acuerdos que ya se han
firmado y así mismo a ampliarlas y profundizarlas en los
acuerdos que se firmarán.

Instamos a las Sociedades Civiles

A crear redes de socialización y seguimiento de la
información de los conflictos, así como a un seguimiento
del comportamiento de las empresas transnacionales y de
los estados que son parte de estos procesos de
privatización.

A formar y generar alianzas en materias específicas,
relativas a estos temas.

A buscar nuevas formas de organización, movilización
y generación de propuestas que nos permitan actuar
globalmente ante este tipo de conflictos, comprometiendo
el apoyo de las fuerzas populares y de los actores de
otras naciones, que sufran estos mismos problemas,
incluyendo los países a que pertenecen las empresas
multinacionales o donde se origina la inversión.

A impulsar un sistema que cautele que las necesidades
humanas se alcancen a través de un comercio justo,
tendiente a la integración y desarrollo de nuestros
pueblos.

* Organizaciones nacionales participantes:

Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y
Responsable (Corporación Nacional de Consumidores y
Usuarios de Chile, CONADECUS; Consumers International,
Red Internacional de Género y Comercio, RIGC; Instituto
de Ecología Política, IEP; Organización de Consumidores
y Usuarios, ODECU; Asociación de Inmigrantes por la
Integración Latinoamericana, APILA; Corporación Ayún;
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC;
Liga De Consumidores Conscientes; Facultad de Ingeniería
Comercial, Univ. Bolivariana )

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas,
ANAMURI

Central Unitaria de Trabajadores, CUT

Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del
Sur, CET Sur

Centro de Estudios y Capacitación Mujer y Trabajo

Confederación Nacional de Empleados Municipales de
Chile, ASEMUCH

Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de
Chile, CONAPACH

Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria
Alimentaria, COTIACH

Corporación de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo, Temuco

Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas,
Universidad ARCIS

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias,
FENATRAOS

Identidad Territorial Lafkenche, IX Región

Sindicato de Trabajadores de ESSAL, Puerto Montt

Universidad Bolivariana

Vicaría de la Pastoral Obrera, Concepción

* Organizaciones Internacionales participantes:

Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas
Campesinas, CIOEC – Bolivia

Departamento Intersindical de Estadística y Estudios
Socio-Económicos, DIESSE – Brasil

Equipo Nizkor – España

Foro para la participación de la sociedad civil, FOCO -
Argentina

Programa laboral de desarrollo, PLADES – Perú