El nombre del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas sugiere que
tiene que ver fundamentalmente con asuntos comerciales, como las
importaciones. Sin embargo, los aspectos comerciales del ALCA son
apenas lo más superficial de su contenido y efectos. Realmente el
ALCA afecta los más importantes aspectos de la economía y la política
y el derecho a la tierra es uno de estos aspectos claves.

Las llamadas "garantías" para los inversionistas incluyen la
consideración de la tierra como una mercancía; un régimen de
propiedad intelectual que permite patentar y controlar la vida y la
producción agropecuaria, mediante las patentes y la difusión de los
transgénicos de las transnacionales y; el cambio de las normas
legales y constitucionales que defienden los derechos colectivos,
económicos, sociales y culturales.

Las inversiones del ALCA a la vez que buscan vender los productos de
Estados Unidos en Lationoamérica e intentan usar mano de obra barata,
buscan llevar a Estados Unidos los recursos naturales de la región,
comenzando con el petróleo y la electricidad requeridos para
solucionar la actual crisis energética. Estos objetivos implican la
construcción de una gigantesca infraestructura, cuya proyección se
encuentra estipulada en el Plan Puebla Panamá, el proyecto de canal
interoceánico del Atrato y la Iniciativa de Integración de la
Infraestructura Regional de Suramérica IIRSA.

Esta infraestructura del ALCA consiste en la construcción de represas
hidroeléctricas, grandes carreteras, canales y puertos, que se harían
sobre las tierras de comunidades rurales de todo el continente. En
México el tratado de comercio de América del Norte impuso, para abrir
el paso a los inversionistas, la derogatoria de la norma de la
constitución que garantizaba la inalienabilidad de los ejidos y
tierras comunales indígenas y campesinas. Por ejemplo el ejido de
San Salvador de Atenco iba a ser expropiado por el presidente Fox
para construir un nuevo aeropuerto y sólo la lucha masiva de los
campesinos pudo evitarlo, ya que la garantía constitucional ya no
existe.

Actualmente los campesinos mexicanos se encuentran en una gran lucha
unitaria contra ese tratado. Sin embargo hace diez años la mayoría
de las organizaciones campesinas (no todas) claudicaron frente al
tratado y por lo mismo aceptaron la derogatoria del artículo de la
constitución que protegía el derecho colectivo a la tierra. Entonces
se dejaron seducir por los cantos de sirena que los llamaron a
"modernizarse" priorizando la producción y olvidándose del derecho a
la tierra. Desafortunadamente la mayoría de las organizaciones se
dedicaron a proyecto productivos dentro del esquema de cadenas y
alianzas productivas. Las consecuencias han sido funestas.

La trampa comercial de estos tratados une en México la importación de
los productos agropecuarios de Estados Unidos fuertemente
subsidiados, con la consideración de la tierra como mercancía sobre
la cual no existe derecho comunitario y la difusión de maíz
transgénico que ha contaminado lejanas regiones del país, de manera
que las transnacionales han podido quitar de las manos de los
agricultores nacionales la diversidad genética de este cultivo
original del país.

Desde luego en México tanto los zapatistas como otras organizaciones
lucharon estos diez años contra la claudicación de la mayoría y hoy
están a la cabeza de una gran lucha unitaria con el lema de "el campo
ya no aguanta más". Pero ¿Por qué tantos claudicaron? Porque
sucumbieron a una falsa idea de "modernización" que subestima la
tierra y la dominación política y sobrestima el comercio y la
eficiencia productiva.

El campesino, el indígena, el afrodescendientes, sin el derecho
inalienable a la tierra, es presa fácil en los contratos comerciales
con las grandes empresas, que ellas denominan flamantemente
"alianzas". Las transnacionales son desde luego las más
beneficiadas, pues controlan el mercadeo mundial de los productos y
pueden bajar los precios a los productores y decidir a su antojo
importaciones ruinosas para los productores nacionales. La tierra,
la misma que han asegurado que no tiene importancia, es capturada y
concentrada, bien sea mediante expropiaciones o remates por deudas, o
porque los agricultores desesperados y desanimados venden o mediante
la violencia, como en Colombia. En sus manos entonces se demuestra
qué tan importante es la tierra y la lucha por controlarla.

Una parte indispensable del enfrentamiento contra el ALCA consiste en
la defensa del derecho a la tierra. En Colombia es necesario
defender el carácter inalienable de las tierras colectivas de
indígenas y afrocolombianos y además ganar la constitución de
reservas campesinas inalienables, a la vez que se recuperan las
tierras perdidas por los desplazados por la violencia y los quebrados
por la apertura económica y mediante la protección de l a producción
nacional y la reforma agraria se aprovechan las 4 millones 700 mil
hectáreas aptas para uso agrícola que están intensamente
subutilizadas por el latifundio.

La lucha por el derecho a la tierra no solamente es compatible sino
que es necesaria para luchar contra el ALCA y el gran frente contra
el ALCA será más fuerte y masivo si luchamos por el derecho a la
tierra.

CONSEJO NACIONAL CAMPESINO

febrero 15 de 2003