El gobierno de Uribe ha gastado millones de dólares en una gigantesca campaña de cabildeo en los Estados Unidos, con el propósito de presionar al partido Demócrata a aprobar un Tratado de Libre Comercio que solo beneficiará a las trasnacionales estadounidenses. Pero además, lo ha hecho con engaños.

Lejos de mejorar la situación laboral de los colombianos, el gobierno obliga a nuestros trabajadores a emplearse -si logran hacerlo- en las peores condiciones, provocando que la mitad de ellos no tengan ninguna estabilidad laboral ni seguridad social. De la misma forma, muchos son contratados a través de Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA, que desconocen sistemáticamente los derechos laborales consagrados por la OIT, y es precisamente el propio gobierno nacional uno de los principales promotores de esta indigna modalidad de trabajo: la mayoría de las instituciones públicas de salud utilizan a las CTA para contratar a su personal, incluidos los médicos y cirujanos. La propia ley de reforma laboral, elaborada por Uribe en el año 2002, en la que el gobierno prometió la creación de 160.000 empleos por año, fue seriamente cuestionada en la Corte Constitucional, porque lejos de haber sido eficaz en la generación de empleo, ha causado un detrimento en la calidad de vida de los trabajadores.

La desregulación de las normas laborales ha conducido a la negación de los derechos de asociación sindical y contratación colectiva. La taza de sindicalización es la más baja desde 1947, 850 mil de una población económicamente activa de 18,5 millones. El número de trabajadores amparados por convenciones o pactos colectivos es inferior a los trescientos mil, de una población de asalariados de 8 millones. Existe un fenómeno de tercerización laboral que ha adquirido particular relevancia con la legalización hecha por el gobierno del presidente Uribe. Las contrarreformas laborales y de la seguridad social han acabado o vuelto imposible acceder a derechos como: las pensiones, las cesantías, la estabilidad en el empleo, las vacaciones, la salud, los contratos individuales de trabajo, los contratos de aprendizaje, entre otros.

En el mes de febrero, 2500 obreros de 5 plantaciones de palma africana ubicadas en Puerto Wilches, Santander, salieron a una huelga que duró un mes y sus pedidos ilustran la situación del país: contratación directa y eliminación de las CTA, reconocimiento del transporte al sitio de trabajo, el almuerzo, pago de las dotaciones de ropa, calzado, elementos de protección y subsidio familiar. De 4.000 obreros que tienen estas plantaciones, solamente 600 tienen contrato individual de trabajo y convención colectiva los otros 4400 son contratados a través de CTA, por lo cual reciben un ingreso mensual de 120 dólares, muy inferior al salario mínimo legal. En el mismo sentido, 1000 trabajadores de la planta de Cerromatoso estuvieron en paro durante más de un mes, para exigirle a la BHP Billiton que contrate a más de 2500 obreros directamente. Estas luchas son ejemplarizantes para el resto de los obreros y tendrán que ampliarse.

Si el partido Demócrata de Estados Unidos es sensible ante la presión de sus propios sindicatos y ante la evidencia pública, el TLC no puede ser ni siquiera sometido a votación, pues las condiciones laborales impuestas por el gobierno colombiano están muy distantes de respetar y proteger los derechos laborales.

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca

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Bogotá, 1 de abril de 2008