Son muchas las demandas a las que se podría ver sometido el ICE y el país, tan pronto inicie operación alguna de las empresas privadas que pudiera dar servicios de telecomunicaciones en Costa Rica, de aprobarse el "Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones", actualmente en consulta en la Sala Constitucional. Aún a pesar de los privilegios que este Proyecto concede a las transnacionales, mucho más allá de los que ya considera el TLC.

Algunas de esas demandas ya se han presentado en otros países centroamericanos, a pesar de que estos tienen mucho menos que perder –y por tanto que reclamar-, pues la apertura no se dio con el TLC, sino desde antes. Precisamente en "El Periódico" de Guatemala, del 10/03/2008, informa Claudia Acuña que "la empresa Americatel reclama denegación de justicia, luego de que Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Telgua, se negara a reconectar sus puertos para prestar el servicio de larga distancia, alegando que la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT, violó el Capítulo 10 del Cafta, al no garantizar un trato igualitario y respaldo para su inversión, al no obligar a Telgua a reconectar cuatro de sus puertos para poder prestar el servicio de telefonía de larga distancia. El capítulo de las telecomunicaciones es uno de los más polémicos dentro del Cafta, debido a que el operador dominante debe abrir sus redes y prestar el servicio sobre una base de tarifas basadas en costos, que permitirían reducir los precios de la interconexión para todo el sector… Sin embargo, los operadores dominantes se quejan de que han debido invertir millones de quetzales para desarrollar su infraestructura, y a partir del Cafta deben abrirla para que otros operadores, en este caso, compañías de larga distancia, la utilicen sin invertir un centavo,…".

De la misma forma en Costa Rica, el ICE sería demandado por muchas razones, como por ejemplo, mantener tarifas básicas al costo y subsidiadas, como son hoy las de la telefonía fija y de celular -si es que las intentara mantener-.

Pero "que el operador dominante deba abrir sus redes y prestar el servicio sobre una base de tarifas basadas en costos", como bien apunta Claudia Acuña, es vergonzoso. Además, solo podría pasar en un país subdesarrollado que "los operadores dominantes (las empresas estatales, en nuestro caso el ICE), han debido invertir millones de quetzales para desarrollar su infraestructura, y a partir del Cafta deben abrirla para que otros operadores, en este caso, compañías de larga distancia, la utilicen sin invertir un centavo".

En Costa Rica la Aresep aprobó desde hace muchos años una tarifa de interconexión que hoy equivale a 1 centavo de dólar por minuto, el promedio latinoamericano es de 11. En México por ejemplo, Telmex, la empresa dominante –prácticamente un monopolio privado–, cobra por el servicio de interconexión 17 centavos por minuto, tarifa con la que, si la nuestra es al costo, Carlos Slim tiene una utilidad de 1.600%. En conclusión, la interconexión es el mecanismo a través del cual: 1) Subsidiaríamos a empresas privadas transnacionales, para que los "Slim" aumenten sus fortunas (invirtiendo así nuestro modelo solidario), y 2) Posiblemente algunos intereses nacionales reciban -a cambio- una jugosa comisión. Lamentable que la desmedida ambición de unos pocos, apenas una generación posterior a la que construyó un exitoso Estado Social de Derecho, lo destruya.

Ing. Gerardo Fumero Paniagua