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La pobreza y el hambre en Honduras tienen raíces estructurales de larga data expresadas en las profundas desigualdades establecidas entre los que han tenido acceso a activos productivos y relaciones privilegiadas con el Estado y aquéllos que han estado condenados a servir para la creación de riqueza bajo las más injustas relaciones de producción y distribución.

Las políticas públicas reformistas implementadas décadas atrás para modificar ese injusto modelo económico despertaron en muchos la esperanza de que se podría aliviar la pobreza y caminar al fin por la senda del desarrollo; desafortunadamente la reforma agraria y otras medidas económicas y sociales fueron perdiendo fuerza rápidamente y no cumplieron con los propósitos que las habían animado, especialmente por la férrea oposición de los sectores más conservadores del país.

En los años 90 se impuso el modelo neoliberal cuyos abanderados habían prometido que en el corto plazo se generaría tal riqueza que se desbordaría en tales magnitudes que beneficiaría a las grandes masas de la población sumergidas en la pobreza; pero no fue así. Al contrario, los activos se concentraron aún más, especialmente en el sector rural.

Ahora es tan delicada la situación de la mayoría de los hondureños que los US $ 2,500 millones que ingresan anualmente al país en concepto de remesas enviados por los hondureños en su condición de exiliados económicos no son suficientes para aliviar significativamente la pobreza. Según el documento "Objetivos de Desarrollo del Milenio", publicado por el Sistema de Naciones Unidas de Honduras, la pobreza en el área rural era en el 2006 de 68.9% y de 60.3% la pobreza extrema y en el ámbito urbano 55.3% y 24.6%, respectivamente.

En el informe presentado sobre la pobreza rural en noviembre de 2006 por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada se dice que en promedio la población rural hondureña vive con menos de 20 lempiras por persona al día o sea 584 lempiras al mes y que casi la mitad de la población rural vive con ingresos per cápita inferiores a 10 lempiras diarios y cerca del 25% con 5 lempiras diarios, es decir, menos del valor del precio de un periódico.

El mismo estudio señala que si se utiliza como línea de pobreza el costo de la canasta básica en el área rural (23 lempiras por persona al día o 689 Lempiras por persona al mes), se obtiene que 2.8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75% de la población rural y más del 70% de los pobres de todo el país. Y cuando se refiere al grado de desigualdad señala que el ingreso medio del 20% más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20% más pobre.

Esta situación podría agravarse ahora que se profundiza la crisis alimentaria mundial. La FAO estima que los países pobres del mundo gastarán unos US $ 38,700 millones en importación de cereales este año, el doble de la cantidad que pagaron hace dos años por las mismas cantidades y un 57 % de aumento en relación con 2007.

Recién hemos conocido el informe del Banco Mundial en el que se asegura que la producción de agrocombustibles es responsable hasta en 75% del aumento de los precios alimentarios, y que otro 15% del aumento a la subida de los precios del petróleo y agroquímicos.

Pero aún en una situación tan difícil para nuestros pueblos se nos ha impedido por los organismos de financiamiento internacionales que subsidiemos nuestra producción de alimentos, pese al hecho de que el mundo industrializado subsidia en más de 300,000 millones de dólares anuales a sus productores; es decir, con un monto que significa más de seis veces la ayuda directa para el desarrollo que asignan a los países pobres, según informes del Grupo de los 77. Política que sin duda sitúa a nuestros productores en seria desventaja competitiva y promueve el desabastecimiento del mercado local e imposibilita todavía más el acceso a alimentos adecuados a esos grandes sectores de la población hondureña sumidos en la pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, recientemente han surgido proposiciones desde el Sur que apuntan a contribuir al alivio a la pobreza y el hambre. La Cumbre de Petrocaribe celebrada en Venezuela el 13 de julio constituyó el Consejo de Ministros de Agricultura para enfrentar el alza del precio internacional de los alimentos.

En su primera reunión en Honduras, Venezuela propuso la creación de un Fondo Petrolero para la seguridad alimentaria de los miembros, formado a partir de US $ 0.50 centavos por cada barril de petróleo comercializado por PDVSA con precios por encima de los 100 dólares. De tal manera, cálculos iniciales atribuyeron US $ 460 millones anuales al Fondo y actualmente se predice que podría llegar a los US $ 1,000 millones.

Durante la primera reunión de la Secretaría Técnica Ejecutiva del Consejo de Ministros, celebrada posteriormente, se elaboró el texto del Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria, los estatutos de ese acuerdo denominado ALBA-Alimentos y la creación de una empresa para ejecutar las políticas y lineamientos generales.

FIAN (Foodfirst Information & Action Network), organización internacional de derechos humanos y con estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas, se dedica a la lucha por la realización del derecho a una alimentación adecuada, como prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tal sentido denuncia las violaciones en el marco del convenio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Honduras es Estado parte, y propone la aplicación de políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de ese derecho natural de todo ser humano.

FIAN Honduras, consciente de la profunda insatisfacción del derecho a la alimentación y, asimismo, consecuente con sus principios y políticas, se pronuncia a favor de que el Estado de Honduras se incluya entre los países que conforman la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) al considerar que tal iniciativa contempla, entre otros beneficios, importantes recursos dedicados a la producción de alimentos que contribuirá de manera importante a combatir la pobreza y el hambre de nuestro pueblo.

Estamos seguros que los planteamientos de los países que han dado vida a esta organización latinoamericana se han comprometido seriamente a cumplir con esta propuesta tal como se ha comprobado con la aplicación del convenio de Petrocaribe del cual el Estado de Honduras ha logrado ingresos importantes que deben dedicarse a los mismos propósitos de desarrollo.

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Tegucigalpa MDC, 20 de agosto de 2008
 
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo FIAN Honduras