¿Habrá considerado el Gobierno la perspectiva completa de la ampliación del plazo del TLC?

Ahora sabemos que el pago de Costa Rica a cambio del acuerdo de ampliación que logró el Poder Ejecutivo es la aprobación de la enmienda entre Estados Unidos y El Salvador (EE.UU.-E.S.) sobre el Artículo 22.5.2. la cual pone una fecha límite final a la entrada de Costa Rica al TLC.

Hasta mañana (29 de febrero) el TLC es totalmente válido y tremendamente difícil de atacar jurídicamente si se pone en vigencia mediante el depósito ante la OEA (notificación) pero, según la ley aprobada en referéndum, una vez vencido el plazo del 29 de febrero ya no puede notificarse a la OEA por lo que el texto, tal cual fue aprobado, pierde toda posibilidad jurídica de ser eficaz por si mismo, aún cuando se aprobare la totalidad de la Agenda de implementación.

A partir del 1 de marzo la única salida para "devolver la vida" al texto aprobado en referéndum (en términos jurídicos), es aprobar en la Asamblea Legislativa la enmienda EE.UU.- E.S., además de la enmienda de textiles, las 12 o 13 leyes de implementación (¿hará falta alguna otra?), los decretos y reglamentos que corresponden al Poder Ejecutivo (que tienen procedimientos de publicación, consulta a afectados, aprobación y oposición a los mismos según la ley General de la Administración Pública, artículo 361, y el Código Procesal Contencioso Administrativo, artículo 10. 2. y 3.) más las modificaciones legales que exija el Representante de Comercio de los Estados Unidos USTR (que será otro proyecto de ley que no estará listo hasta que el Gobierno de Estados Unidos quiera), TODO lo anterior antes del 1 de octubre.

De no darse esa serie de hechos (todos ellos, sin excepción) el 1 de octubre ya no habría posibilidad alguna para Costa Rica de unirse al CAFTA.

Mi conclusión personal es que el gobierno, en un acto de soberbia insospechado, sacrificó la seguridad jurídica del TLC (Ley 8622) y todo el proceso del referéndum, con tal de no reconocer que había usado el tema del plazo fatal del 29 de febrero con fines de presión política hacia la Asamblea Legislativa, como lo evidenció el análisis de la Procuraduría.

Señalo esto porque TODA la validez del TLC (nótese que digo ahora validez y no vigencia), depende ahora de la Asamblea Legislativa y de la Sala Constitucional y de sus decisiones sobre la enmienda EE.UU.-E.S.

Si alguna de éstas instancias rechazara la enmienda EE.UU.-E.S., TODO el TLC sería rechazado y únicamente quedarían vigentes la leyes y reglamentos de implementación que hubiesen sido aprobadas (lo que, por cierto, es prueba material de que son normas independientes).

Si entendemos claramente los alcances políticos de la decisión del Poder Ejecutivo, entenderemos que hasta el 29 de febrero no hay nada que hacer jurídicamente contra el TLC, a partir del 1 de marzo TODO, absolutamente TODO vuelve a estar en juego.

¿Qué razonamiento lógico justifica tal riesgo?

Sergio Iván Alfaro Salas
Diputado