Mientras la pobreza, desigualdad y
concentración de la riqueza, siguen siendo una constante en
América Latina y el Caribe, se vienen promoviendo acuerdos
comerciales y de inversión que limitan seriamente las
posibilidades de desarrollo y erradicación de la pobreza en
los países de la región. El Area de Libre Comercio de
las Américas pretende sellar un acuerdo que privilegia los
intereses de las grandes corporaciones por encima de los derechos de
la población de las Américas.

Resumen
El comercio y las inversiones
tienen un gran potencial para el desarrollo sostenible, la reducción
de la pobreza y la satisfacción de los derechos básicos.
Sin embargo, en lugar de realizar este potencial vemos una pobreza
creciente, más desigualdad entre y dentro de los países
y una mayor concentración de la riqueza producida por la
economía mundial.

Oxfam Internacional considera que
esta contradicción es producto de las reglas injustas que
rigen el comercio y la inversión internacional y una práctica
de dobles estándares, a través de la cual los intereses
de países ricos y sus grandes empresas están definiendo
sus propios términos de integración con la economía
global, en detrimento de los países más pobres.

Oxfam Internacional ha lanzado la
campaña Comercio Con Justicia, que busca cambiar el
marco negativo de las reglas internacionales de comercio,
especialmente aquellas en discusión en el seno de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin embargo, en las
Américas avanza paralelamente y a toda velocidad la pretensión
de integrar a América Latina y el Caribe en un sistema de
reglas bajo el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), cuyos contenidos pretenden ir mucho más allá de
los aspectos más preocupantes de la propia OMC, como es el
caso de Inversiones y Propiedad Intelectual.

Además del ALCA, otra serie
de acuerdos bilaterales y sub-regionales se están negociando
de manera acelerada en el continente, impulsados por los EE.UU. En
particular, parece cobrar especial ímpetu el proceso de
adopción de un área de libre comercio entre Estados
Unidos y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés),
que reproduce el mismo marco de reglas.

En el 2001, 214 millones de
personas, casi el 43% de la población latinoamericana vivía
en la pobreza y, de éstos, 92.8 millones (18.6%) en la
indigencia. Las proyecciones de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el 2002 apuntan a
un aumento de la pobreza en alrededor de 7 millones de personas, de
las cuales cerca de 6 millones corresponderían a indigentes.

[i] Cualquier proyecto de
integración tendría que responder a esta realidad
social, pero los postulados propuestos por el ALCA pretende enraizar
en el continente reglas que limitan las posibilidades de que las
políticas y prácticas de comercio e inversión
puedan contribuir a la reducción de la pobreza, y de ser
aprobadas, podrían profundizar aún más el cuadro
de desigualdad y exclusión en la región.

Oxfam Internacional se opone al
ALCA, y conjuntamente con organizaciones sociales y civiles en el
continente, proponemos la discusión de reglas alternativas
para una integración distinta a la propuesta en el borrador
actual del acuerdo; tal como ha venido siendo reclamado por la
Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental
contra el ALCA.

La eliminación de la pobreza
y la promoción del desarrollo en las Américas requieren
de cambios radicales en las reglas. Oxfam Internacional ha priorizado
tres temas: Agricultura, Inversiones y Propiedad Intelectual, y
proponemos cambios que deben permitir:
1. Reglas de Comercio Justas para
la Agricultura, tales como:

Un tratamiento especial y
diferenciado en la agricultura, tomando en cuenta las necesidades de
seguridad alimentaria y la producción de los pequeños
productores;

Poner fin al dumping de
alimentos baratos que destruyen medios de vida de millones de
personas al establecer una competencia injusta en los mercados
internos;

Acceso a mercados para los
países en desarrollo retirando los requisitos mínimos
de acceso al mercado de los países ricos;

Equidad de poder en el
mercado, permitiendo a los países la flexibilidad para apoyar
a los pequeños productores y regulando el comportamiento
monopólico de las corporaciones agrícolas
transnacionales.

2. Regular la inversión
extranjera y ponerla en función de los intereses de desarrollo
nacional, que incluya:

Medidas que contribuyan a
desarrollar vínculos entre el sector exportador y la economía
local, asegurando el desarrollo de la capacidad productiva local;

Regular la inversión
cuando tenga el potencial de amenazar los derechos laborales y
ambientales, o aquella que no haga una contribución al
desarrollo;

Controles para limitar los
flujos de inversión especulativa indirecta y de corto plazo;

Excluir el concepto de
expropiación indirecta y limitar la posibilidad de que
inversionistas extranjeros sobrepasen las leyes e instancias del
país receptor.

3. Reglas de propiedad
intelectual que garanticen el bienestar público,

·        
Promover mayores reformas del
acuerdo TRIPS e implementación de la Declaración de
Doha, para facilitar el acceso a medicamentos esenciales de bajo
precio;

·        
Prohibición de
patentes sobre recursos genéticos de plantas para la
alimentación y la agricultura;

·        
Propiedad Intelectual debe
quedar fuera de las negociaciones del ALCA y de otros acuerdos
comerciales en la región.
Introducción
Oxfam Internacional ha lanzado la campaña Comercio con
Justicia, que busca cambiar el marco negativo de las reglas
internacionales de comercio, para hacer que el comercio y las
inversiones puedan contribuir al desarrollo sostenible, la reducción
de la pobreza y la satisfacción de los derechos básicos.

Este documento forma parte de esta campaña y sustenta los
argumentos de nuestra oposición al ALCA y las alternativas que
proponemos. No aborda toda la amplia agenda del ALCA, sino que se
centra en tres temas claves para la región: Agricultura,
Inversión y Propiedad Intelectual. Estos temas ilustran la
relación entre las reglas de comercio y la pobreza, y están
cercanamente ligados al trabajo de contrapartes y aliados de los
programas de Oxfam desde hace muchos años. A partir de esta
experiencia, Oxfam Internacional considera que la eliminación
de la pobreza y la promoción del desarrollo en las Américas
requieren de cambios radicales en el comercio y la inversión,
y de un modelo de integración distinto.
1    
Agricultura: dobles estándares y pobreza

La agricultura es una fuente crucial para los medios de
subsistencia en América Latina y el Caribe, y un catalizador
potencial clave para las estrategias de reducción de la
pobreza y el desarrollo en la región. La agricultura es
también una de las industrias más grandes del mundo,
aunque su alcance internacional es más limitado de lo que
inicialmente puede aparentar, dado que apenas el 10% de la producción
agraria se comercia internacionalmente.

Sin embargo, la región encara una crisis crónica de
seguridad alimentaria y de crecimiento de la pobreza en las áreas
rurales. En toda América Latina y el Caribe, 54 millones de
personas sufren de desnutrición (11% de la población
total), en su mayoría mujeres y niños,[ii]

debido en gran parte a los flagrantes dobles estándares en las
políticas de liberalización del comercio agrícola
-que mantienen subsidios y protección en los países
ricos y obligan a una liberalización en los países en
desarrollo, combinado con el retiro de la inversión pública
en los países en desarrollo y la caída de los precios e
ingresos.
En la región, la agricultura es fuente de subsistencia para
millones de personas. En América Latina y el Caribe, alrededor
de 123 millones de personas viven en las áreas rurales (25%
del total de la población) y dependen directa o indirectamente
de la agricultura. De estos, 77 millones (63.7%) viven en la pobreza,
47 millones de ellos en extrema pobreza. [iii]

En los EE.UU. y Canadá también existe un gran número
de pequeños productores que vive en la pobreza. En EE.UU. el
14.2% de la población rural es pobre, y más de 500
pequeñas empresas agrícolas van a la quiebra cada
semana.
Los países en desarrollo tienen necesidades especiales con
respecto a sus sectores agrícolas: asegurar el acceso a
alimentos para sus ciudadanos más pobres; promover medios de
vida sostenibles para sus grandes poblaciones rurales; y garantizar
el ingreso de divisas para el pago de las importaciones esenciales.
En la última Revisión de la Cumbre Mundial sobre
Alimentación, los gobiernos del mundo reconocen estas
necesidades especiales reafirmando “la importancia fundamental
de la producción y distribución nacional de alimentos,
la agricultura sostenible y el desarrollo rural, en el logro de la
seguridad alimentaria”. [iv]

Sin embargo, la actual política y práctica de
comercio agrícola y la acelerada liberalización
propuesta bajo las reglas del ALCA, ignoran esta dimensión
importante de la agricultura, actúan en favor de la producción
a gran escala para la exportación, e incrementan en los países
de América Latina y el Caribe la dependencia de alimentos
importados. La supervivencia de pequeños productores, para
quienes no existen alternativas a la agricultura, está siendo
amenazada por el auge del poder de las corporaciones agro comerciales
y su control sobre los mercados. Aunque la producción agrícola
para la exportación ofrece oportunidades para algunos, ella
constituye sólo un elemento para el logro de medios de vida
sostenibles. La agricultura es un sector demasiado importante para la
reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad ambiental, como para ser dejado solamente a las
fuerzas del mercado global.

Los dobles estándares de la liberalización
comercial
Las políticas de liberalización agrícola
representan un evidente ejemplo de los dobles estándares en el
comercio internacional. Mientras que los Estados Unidos (EE.UU.), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) promueven
la liberalización indiscriminada de los mercados agrícolas
en los países en desarrollo, en los países ricos se
mantienen políticas de subsidio y protección. Tanto los
EE.UU. como la Unión Europea, continúan otorgando
volúmenes masivos de pagos directos a los agricultores.

Los EE.UU. van más allá que cualquier otro país
en el continente en su apoyo a la agricultura doméstica y, a
pesar de la retórica respecto a reducir las medidas de
distorsión comercial, incrementaron sus subsidios internos a
través de la Ley Agrícola del 2002, en un 80% respecto
de la Ley anterior (1996), superando los US$ 180 mil millones en
distintas medidas de apoyo a los productores estadounidenses, para
los próximos diez años. Los subsidios para las
exportaciones directas e indirectas también se incluyen como
una herramienta de esta política.
Es preciso notar que dichos subsidios opulentos no llegan a los
pequeños productores norteamericanos, sino que se concentran
en beneficio de las grandes empresas agrícolas. El 60% de los
pagos directos se destina a tan sólo un 10% de empresarios
agrícolas, que son dueños de enormes operaciones
comerciales. De otro lado, el 50% de los agricultores recibe poco o
ningún apoyo estatal. Es particularmente significativo el
ejemplo de los barones del algodón del Oeste de Texas, quienes
obtuvieron US$ 3,600 millones el año pasado en subsidios, más
de lo que recibieron por vender algodón.

Debido al volumen de las exportaciones de los EE.UU., su política
agraria juega un papel preponderante en la caída mundial de
los precios de los productos. La combinación de políticas
de apoyo interno y los subsidios para la exportación le
permiten producir y exportar granos por
cerca del 60% de su costo de producción, causando estragos
entre pequeños productores, tanto en EE.UU. como en los países
en desarrollo.[v] Al mismo
tiempo, las medidas que los países en desarrollo empleaban
para protegerse del impacto de esta competencia injusta, han sido
ampliamente eliminadas durante los últimos 15 años.

Además de las medidas de apoyo a sus productores, los
EE.UU. han venido empleando diversos tipos de aranceles y medidas no
arancelarias sobre las importaciones procedentes de América
Latina y el Caribe. Así, se estima que Brasil pierde US$ 1,000
millones al año en ventas de jugo de naranja a los EE.UU.,
debido a estas medidas proteccionistas[vi].
En América Latina y el Caribe, la liberalización
comercial comenzó con el mandato del FMI de implementar
programas de ajuste estructural a mediados de los años 80. Al
final de la Ronda Uruguay de negociaciones del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en 1994,
justo cuando estaba a punto de crearse la OMC, todos los países
de la región ya habían recortado significativamente sus
aranceles y eliminado muchas de las barreras no arancelarias a las
importaciones. Comparada con otras regiones en desarrollo, América
Latina y el Caribe tienen los aranceles más bajos. El límite
promedio del arancel agrícola para todos los países en
desarrollo es de 59%, para la región es de 40% (desde 25% en
Chile hasta 52% en Colombia). El promedio del arancel agrícola
aplicado –que es el arancel que se implementa en la práctica-
para todos los países en desarrollo es de 21%; mientras que
para la región es de 14% (desde 9.8% en Chile a 20% en
República Dominicana) [vii].

La mayoría de los gobiernos de la región también
han eliminado las medidas no arancelarias, tales como los permisos de
importación, cuotas y precios mínimos, que les
permitían mecanismos para manejar los niveles de importación.
Las políticas de apoyo interno a la agricultura en América
Latina y el Caribe también han sido socavadas. Los mismos
programas de ajuste estructural que buscaban equilibrar los
presupuestos exigieron el desmantelamiento del crédito rural e
instituciones de comercialización y otros servicios estatales
de apoyo, de los cuales dependían los pequeños
agricultores, así como la reducción de la inversión
pública en infraestructura rural. En Bolivia, la inversión
pública agrícola cayó drásticamente de un
10% del total de la inversión pública nacional en 1989
a sólo un 4.45% en 1997[viii],
durante los años cruciales de aplicación del ajuste.

Si bien, en muchos casos, dichas estructuras estatales fueron
ineficientes y subsidiaban los intereses de las elites en vez de los
intereses de los agricultores pobres, estas instituciones
proporcionaban importantes servicios requeridos por los productores
para relacionarse con mercados en términos más
equitativos, servicios que el sector privado difícilmente
puede reemplazar sin la intervención significativa del estado.
Particularmente, el desmantelamiento de las estructuras crediticias y
de comercialización, ha perjudicado a las mujeres rurales, que
por tener menos garantías y titulación sobre la tierra,
han perdido acceso a recursos claves para su desarrollo.
Estos dobles estándares han llevado a resultados
predecibles: un incremento en el dumping agrícola con la caída
de precios y deterioro de los medios de vida de las y los pequeños
agr