Ibagué, 21 Agosto de 2003

Más de 20 mil productores del sector agropecuario y otros miles
de trabajadores de la ciudad de Bogotá marcharon y agitaron sus
banderas contra el ALCA o cualquier acuerdo bilateral de comercio
con Estados Unidos, y expresaron su decisión a abstenerse de
votar el referendo fiscalista y antidemocrático que pretende
imponer el presidente Uribe. Encabezados por Aurelio Suárez,
director ejecutivo de Salvación Agropecuaria, y por los líderes
de las organizaciones afiliadas (Unidad Cafetera, Unidad
Panelera, Agropemca, Agameta, la Asociación Agropecuaria del
Huila, los Usuarios de los Distritos de Riego, la Asociación de
Cultivadores de Papa de Boyacá, y los ingenieros agrónomos de la
ACIA) llegaron de todo el agro colombiano y desde los más
apartados lugares: de Nariño y Caquetá, de Bolívar, Magdalena y
el Cesar, del Suroeste Antioqueño, del Viejo Caldas y del Tolima
Grande, de las ardientes tierras del Patía y de las dulces
vertientes del Río Suárez.

Hubo productores de trigo, cebada, panela, café, arroz, plátano,
leche y carnes, maíz y oleaginosas. Con rabia y decisión,
representantes de las diversas especies y de los diferentes
géneros del sector agropecuario nos acompañaron el martes 12 de
agosto, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde,
en la gran marcha que empezó en la Plaza de Toros La Santa María
y culminó en la Plaza de Bolívar. También se hicieron presentes
los dirigentes de las Centrales Obreras y de la Confederación de
Pensionados de Colombia, y los senadores de la República Jorge
Enrique Robledo, Bernardo Hoyos y Jairo Cuéllar Devia.

Dentro de los planteamientos hechos en esa tarde por los
dirigentes del agro en defensa de la soberanía alimentaria,
quedaron claras varias cosas: primero, que el campo colombiano no
aguanta otra apertura económica como la de Gaviria, la cual ahora
recibe el nombre de ALCA o de acuerdo bilateral de comercio, que
multiplicarían los perjuicios para la producción nacional y
quebrantarían nuestra soberanía. Si con la apertura económica
perdimos centenares de miles de hectáreas de trigo, cebada,
algodón, maíz, sorgo, soya, y quedaron desmanteladas las dos
terceras partes de la industria nacional, con el ALCA o cualquier
tratado que se le parezca la catástrofe será mayor. Nada distinto
se puede esperar, además, si miramos el sigilo del gobierno en
las negociaciones y la celeridad y obsecuencia con las que
solicita los acuerdos, y las declaraciones de los altos
funcionarios norteamericanos en sus visitas, así como la
permanente presencia de directivos de multinacionales como parte
de nuestras delegaciones en las mesas de negociación donde se
decide la suerte de la economía nacional y el futuro de nuestros
compatriotas.

Segundo, se habla con frecuencia de la convertibilidad (cambio de
actividad de los sectores afectados), y que sería costeada por el
Estado o por algunos países donantes, según dice la SAC. Pero no
podemos aceptar tal cosa: no la hubo en el pasado y no vemos por
qué se pueda dar en el futuro. "Si me engañan una vez, el pecado
es de quien engaña; si me vuelve a engañar, ya el pecado es mío".
Del primer engaño en la apertura económica, nos quedó la pérdida
de más de 800 mil hectáreas de cultivos transitorios, y el
desempleo y el desplazamiento para más de 400 mil familias del
campo. ¿Nos dejaremos engañar de nuevo?

Tercero, las personas que están participando por el gobierno en
estas negociaciones del ALCA o de un acuerdo bilateral, no pueden
tener nuestra confianza: casi todos vienen de la administración
Gaviria, y en los nefastos documentos de la apertura aparecen sus
firmas: la de Luis Alberto Moreno, ex ministro de Desarrollo de
Gaviria, hoy embajador en Washington, y las de los Hommes,
Montenegros, Perrys o Junguitos, o la de Martha Lucía Ramírez y
otros más que entregaron los intereses nacionales, por lo cual
fueron premiados con altas posiciones en el país o en la
burocracia mundial.

Además, este gobierno ya ha cometido sus trastadas. Funcionarios
de Uribe firmaron con la Chevron el contrato del Pozo Catalina y
los yacimientos gasíferos de la Guajira, donde la nación perdería
cifras cercanas a los 1.000 millones de dólares. Afortunadamente
los senadores Robledo y Serrano enfrentaron tal despropósito y el
Consejo de Estado les dio la razón, por lo cual al ministro de
Minas le tocará recular. ¿Qué cosas no pasarían aún de mayor
calibre en las negociaciones del ALCA o de un acuerdo bilateral,
cuando las soluciones a las controversias serán falladas en
tribunales internacionales, no por jueces colombianos sino por
árbitros nombrados en la OMC? Es bueno insistir que en esas
negociaciones están en juego los empleos de por lo menos cuatro
millones de personas y la subsistencia de 12 millones de
colombianos que habitan nuestros campos. Y Estados Unidos
manifestó de entrada que no negociará en el ALCA los cuantiosos
subsidios que tiene para sus productores y exportadores.

El ALCA, o un acuerdo bilateral, lesionaría en materia grave a
todos los productores del sector agropecuario, que responden por
la dieta básica de nuestro pueblo. E incluso la SAC ha repetido
en diferentes oportunidades que se está negociando a espaldas de
ellos, y que se defienden intereses diferentes a los del agro
colombiano.

Cuarto, no estamos de acuerdo con los planteamientos del ministro
Carlos Gustavo Cano, hechos el 15 de agosto (Artículo de El Nuevo
Día), por la sencilla razón que no es posible negociar mientras
existan las ayudas internas por 18 mil millones de dólares
anuales (en subsidios) que Estados Unidos da a sus agricultores.
Esos subsidios equivalen a 50 billones de pesos colombianos, o
sea, dos terceras partes del presupuesto nacional de Colombia.
Son economías completamente asimétricas, no solamente en las
tesorerías, sino en la parte tecnológica y científica; además de
ser dueños de las fábricas de agroquímicos y de maquinaria,
tienen la ingeniería genética y la mano del Estado para
protegerlos. El presupuesto del Ministerio de Agricultura de
Colombia al año, no llega al 1% de lo que regala el Coloso del
Norte a sus agricultores en subsidios.

No podemos ser tan ingenuos y pensar que vamos a hacer
reconversión de nuestro aparato productivo en menos de cinco años
como lo propone Cano. Los recursos del país, y el creciente hueco
fiscal, no lo permiten. Estados Unidos nos lleva ventaja de 10
años en ingeniería genética y de 30 años en la producción de
pesticidas. Entre otras cosas, en Colombia los agroquímicos
aumentaron en promedio sus precios un 40% en el último año, y la
supuesta mano generosa del gobierno no apareció por ningún lado,
de lo cual se concluye que esa reconversión o transferencia de
tecnología no la regalan, la venden y bien cara, lo mismo que los
productos transgénicos. Para empeorar más las cosas, el gobierno
le impone IVA a las materias primas de los agroquímicos, que
representan hasta 50% de los costos de los cultivos, lo que nos
hace menos competitivos. Así, los insumos para el sector
agropecuario serán dos y hasta tres veces más caros que en los
otros países del ALCA, con los que tendremos que competir.

Por todo lo anterior, y ante la decisión del gobierno de iniciar
un acuerdo bilateral, en donde además de los perjuicios para el
agro nacional y el sector industrial, existen grupos de
negociación sobre la propiedad intelectual, las patentes, las
inversiones, las políticas de competencia, los servicios, el
acceso a mercados, la solución de controversias, y se podría
perder hasta la soberanía jurídica, ya que al aprobarse el
tratado por el Congreso de la República, se vuelve ley de leyes,
y los litigios con las empresas transnacionales se fallarán en
tribunales internacionales, como lo mencionamos anteriormente.

Ponemos en máxima alerta al pueblo colombiano, a los empresarios,
agricultores, campesinos, indígenas y obreros, y los invitamos a
divulgar por todos los medios de comunicación la más amplia
resistencia civil al ALCA o a un tratado bilateral de comercio
con Estados Unidos.

¡Soberanía económica, sí! ¡ALCA, no!

¡Soberanía económica, sí! ¡TLC, no!

Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria

ANGEL MARÍA CABALLERO
Presidente