El Parlamento dio luz verde al proyecto 2959, que modifica 11 dispositivos legales vigentes, entre ellos el Código Penal, la Ley General de Salud y decretos legislativos (D.L.) referidos a los derechos de autor, patentes, marcas, así como la Ley de Facilitación de Comercio Exterior.  Luego se aprobó el proyecto 2958,  que modifica el D.L. 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  Ambos proyectos de ley son requeridos para la implementación del TLC con EEUU, y fueron presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia y dispensados del paso por comisiones por la Junta de Portavoces. 

La votación se realizó luego de que la bancada nacionalista se retirara del hemiciclo durante la discusión del proyecto 2958, señalando que podrían presentar una acción de inconstitucionalidad contra la norma, debido a que consideraban que se estaba modificando una ley orgánica, lo cual requiere el apoyo de la mayoría calificada (81 votos).   Ambas iniciativas fueron exoneradas de la segunda votación, así que solo resta que el Ejecutivo las promulgue.

Por otro lado, el Ministerio de Economía publicó ayer 2 reglamentos referidos a propiedad intelectual y procedimientos aduaneros, relativos al proceso de implementación del TLC con EE.UU. El primero referido a las medidas de frontera para protección de derechos de propiedad intelectual y el segundo a la valoración aduanera de productos digitales - "softwares".

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó modificaciones al marco legal del sector telecomunicaciones para incorporar algunas precisiones sobre la comercialización o reventa de tráfico. Una actividad que se tuvo que reglamentar a raíz del pedido de EE.UU., dentro del marco de la firma del TLC, para que se genere competencia en el segmento de telefonía fija.  La comercialización permite a una persona natural o jurídica comprar tráfico (minutos para hacer llamadas) a un operador de telefonía fija o móvil a un precio mayorista a fin de revenderlo a clientes finales. Para ello el intermediario tiene que inscribirse en un registro de comercializadores.

Reacciones:

Mercedes Aráoz, ministra de Comercio Exterior; adelantó que la aprobación de las normas permitirá que el TLC con EE.UU. entre en vigencia el 1 de febrero. También anunció que a fin de mejorar la fiscalización de las concesiones forestales y cumplir los compromisos asumidos por el Perú en el TLC con EEUU, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que incremente de manera sustantiva el presupuesto de la Oficina de Supervisión de Concesiones Forestales Maderables (Osinfor).

También anunció que esta semana se emitirán 20 reglamentos de leyes referidas al TLC, y para hoy se tiene previsto la aprobación de los decretos supremos faltantes para implementar el acuerdo.  Además, indicó que es necesario realizar la inscripción de la propiedad de vegetales ante la OMPI, proceso que ya se ha iniciado. Dijo que es posible que hoy el Congreso de EEUU redacte un documento en el que informe al presidente George Bush sobre la aprobación de los proyectos en el Parlamento peruano, y este a su vez declare que el Perú está acreditado como país que implementó el acuerdo comercial. *

Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Amazónicos del Congreso, señaló que el proyecto 2958 debió ser analizado en su grupo de trabajo por estar este directamente vinculado al tema.  Además, reiteró que la norma no corrige la esencia del DL 1090 por cuanto a través de una atigencia permite que tierras que pertenecen al Patrimonio Forestal Nacional sean declaradas “proyectos de interés nacional” y de esta forma puedan ser dadas en concesión a transnacionales para la producción de biocombustibles. Cuestionó también que el  Ejecutivo imponga su proyecto sin considerar que existe el dictamen 2691, que propone una nueva Ley Forestal, “que sí fue consultada a los pueblos indígenas y amazónicos, así como a los empresarios mypes que trabajan con madera”.   Al final de su intervención anunció que su agrupación política se retiraba del hemiciclo para dejar sentado su rechazo a una norma anticonstitucional y para hacer respetar los fueros del Congreso.

Daniel Abugattás, congresista, anunció que ayer,  la bancada del Partido Nacionalista, acompañada de dirigentes de Convegro, Confederación Nacional Agraria, Junta de Regantes, entre otros, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1090 y otros aprobados por el Ejecutivo para implementar el TLC con Estados Unidos.  La Constitución establece que el manejo de los recursos naturales solo puede legislarse a través de leyes orgánicos y no de decretos legislativos, como pretende el gobierno. “Esto está ratificado con la sentencia 0022-2004 del Tribunal Constitucional”, afirmó.

Oswaldo Luizar, congresista, señaló que el DL 1090 es inconstitucional, pues norma sobre temas que deben ser objeto de una ley orgánica y que, por lo tanto, solo corresponde aprobar al Congreso. "Con este proyecto [2958] ahora el Ejecutivo quiere legalizar el DL 1090", cuestionó.

Elizabeth León, congresista, dijo que con el proyecto 2958, el propio Ejecutivo puede declarar de interés nacional un proyecto de concesión de tierras, entregarlo al concesionario y obligar a que las comunidades que usan esas tierras las abandonen.

Antonio Brack, ministro del Ambiente, desestimó las críticas referidas a que el proyecto 2858 no subsana los errores del DL 1090, y  pone en riesgo la intangibilidad de los bosques amazónicos. “Con las modificaciones se hace más estricta la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Se han levantado todas las observaciones de ONGs”, afirmó.

Manuel Pulgar Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental señaló que una de las propuestas se refiere a establecer mecanismos para controlar fraudes a partir de la adquisición de maderas ilegales, amparándose en la presunción de buena fe.  "Esta iniciativa puede constituir un avance concreto en la medida en que se establezcan mecanismos que faciliten el comercio legal de productos forestales por actores que cumplen con el marco jurídico y se dificulte al que adquiere de fuentes ilegales, aun cuando actúe con una supuesta buena fe", opinó.

Julio Guadalupe, especialista del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, indicó que la norma sobre propiedad intelectual publicada ayer establece un mecanismo ágil para que los titulares de derechos de propiedad intelectual registrados ante el Indecopi puedan impedir el ingreso al país de mercancía que infrinja sus legítimos derechos (piratería, falsificación, mercancía similar al nivel de confusión).  Otra norma sobre productos digitales pretende corregir, en algo, la situación generada con la creación de la figura del denominado "software imponible" (software ligado al funcionamiento de un equipo), el cual resultaba gravado con tributos a la importación aun en caso de que fuese transmitido del exterior al país vía remota (sin estar incorporado en un soporte físico).  "La norma aclara que los productos digitales (softwares), sea cual sea su naturaleza, que ingresen al país por vía remota no tributan en aduana", precisó.

Rosa Bueno, presidenta de la Comisión de Tratados Internacionales de la Cámara de Comercio de Lima, indicó que entre las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo para implementar el TLC se encuentran mayores sanciones contra los delitos ecológicos y de propiedad intelectual en la legislación penal. "Nosotros no creemos que el hecho de que las penas sean mayores desincentiven las conductas delictivas, pero han sido exigencias del Gobierno de Estados Unidos que había que cumplir", agregó la ejecutiva.

Acerca de las modificaciones en lo referente a los datos de prueba, se implementará una protección de 60 días para dicha información referida a medicamentos. "El registro sanitario era automático, no había una posibilidad de implementar esta protección de datos de prueba. Lo que se ha propuesto es que no sea automático, sino que tenga una duración de 60 días, cuya solicitud de registro sea publicada y, en consecuencia, los titulares de patentes o de secretos industriales puedan reclamar el derecho para la protección de sus datos de prueba".

Patricia Teullet, gerenta general de Cómex Perú, opinó que los cambios que se han propuesto no van a perjudicar a ningún sector en particular. Ellos están reflejando lo que se está negociado en el tratado de libre comercio. Pero es cierto que en el tema forestal, el decreto legislativo que se había aprobado en la gestión del ministro de Agricultura Ismael Benavides estaba constituido por unas normas muy avanzadas que trataban de dar mayor flexibilidad a las inversiones forestales, y Estados Unidos ha pedido que esto no se haga como parte del tratado de libre comercio, sino que se regrese a la legislación que tenía el Perú originalmente; se trata de un tema puntual de concesiones privadas.

Susan Schwab, representante comercial de Estados Unidos (USTR), estimó  que el TLC entre Perú y EEUU entraría en vigencia esta semana, es decir, antes de que el presidente George W. Bush ceda el mando a Barack Obama. No obstante, dijo que se debe asegurar que ambos países hayan cumplido todas las condiciones establecidas en el acuerdo comercial.  Fuentes allegadas dijeron que tanto en el USTR como en la Casa Blanca hay la mejor voluntad para proclamar la vigencia plena del TLC antes del martes 20 de enero con la firma del presidente George W. Bush.   "Todos aspiramos a culminar el proceso final de implementación del TLC con el Perú bajo la administración Bush, pero los peruanos tienen que apurarse", aseguraron las fuentes.
Leer texto de la noticia en las siguientes fuentes: Peru21,  La República,  El Comercio Gestión1  Gestión2

[REDGE Vigilancia TLC] Noticias 14 de enero 2009
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