Managua

El próximo 26 de febrero, en Bruselas, se inicia la segunda ronda de negociaciones para un Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica.

 Organizaciones de la sociedad civil centroamericana y la ONG KEPA, de Finlandia, se reunieron para analizar el desarrollo del proceso de negociación y presentaron el documento “Hacia un comercio internacional justo”, en el que plantearon un conjunto de preocupaciones y demandas “para contribuir a la construcción de una posición regional integral”.

Según Tania Vanegas, oficial de Incidencia del Centro Humboldt, “queremos reiterar algunos asuntos que consideramos fundamentales para que sean el punto de partida por parte de los equipos negociadores centroamericanos”.

 Un primer tema para Centroamérica es la urgente necesidad de aprobar, tal como lo hizo la Comisión Europea en abril de 2007, un Mandato Negociador para determinar, establecer e incorporar sus metas y fines y así obtener ventajas comparativas al momento de estrechar sus relaciones comerciales, políticas y sociales con Europa.

“Centroamérica no ha planteado todavía cuáles van a ser las metas, las estrategias, los puntos máximos y mínimos de lo que se va a negociar. A sabiendas de que la Unión Europea va a tener intereses estratégicos en algunos aspectos, como son inversiones, bienes y servicios, derechos de propiedad intelectual, compras del sector público, que consideramos puedan ser lesivos para Centroamérica, resulta fundamental que los gobiernos centroamericanos establezcan reglas claras para negociar y se orienten a obtener un Trato Especial y Diferenciado. Esto –continuó Vanegas– va a evitar que las diferencias y las grandes brechas económicas, sociales y políticas al interior de la región y con Europa sigan creciendo. Al mismo tiempo, planteamos que se contemplen mecanismos que sean capaces de ir reduciendo cada vez más esta brecha”.

En el marco de un Mandato Negociador, la oficial de Incidencia del Centro Humboldt advirtió sobre la importancia de poder reabrir negociaciones con la Unión Europea en el tema de la estrategia de cooperación 2007-2013. El monto del apoyo en ese rubro ya fue aprobado el año pasado, y se considera necesario que los gobiernos centroamericanos, paralelamente a las negociaciones, revisen la posibilidad de incluir nuevos temas e incrementar los aportes.

Adecuar la agenda a nuestros intereses

 “Es necesario que antes de la negociación se desarrolle la Evaluación de Impactos Socio-ambientales que la Comisión Europea ha establecido como compromiso para todos los acuerdos comerciales que negocia. Hasta la fecha no se ha hecho, y esto es muy preocupante porque en cada negociación hay ganadores y perdedores. La misma Comisión Europea –continuó Nahi– ha admitido que la liberalización del comercio no es una cura automática y puede tener impactos socioambientales negativos. Creemos, además, que es importante que se presione a los gobiernos centroamericanos para que promuevan su propia evaluación de impacto para garantizar un resultado equilibrado, que muestre los riesgos y beneficios de la negociación”.

Otro punto que tocó la representante de la ONG finlandesa Kepa fue lo relativo a la Agenda de la negociación. “Creemos que esta negociación debería limitarse a lo que ya se ha negociado en la OMC, sin incluir temas como inversión, servicios, compras del sector público, políticas de competencia y derechos de propiedad intelectual, en cuanto sería perjudicial y lesivos para naciones en vías de desarrollo y con economías débiles y frágiles”.

Nahi se refirió a la campaña que se desarrolló en 2003 en el marco de la OMC, para que no se abordaran estos temas en las negociaciones comerciales y concluyó que “quizás los países en vías de desarrollo necesitan más tiempo para cooperar con sus vecinos y desarrollar políticas regionales antes de meterse a negociar con bloques económicos tan poderosos. Es por eso que las organizaciones centroamericanas piden que la Agenda de negociaciones sea limitada”.

El cuarto punto del documento tiene que ver con las Asimetrías y fue analizado por Roger Barrantes, de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE)

Para el dirigente sindical “la Unión Europea ha señalado que no se trata de un simple Tratado de Libre Comercio (TLC), sino de un Acuerdo de Asociación (AdA) que tiene varios pilares, como son el diálogo político, la cooperación y, por supuesto, el comercio. Antes de comenzar las negociaciones, la UE envió una delegación para analizar la realidad centroamericana y se encontró con una región con una gran fragilidad, importantes déficit y debilidades en temas tan esenciales como la democracia y el respeto a los derechos humanos. Encontró –continuó Barrantes– una gran vulnerabilidad en el proceso de integración centroamericana, que se basa esencialmente en una armonización arancelaria y que cuenta todavía con mecanismos institucionales inexistentes o muy débiles. Al final pudo comprobar que efectivamente existe una gran asimetría entre las dos regiones, y se supone que debería destinar recursos para resolver la asimetría que existe en todos los sectores”.

Unos más iguales que otros

Una de las condiciones que la UE está imponiendo a Centroamérica es el reconocimiento de la Corte Penal Internacional, pero para Barrantes son otros los problemas que hay que tomar en cuenta en una negociación. “Está bien ratificar ese protocolo, pero no me resuelve de ninguna manera la falta de acceso de los trabajadores a la justicia, ni que de los 4 mil casos que se presentaron el año pasado en el Juzgado del Trabajo en Nicaragua, 1.746 fueron desechados. No me resuelve tampoco el problema que en Managua existan solamente dos Juzgados del Trabajo y que por no existir un Tribunal Superior del Trabajo los casos se dilatan hasta dos o tres años. Esto es asimetría”.

El “Trato Especial y Diferenciado” debe predominar en el capítulo sobre acceso a mercados, creando oportunidades para mejorar la capacidad competitiva de los centroamericanos

Otro elemento señalado por el dirigente de la CST-JBE tiene que ver con el Sistema Generalizado de Preferencia (SPG) “plus”, que permite a los países centroamericanos exportar hacia la UE el 95 por ciento de sus productos libres de aranceles. “Si se trata de un acuerdo que no es simplemente un TLC, ¿por qué quieren ahora eliminar el SPG “plus”? ¿Por ser esa una medida unilateral y negociar en el marco del AdA el libre tránsito de bienes y mercancías? Porque ese libre tránsito implica que si nos lo permiten a nosotros, ahora mismo tenemos que hacer lo mismo con ellos. ¿Cuál es entonces el reconocimiento de la asimetría?”.

Es por eso que en el documento se expresa claramente que “el Trato Especial y Diferenciado debe predominar en el capítulo sobre acceso a mercados, no sólo otorgando plazos más largos en el cumplimiento de las obligaciones, sino creando oportunidades para mejorar la capacidad competitiva de los centroamericanos. De esta forma es necesario asegurar que no se solicite reciprocidad en los compromisos de desgravación arancelaria en detrimento de Centroamérica, obteniéndose el tiempo para proteger a las pequeñas industrias y sector productivo”.

 Despacio y por las piedras

 Barrantes concluyó recordando tres puntos fundamentales que están demandando los trabajadores frente al AdA. “Existe una gran amenaza y un gran desafío que necesitan de unidad nacional para proteger nuestros intereses. No podemos movernos al ritmo y con base en la necesidad de la Unión Europea, la cual ya fijó un plazo de dos años para terminar las negociaciones. No hay que precipitarse y tenemos que reclamar el trato especial y diferenciado. Otro punto es que existen productos sensibles que no deben ser parte de la negociación, y pedimos un análisis sobre qué tipo de inversiones se requieren en nuestra región y con qué requisitos. Un último punto es que los medios de comunicación tienen que ayudarnos a poner este tema en la agenda nacional”, concluyó el dirigente sindical.
 
La participación de la sociedad civil en este proceso de negociación fue el último punto que presentaron las organizaciones presentes en el evento.

Recordaron la importancia de que “se fortalezcan y privilegian los aspectos sociales y de desarrollo económico sostenible de cada país, garantizando que temas prioritarios como las condiciones de vulnerabilidad social, género, el ambiente, los derechos humanos y socioculturales sean incorporados seriamente y no como temas transversales”. Pidieron, además, que los gobiernos centroamericanos abran espacios de debate con la población.
           
Fuente: Servicio Informativo de la Regional Latinoamericana  (SIREL) de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,  Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA)
http://www.rel-uita.org