SE CONOCE COMO dumping la práctica de vender productos a precios por debajo del
costo de producción. Muchos países, como México, aplican aranceles para
proteger a sus campesinos de los productos agrícolas que llegan del exterior a
precios artificialmente bajos. Sin embargo, el 1º de enero de 2003 se
suprimirá la mayoría de los aranceles mexicanos que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) imponía a las exportaciones agrícolas
estadounidenses. Tal acción podría abrir las puertas a un extensivo dumping
por parte de Estados Unidos, que es la fuente principal de productos con precio
artificialmente disminuido en los mercados mundiales.

Hay pasos que puede dar el gobierno mexicano para proteger a sus productores,
pero tiene que hacerlo de prisa. Debe considerar suspender la apertura
agropecuaria prevista en el TLCAN e iniciar procedimientos formales para
instituir derechos antidumping y compensatorios contra las exportaciones
estadounidenses de precio subsidiado.

Buena parte de la discusión de los meses recientes sobre la política agrícola
estadounidense se ha centrado en los subsidios a los granjeros. El año pasado,
en la reunión ministerial de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
Estados Unidos demandó que otros países pusieran fin a los subsidios agrícolas.
Sin embargo, esta primavera, cuando el presidente Bush sancionó una ley
agropecuaria que establece subvenciones por miles de millones de dólares,
afirmó: "los granjeros estadounidenses necesitan una iniciativa que les dé
apoyo en estos momentos difíciles. Y por eso sanciono esta ley".

Como se ha dicho, son candil de la calle y oscuridad de su casa. La verdad del
asunto es que nadie dice la verdad sobre los subsidios. Los subsidios
agrícolas estadounidenses son el sostén de un mercado sumamente distorsionado
que ha reducido los ingresos de los granjeros en Estados Unidos y en todo el
mundo. Y es allí donde la luz nunca alumbra.

Los campesinos de México y Estados Unidos tienen un problema en común. El
gobierno de Washington mantenía un precio de garantía para el mercado doméstico
mediante un programa de créditos. En 1996 puso fin a este modelo y ahora los
precios pueden caer hasta el nivel que las empresas agrícolas estén dispuestas
a pagar. En vez de tasas de crédito, el gobierno estadounidense recurre ahora
al pago de ingresos suplementarios como forma de subsidiar la agricultura. El
precio doméstico estadounidense de los principales productos como trigo, maíz,
algodón, arroz y soya, siempre ha afectado los precios mundiales en vista del
enorme volumen de las exportaciones de ese país. Al permitir la liberación de
precios, Washington deja a los productores de todas partes a merced de unas
cuantas trasnacionales dominantes, que son las que fijan los precios.

Cuando uno se pregunta: ¿cómo pueden producir a costo tan bajo?, la respuesta
es: no pueden. Un análisis del Instituto de Políticas de Agricultura y
Comercio descubrió que producir maíz en 2001 costó en promedio al campesino
estadounidense 3.41 dólares por búshel (medida inglesa de capacidad equivalente
a 35.239 litros). Esta cifra no incluye ganancia, aunque sí un costo
conservador de transporte y manejo de 54 centavos de dólar por búshel. Ese
año, el maíz se vendió en ese país a unos 2.10 dólares por búshel y en el
mercado internacional a 2.28 por búshel. El margen de dumping -la diferencia
entre los costos de producción y el precio final de exportación- era de 25 por
ciento en 2001, ligeramente abajo del 31 por ciento prevaleciente en los dos
años anteriores.

Cuando se dice a los campesinos que deben producir maíz barato para
exportación, uno se pregunta: ¿quién exporta el grano? Los granjeros no lo
exportan; los países, en general, tampoco. Según investigaciones de la
Universidad de Missouri, 82 por ciento de las exportaciones estadounidenses de
maíz son hechas por Cargill, Archer Daniels Midland y Zen Noh (firma japonesa
que participa con un porcentaje relativamente pequeño). Estas mismas compañías
dominan el mercado global del maíz.

Para asegurar un suministro fluido y abundante de productos agrícolas baratos,
se pagan miles de millones de dólares de los programas alimentarios y agrícolas
de apoyo social a los campesinos. Los mayores beneficios de estos programas
van a las altamente concentradas agroempresas, que pueden comprar los cultivos
a precios bajos y logran exportarlos vendiendo más barato que los productores
de otros países. Y se supone que los productores mexicanos, al igual que los
de todo el mundo en desarrollo, deben competir con semejantes gigantes
globales.

Pensemos en los maiceros mexicanos. El TLCAN requiere que México incremente
considerablemente sus importaciones de maíz estadounidense. Aunque su valor
nutricional es inferior, el maíz amarillo que en el país del norte se cultiva
para la alimentación de animales se vende a precios más bajos que el maíz
blanco que tradicionalmente se cultiva en México para hacer tortillas. De
hecho, ese maíz importado se vende en México a precios 30 por ciento inferiores
de los verdaderos costos de producción.

Los productores mexicanos han visto derrumbarse los precios de sus cosechas.
Este sector de la agricultura, que constituye el medio de vida de millones de
mexicanos y que está profundamente arraigado en la cultura de la nación se
encuentra en estado de colapso económico. El flujo continuo de migrantes del
México rural a Estados Unidos es apenas uno de los síntomas de este desastre.
Irónicamente, los maiceros de Estados Unidos también han estado recibiendo
precios extremadamente bajos por su producto, lo cual ha llevado a muchos a la
bancarrota junto con sus colegas del otro lado de la frontera.

Estados Unidos lleva la voz cantante en justificar las leyes de compensación
comercial, como los derechos para elevar el precio de importaciones que, según
las empresas estadounidenses, entran a precio de dumping. En cambio, no
extiende esa vigilancia a la agricultura. Ni las importaciones ni las
exportaciones de productos agrícolas en Estados Unidos atraen la misma
atención. Ese país es la fuente principal de productos agrícolas de precio
artificialmente bajo en los mercados internacionales. Al suscribir la ficción
de que los precios mundiales son, en alguna forma, los apropiados para
cualquier mercado, Estados Unidos también se vuelve víctima de esa política al
permitir importaciones -a menudo de los mismos productos que exporta- a precios
de dumping. Ganado, soya y muchos productos cruzan la frontera en ambos
sentidos, todos a precios por debajo de los costos de producción.

El TLCAN y la OMC conceden a los países el derecho de investigar allí donde
juzguen que los precios de las importaciones son injustos y, si pueden detectar
"daño material" a sus productores nacionales, imponer aranceles antidumping
para reducir el daño. Estas reglas se aplican porque de otro modo los
productores domésticos irían a la quiebra.

Puesto que J. B. Penn, subsecretario de Agricultura estadounidense, sugiere
que Estados Unidos podría tomar represalias si México adopta medidas para
proteger a sus productores mediante aranceles o subsidios, parece justo que el
presidente Vicente Fox ponga sobre la mesa el tema del dumping a las
exportaciones. Tanto el TLCAN como el acuerdo de la OMC contienen normas que
pueden aplicarse para enfrentar a las agroempresas globales. En vez de seguir
quejándose de los subsidios a los granjeros y campesinos, como enfermos
peleando por las medicinas, necesitamos arrojar luz sobre aquellas prácticas
comerciales que destruyen a granjeros y campesinos a ambos lados de la
frontera.

* Mark Ritchie es fundador y presidente del Institute for Agriculture and Trade
Policy, en Minneapolis, centro de investigación que durante los pasados 16 años
ha jugado un papel clave en el movimiento contra la globalización corporativa.

Traducción: Jorge Anaya

La Jornada (México), 14 de diciembre de 2002

http://www.jornada.unam.mx/2002/dic02/021214/020a1pol.php?origen=index.html