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TLC ANDINOS-UNIÓN EUROPEA

Advierten que acuerdo comercial de UE y Colombia elevará riesgo ambiental

El crecimiento de la producción agrícola e industrial de Colombia, Perú y Ecuador tras concluir su acuerdo comercial con la Unión Europea generará más contaminación y mayores riesgos para la biodiversidad en esos países, según la "Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad" (EIS) del comercio entre la UE,  impulsada por la Comisión Europea. El estudio también muestra las ventajas que ese acuerdo puede aportar a la conservación del medioambiente, así como su "impacto social positivo" en diferentes ámbitos.  Las partes interesadas podrán aportar sus contribuciones hasta el próximo 3 de junio, antes de la publicación del informe definitivo en agosto.

En primer lugar, la evaluación constata que el crecimiento en el sector agrícola y de alimentos procesados ejercerá una "presión adicional" tanto en la tierra como en el agua, un medio en el que la contaminación es un "problema serio" en los países andinos. Además, advierte de que en el subsector de los productos agrícolas, "pocas empresas" cumplen con la normativa estándar de control de deshechos industriales. La deforestación es otra "presión adicional" , indica, y manifiesta que el crecimiento del mercado de productos madereros procesados añadirá "más problemas a la actual tendencia a la deforestación".

Asimismo, estima que la conversión de hábitats prístinos y de recursos naturales en campos de producción agrícola y explotaciones mineras conllevará "implicaciones negativas significativas" para la biodiversidad, en una región como la andina que está considerada "una de las áreas ecológicas más diversas del mundo".

Sin embargo, destaca que si se facilita el mercado para agriculturas no tradicionales, junto a medidas adicionales que ayuden a los pequeños granjeros a entrar en mercados europeos selectivos (de alimentos orgánicos, comercio justo y similares) , se puede producir un "impacto positivo" en la conservación de la biodiversidad..  El Espectador-Colombia (Vea el texto completo dando click aquí o en la carátula del documento a la derecha de esta nota)

Ecuador no se fija plazos para negociar con la UE

Fander Falconí, canciller  ecuatoriano, aseguró que Ecuador no tiene un plazo fijo para la negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea.   El objetivo del gobierno es lograr la mejor negociación posible en el tiempo que se requiera "en función de los intereses estratégicos del país".      "Así como somos terriblemente ineficientes en algunas cosas, queremos aparecer absolutamente eficientes en otras y cerrar una negociación con la Unión Europea en seis meses, como quiere hacer Colombia y Perú, ¿por qué?", expresó Falconí. Puso como ejemplo a Chile que demoró doce años en negociar su tratado comercial con Europa.

En ese sentido, reconoció que, en “algunas mesas” de la negociación necesitará “un tiempo mayor” que Colombia y Perú para concretarla. “No abandonamos las mesas, sino que la UE ha accedido a (la petición de Ecuador de) tener un ritmo diferente” y tanto Colombia como Perú “lo aceptaron”, dijo Falconí.  Precisó que son cinco mesas (propiedad intelectual, los servicios financieros, las compras públicas, la competencia y el acceso a los mercados agrícolas.) en las que por el momento Ecuador actuará como “observador”, mientras se contempla que los asuntos a tratar no contradicen lo estipulado por la nueva Constitución aprobada en septiembre pasado El Telégrafo-Ecuador   . Ansa Latina

Wilfrido Ruiz, representante de la sociedad civil ecuatoriana y veedor de las negociaciones, manifestó que Ecuador debe sincerar sus intenciones frente a la UE si desea avanzar en un acuerdo bilateral.   Según Ruiz, el objetivo del bloque europeo es lograr un TLC en similares condiciones al fallido proceso con Estados Unidos, con el cual no es partícipe el actual Gobierno. “Si el Ecuador no comparte este criterio hay que explicitarlo antes de concluir este proceso”, dijo. . El Telégrafo-Ecuador

TLC PERU-ESTADOS UNIDOS

 
Advierten que derogatoria de DL 1090 dificultaría implementación de TLC con EEUU

Antonio Brack Egg, ministro del Ambiente, opinó que el pleno del Congreso debería reflexionar sobre la derogatoria del D.Leg. 1090, aprobada en la Comisión de Constitución, para evitar comprometer el TLC con EEUU.    "No podemos comprometer el TLC que tanto tiempo nos ha costado concertar con EEUU sólo porque una minoría cree que debemos derogar un decreto", dijo.  De ratificarse la abrogación de dicho decreto en el pleno del Congreso, advirtió  que el país quedará sin Ley Forestal y sin implementar el anexo de zonas boscosas del TLC, lo que perjudicaría al país en su conjunto. 
Expreso Perú - Gestion Perú

Eduardo Ferreyros, viceministro de Comercio Exterior, advirtió que con la ratificación de la declaratoria de inconstitucionalidad del D.Leg. 1090 podría dificultarse la implementación del TLC con EE UU por lo que pidió a los legisladores ser cautelosos en su decisión.  "Esta norma tiene como único objetivo ordenar el manejo de los bosques porque en estos momentos hay problemas de deforestación debido a la falta de controles suficientes. Lo que se busca es ordenar para beneficio de todos, es decir, de la comunidad indígena y del mundo que quiere mantener los bosques vivos", comentó.  Expreso Perú

José Vargas, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, indicó que el TLC con EEUU podría verse saboteado si se derogara el D.Leg. 1090 y las demás normas cuestionadas por las comunidades amazónicas.Esto sería sólo una muestra de que Alberto Pizango y otros dirigentes estarían "totalmente desinformados", ya que en vez de promover el desarrollo y progreso de los pueblos alejados, está restándoles competitividad y condenándolos al atraso.   "Espero que algunas bancadas que votaron contra el DL 1090 reflexionen y en el Pleno rectifiquen su posición. Hay otros decretos que son claves para modernizar no solo a la selva, sino a otras zonas del país, incluyendo sierra y selva, y si los derogan, habrá más descontento social", acotó.  Expreso Perú

La Revista Caretas, sostiene que la huelga de los nativos amazónicos en contra de los decretos legislativos que consideran lesivos a sus derechos, es realmente una trifulca de fondo sobre cómo y quiénes son los directos beneficiarios del aprovechamiento de los ingentes recursos forestales, agrarios, de hidrocarburos y el agua en la Amazonía. Pero llegar al extremo de reclamar propiedad sobre éstos por tratarse de poblaciones originales de la Amazonía "desafía la promesa de la vida republicana". Añade que los derechos nativos invocados por las comunidades están en gran medida reconocidos en los DL "materia del zafarrancho".   Caretas

Manuel Pulgar Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), considera que los derechos de las comunidades nativas están plenamente consagrados en los dispositivos legislativos promulgados como parte del paquete para implementar el TLC con EEUU. “No se les puede dar propiedad porque así lo regula nuestro texto constitucional, nos guste o nos guste”, afirmó.   El tema quedó meridianamente zanjado en 1997, al promulgarse la Ley 26821 de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Dicha norma estableció que “los recursos naturales son de dominio del Estado, y los derechos de los particulares no implican un desprendimiento de dominio”, explicó Pulgar Vidal.

En ese plan, la figura máxima de transferencia es la concesión y las licencias o permisos de uso sobre los recursos naturales silvestres.  “Las comunidades en la selva se titulan en donde están asentadas las poblaciones, otorgándoseles propiedad sólo sobre la tierra de uso agrícola o agropecuaria. Pero en el caso de las tierras con cobertura boscosa el Estado da cesiones de uso, porque los RRNN en estado silvestre no pueden venderse por mandato constitucional".

De acuerdo a Pulgar Vidal, en 1997, la Ley Sobre el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales previamente citada, fue orgánica, y ésta estableció que la reglamentación de cada uno de sus capítulos se desarrollen a través de “leyes especiales” y perfectamente ordinarias. Tal es así, que el presente Congreso ha promulgado, vía leyes ordinarias, la Ley 29317, en enero del 2009, que incorporó modificaciones necesarias al DL 1090, de junio del 2008. Y, también, promulgó la Ley de Recursos Hídricos o Ley de Aguas, bajo el mismo mecanismo, sin que nadie chistara sobre su aparente inconstitucionalidad. “!Es el Congreso contra el Congreso!”, concluyó intrigado.