Agricultura,
Inversiones y Propiedad Intelectual, tres razones para decir no al
ALCA
Mientras
la pobreza, desigualdad y concentración de la riqueza, siguen
siendo una constante en América Latina y el Caribe, se vienen
promoviendo acuerdos comerciales y de inversión que limitan
seriamente las posibilidades de desarrollo y erradicación de
la pobreza en los países de la región.  El Area de
Libre Comercio de las Américas pretende sellar un acuerdo que
privilegia los intereses de las grandes corporaciones por encima de
los derechos de la población de las Américas.

Resumen
El
comercio y las inversiones tienen un gran potencial para el
desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la
satisfacción de los derechos básicos.  Sin
embargo, en lugar de realizar este potencial vemos una pobreza
creciente, más desigualdad entre y dentro de los países
y una mayor concentración de la riqueza producida por la
economía mundial. 

Oxfam
Internacional considera que esta contradicción es producto de
las reglas injustas que rigen el comercio y la inversión
internacional y una práctica de dobles estándares, a
través de la cual los intereses de países ricos y sus
grandes empresas están definiendo sus propios términos
de integración con la economía global, en detrimento de
los países más pobres.
Oxfam
Internacional ha lanzado la campaña Comercio Con Justicia,
que busca cambiar el marco negativo de las reglas internacionales de
comercio, especialmente aquellas en discusión en el seno de la
Organización Mundial de Comercio (OMC).  Sin embargo, en
las Américas avanza paralelamente y a toda velocidad la
pretensión de integrar a América Latina y el Caribe en
un sistema de reglas bajo el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), cuyos contenidos pretenden ir mucho más
allá de los aspectos más preocupantes de la propia OMC,
como es el caso de Inversiones y Propiedad Intelectual. 

Además
del ALCA, otra serie de acuerdos bilaterales y sub-regionales se
están negociando de manera acelerada en el continente,
impulsados por los EE.UU.  En particular, parece cobrar especial
ímpetu el proceso de adopción de un área de
libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA por
sus siglas en inglés), que reproduce el mismo marco de
reglas. 

En
el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la población
latinoamericana vivía en la pobreza y, de éstos, 92.8
millones (18.6%) en la indigencia.  Las proyecciones de la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) para el 2002 apuntan a un aumento de la pobreza en
alrededor de 7 millones de personas, de las cuales cerca de 6
millones corresponderían a indigentes.  [i]
Cualquier proyecto de integración tendría que responder
a esta realidad social, pero los postulados propuestos por el ALCA
pretende enraizar en el continente reglas que limitan las
posibilidades de que las políticas y prácticas de
comercio e inversión puedan contribuir a la reducción
de la pobreza, y de ser aprobadas, podrían profundizar aún
más el cuadro de desigualdad y exclusión en la región. 

Oxfam
Internacional se opone al ALCA, y conjuntamente con organizaciones
sociales y civiles en el continente, proponemos la discusión
de reglas alternativas para una integración distinta a la
propuesta en el borrador actual del acuerdo; tal como ha venido
siendo reclamado por la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña
Continental contra el ALCA.
La
eliminación de la pobreza y la promoción del desarrollo
en las Américas requieren de cambios radicales en las reglas. 
Oxfam Internacional ha priorizado tres temas: Agricultura,
Inversiones y Propiedad Intelectual, y proponemos cambios que deben
permitir:
1. 
Reglas de Comercio Justas para la Agricultura, tales
como:
·                  
Un tratamiento especial y diferenciado en la agricultura, tomando en
cuenta las necesidades de seguridad alimentaria y la producción
de los pequeños productores;
·                  
Poner fin al dumping de alimentos baratos que destruyen medios de
vida de millones de personas al establecer una competencia injusta en
los mercados internos;
·                  
Acceso a mercados para los países en desarrollo retirando los
requisitos mínimos de acceso al mercado de los países
ricos;
·                  
Equidad de poder en el mercado, permitiendo a los países la
flexibilidad para apoyar a los pequeños productores y
regulando el comportamiento monopólico de las corporaciones
agrícolas transnacionales.
2. 
Regular la inversión extranjera y ponerla en función de
los intereses de desarrollo nacional, que
incluya:
·                  
Medidas que contribuyan a desarrollar vínculos entre el sector
exportador y la economía local, asegurando el desarrollo de la
capacidad productiva local;
·                  
Regular la inversión cuando tenga el potencial de amenazar los
derechos laborales y ambientales, o aquella que no haga una
contribución al desarrollo;
·                  
Controles para limitar los flujos de inversión especulativa
indirecta y de corto plazo;
·                  
Excluir el concepto de expropiación indirecta y limitar la
posibilidad de que inversionistas extranjeros sobrepasen las leyes e
instancias del país receptor.
3. 
Reglas de propiedad intelectual que garanticen el bienestar público,
·                  
Promover mayores reformas del acuerdo TRIPS e implementación
de la Declaración de Doha, para facilitar el acceso a
medicamentos esenciales de bajo precio;

·                  
Prohibición de patentes sobre recursos genéticos
de plantas para la alimentación y la agricultura;
·                  
Propiedad Intelectual debe quedar fuera de las negociaciones
del ALCA y de otros acuerdos comerciales en la región.
Introducción
Oxfam
Internacional ha lanzado la campaña Comercio con Justicia, que
busca cambiar el marco negativo de las reglas internacionales de
comercio, para hacer que el comercio y las inversiones puedan
contribuir al desarrollo sostenible, la reducción de la
pobreza y la satisfacción de los derechos básicos.
Este
documento forma parte de esta campaña y sustenta los
argumentos de nuestra oposición al ALCA y las alternativas que
proponemos.  No aborda toda la amplia agenda del ALCA, sino que
se centra en tres temas claves para la región: Agricultura,
Inversión y Propiedad Intelectual.  Estos temas ilustran
la relación entre las reglas de comercio y la pobreza, y están
cercanamente ligados al trabajo de contrapartes y aliados de los
programas de Oxfam desde hace muchos años.  A partir de
esta experiencia, Oxfam Internacional considera que la eliminación
de la pobreza y la promoción del desarrollo en las Américas
requieren de cambios radicales en el comercio y la inversión,
y de un modelo de integración distinto.

1         
Agricultura: dobles estándares y pobreza
La
agricultura es una fuente crucial para los medios de subsistencia en
América Latina y el Caribe, y un catalizador potencial clave
para las estrategias de reducción de la pobreza y el
desarrollo en la región.  La agricultura es también
una de las industrias más grandes del mundo, aunque su alcance
internacional es más limitado de lo que inicialmente puede
aparentar, dado que apenas el 10% de la producción agraria se
comercia internacionalmente. 

Sin
embargo, la región encara una crisis crónica de
seguridad alimentaria y de crecimiento de la pobreza en las áreas
rurales.  En toda América Latina y el Caribe, 54 millones
de personas sufren de desnutrición (11% de la población
total), en su mayoría mujeres y niños,[ii]
debido en gran parte a los flagrantes dobles estándares en las
políticas de liberalización del comercio agrícola
-que mantienen subsidios y protección en los países
ricos y obligan a una liberalización en los países en
desarrollo, combinado con el retiro de la inversión pública
en los países en desarrollo y la caída de los precios e
ingresos.
En
la región, la agricultura es fuente de subsistencia para
millones de personas.  En América Latina y el Caribe,
alrededor de 123 millones de personas viven en las áreas
rurales (25% del total de la población) y dependen directa o
indirectamente de la agricultura.  De estos, 77 millones (63.7%)
viven en la pobreza, 47 millones de ellos en extrema pobreza. 
[iii]
En los EE.UU.  y Canadá también existe un gran
número de pequeños productores que vive en la pobreza. 
En EE.UU.  el 14.2% de la población rural es pobre, y más
de 500 pequeñas empresas agrícolas van a la quiebra
cada semana.
Los
países en desarrollo tienen necesidades especiales con
respecto a sus sectores agrícolas: asegurar el acceso a
alimentos para sus ciudadanos más pobres; promover medios de
vida sostenibles para sus grandes poblaciones rurales; y garantizar
el ingreso de divisas para el pago de las importaciones esenciales. 
En la última Revisión de la Cumbre Mundial sobre
Alimentación, los gobiernos del mundo reconocen estas
necesidades especiales reafirmando “la importancia fundamental
de la producción y distribución nacional de alimentos,
la agricultura sostenible y el desarrollo rural, en el logro de la
seguridad alimentaria”.  [iv]
Sin
embargo, la actual política y práctica de comercio
agrícola y la acelerada liberalización propuesta bajo
las reglas del ALCA, ignoran esta dimensión importante de la
agricultura, actúan en favor de la producción a gran
escala para la exportación, e incrementan en los países
de América Latina y el Caribe la dependencia de alimentos
importados.  La supervivencia de pequeños productores,
para quienes no existen alternativas a la agricultura, está
siendo amenazada por el auge del poder de las corporaciones agro
comerciales y su control sobre los mercados.  Aunque la
producción agrícola para la exportación ofrece
oportunidades para algunos, ella constituye sólo un elemento
para el logro de medios de vida sostenibles.  La agricultura es
un sector demasiado importante para la reducción de la
pobreza, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, como
para ser dejado solamente a las fuerzas del mercado global.
Los
dobles estándares de la liberalización comercial
Las
políticas de liberalización agrícola representan
un evidente ejemplo de los dobles estándares en el comercio
internacional.  Mientras que los Estados Unidos (EE.UU.), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) promueven
la liberalización indiscriminada de los mercados agrícolas
en los países en desarrollo, en los países ricos se
mantienen políticas de subsidio y protección. 
Tanto los EE.UU.  como la Unión Europea, continúan
otorgando volúmenes masivos de pagos directos a los
agricultores.
Los
EE.UU.  van más allá que cualquier otro país
en el continente en su apoyo a la agricultura doméstica y, a
pesar de la retórica respecto a reducir las medidas de
distorsión comercial, incrementaron sus subsidios internos a
través de la Ley Agrícola del 2002, en un 80% respecto
de la Ley anterior (1996), superando los US$ 180 mil millones en
distintas medidas de apoyo a los productores estadounidenses, para
los próximos diez años.  Los subsidios para las
exportaciones directas e indirectas también se incluyen como
una herramienta de esta política.
Es
preciso notar que dichos subsidios opulentos no llegan a los pequeños
productores norteamericanos, sino que se concentran en beneficio de
las grandes empresas agrícolas.  El 60% de los pagos
directos se destina a tan sólo un 10% de empresarios
agrícolas, que son dueños de enormes operaciones
comerciales.  De otro lado, el 50% de los agricultores recibe
poco o ningún apoyo estatal.  Es part