Frente a la firma del Tratado de Libre Comercio de Chile con
Estados Unidos, a concretarse el viernes 6 de junio en Miami, la
Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), señala
lo siguiente:

El TLC consolida la vía bilateral para construir el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), como mecanismo para enfrentar las
posibles alianzas y negociaciones de bloques entre países como
Brasil, Argentina, Venezuela y recientemente Ecuador, cuyos
gobiernos han planteado cuestionamientos de fondo al proceso
actual de negociaciones y sus eventuales logros. Países que
desean tener autonomía para definir y realizar sus propias
políticas de desarrollo, la misma que se verá claramente lesionada
con este acuerdo.

Contrariamente a lo que han señalado fuentes oficiales y
empresariales, el establecer reglas de supuesta reciprocidad,
omitiendo las profundas asimetrías entre ambos países, afianzará
la influencia económica, social y cultural estadounidense en
nuestro país.

La situación es altamente incomprensible, si analizamos las
obligaciones que implicará este acuerdo con la potencia más
poderosa del mundo, cuya administración se ha caracterizado por
imponer políticas unilaterales tendientes a asegurar una absoluta
hegemonía comercial a nivel mundial.

En vez de proporcionar mayor acceso a mercados y diversificar la
oferta exportadora, el TLC sólo reforzará nuestras actuales
ventajas comparativas, basadas en materias primas y recursos
naturales, con bajo valor agregado. Esta estrategia, implementada
por más de dos décadas, ha significado una mayor injerencia de las
compañías transnacionales - particularmente estadounidenses - en
áreas estratégicas del país, más desempleo y constantes procesos
de privatización.

El proceso de negociaciones culmina sin que las demandas de la
sociedad civil fueran recogidas. En el caso del encaje, al
quitarle su esencia de instrumento regulador del ingreso de
capitales especulativos, el cual podía ser usado como un elemento
anticipatorio de las crisis - tal como fue en los noventa -, ha
quedado reducido a una medida excepcional, que será utilizada
cuando las crisis de fuga de capitales ya se hayan declarado. La
renuncia a este mecanismo, implica mayor vulnerabilidad frente a
las crisis financieras derivadas de la volatilidad del flujo de
capitales.

Asimismo, tampoco fueron recogidas las demandas en torno a la
agricultura tradicional, la pequeña empresa y la propiedad
intelectual. En este sentido, campearon los intereses y
derechosde las empresas transnacionales ligadas a las
exportaciones de materias primas y servicios, en desmedro de los
derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de
género, de los distintos sectores de la sociedad civil.

La firma de este acuerdo no es un logro de la diplomacia chilena,
ni una concesión per sede la administración Bush. El TLC refleja
la agenda de los poderosos intereses corporativos estadounidenses
en juego: según The Heritage Foundation, la Asociación Nacional de
Manufactureros de Estados Unidos ( NAM, por sus siglas en inglés
), su entrada en vigencia reportaría ventas a estos sectores de
hasta US$ 800 millones cada año.

Por otra parte, también hay que señalar que Chile suscribe un
acuerdo que no significará mayores rebajas de aranceles para la
mayor parte de las exportaciones chilenas, dado el Sistema General
de Preferencias, SGP.

El supuesto acceso al mercado estadounidense se verá restringido
también por los mecanismos de antidumping y la discrecionalidad de
Estados Unidos en materia agrícola, aspecto que quedó sin tocarse.

Cabe señalar, que el gobierno chileno opta por esta iniciativa en
el peor momento económico de Estados Unidos, país que se encuentra
al borde de una nueva recesión (o débil crecimiento), y por tanto
no quedan tan claras las ganancias del comercio de largo plazo.

Otro aspecto altamente preocupante, es la búsqueda de
compensaciones por la menor recaudación que producirá la baja de
aranceles, debido a la suscripción de los TLC con la UE, Corea y
EE.UU. Resulta incomprensible que recién hoy se esté estudiando
improvisadamente un mecanismo compensatorio y que el tema nunca
haya estado presente en el debate público.

En este contexto, las medidas propuestas, entre ellas, el
incremento del IVA, significará que el costo de los acuerdos lo
pagarán los consumidores locales, particularmente los sectores más
desposeídos. Al mismo tiempo, es un traslado del peso tributario
desde los bienes y servicios hacia todos los otros bienes y
servicios disponibles para el mercado interno, incluyendo la
producción nacional.

Esta situación, es aún más preocupante porque existe otro
mecanismo para fortalecer las arcas fiscales: los royalties a las
empresas transnacionales mineras, el cual fue descartado por el
Gobierno. Cabe resaltar el hecho, que la mayor inversión
extranjera en la minería chilena, proviene justamente de Canadá y
Estados Unidos, cuyas empresas no pagan impuestos. Las
inversiones de estos países están protegidas con los TLC de ambos
países.

En cuanto a las privatizaciones anunciadas, éstas constituyen más
de lo mismo: minimizar el tamaño del Estado y ampliar el espacio
para el sector privado. Lo riesgoso de privatizar, para financiar
el déficit del sector público, es que suele ser pan para hoy y
hambre para mañana. A lo anterior, es necesario agregar que por
lo general estos procesos se traducen en despidos masivos de
trabajadores, alza de tarifas y precarización laboral.

La firma del TLC abre un proceso de ratificación parlamentaria,
que también es profundamente antidemocrático: bajo la modalidad
actual, los legisladores chilenos y estadounidenses sólo tienen la
posibilidad de aprobar o rechazar en bloque el acuerdo, sin
introducir posibles modificaciones, que tiendan a mejorar las
condiciones del actual acuerdo. Una vez más, la concesión de
soberanía en los TLC refleja la adopción de un Norte alejado de
los resguardos que el país necesita.

Es por ello que la ACJR formula las siguientes propuestas :

Al Parlamento :

- No aprobar un acuerdo que claramente es lesivo para los
intereses de las grandes mayorías del país e impulsar instancias y
mecanismos de discusión pública sobre los temas claves de estas
negociaciones comerciales.

- Invitar a sectores de la sociedad civil a participar en las
reuniones de las comisiones ad hoc sobre la materia.

- Cuestionar las concesiones en el acuerdo que limitan el
ejercicio de soberanía del Parlamento.

- Exigir la inclusión de mecanismos de evaluación de los acuerdos.

A la comunidad:

- Ampliar las campañas de información y articulación sobre los
verdaderos propósitos de los TLC a nivel nacional y regional.

- Realizar seguimiento y monitoreo de los efectos concretos que
efectivamente tendrán estos acuerdos en el tiempo.

- Crear las condiciones para formular propuestas como la
exigibilidad ciudadana, frente a las negociaciones comerciales, en
particular, en torno a la penalización de las empresas
trasnacionales, cuando éstas no respeten los derechos económicos,
sociales y culturales de los países donde se instalan.

- Demandar la creación de fondos compensatorios para los sectores
sociales y productivos que serán más afectados por este acuerdo.

Organizaciones miembros de la ACJR:

Instituto de Ecología Política (IEP)
Consumer's International
Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU)
Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS )
Red Internacional de Género y Comercio - Capítulo Chile
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC )
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (
CODEPU)
Liga de Consumidores Conscientes
Agrupación Ayun
Asociación de Peruanos por la Integración de América Latina (APILA)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y Democracia

Santiago, 5 de junio del 2003.