Intervención del senador Jorge Enrique Robledo sobre el acuerdo entre la Unión Europea y la CAN y sobre el caso Carimagua, en la Plenaria del Senado, 12 de febrero de 2008

En el Polo Democrático Alternativo somos amigos como el que más de que los países, los pueblos, las naciones se relacionen de la manera más profunda posible. Sería un absurdo que unas personas con sentido democrático concibiéramos a otros pueblos como nuestros enemigos y no quisiéramos relacionarnos con ellos. Sería una actitud de un primitivismo que de ninguna manera ilumina el camino del Polo. Luego nos gusta la idea de que Colombia se relacione de la manera más amplia e intensa con Estados Unidos, con Europa, y con los países vecinos ni se diga, con Ecuador, con Venezuela, etc. Allí el Polo no tiene ningún problema de principios. Pero al mismo tiempo el Polo Democrático hace esfuerzos por representar el interés de la nación colombiana. Nosotros no somos un Partido que exista en abstracto, sino que existe en concreto, como un Partido construido para defender los intereses de la nación colombiana. Y entonces, de manera inevitable, cualquier persona que aspire a representar los intereses de un país cuando se trata de relacionarse con otros no puede dejar de tener en cuenta los intereses en juego, por mucho que quiera las relaciones más cordiales con ellos, porque en el mundo, que es el mundo del capitalismo, puede suceder que haya intereses nacionales que sean contradictorios con intereses extranjeros, puede suceder que haya intereses nacionales que sean coincidentes con intereses extranjeros y puede suceder, y en efecto sucede con mucha frecuencia, que haya intereses nacionales que son antagónicos con intereses extranjeros. A nadie se le ocurriría argüir, por ejemplo, que Bolívar, o Santander, o San Martín, o George Washington, profesaban un odio simplemente xenófobo, es decir, por problemas de raza, con respecto a los españoles o con respecto a los ingleses. No. Lo que sucedió es que esos dirigentes que nos liberaron del yugo español y, en el caso de Washington, del yugo inglés, representaban los intereses de sus naciones, en el caso nuestro de la naciente nación colombiana, y en el caso de Estados Unidos, de la naciente nación norteamericana. Y en la medida en que esos intereses se reconocieron como antagónicos, no hubo otra cosa distinta que romper el tipo de relación colonialista que en ese momento toda la América Latina y Estados Unidos mantenían con los respectivos imperios.

¿Por qué estoy haciendo este recuento histórico, que parece un poco necio en un ambiente como el que tenemos en el Senado? Porque estas cosas elementales a ratos se pierden y se nos presentan los intereses extranjeros como si fueran idénticos a los intereses de los nacionales. Y resulta que puede suceder y en efecto sucede que no. Traigo a colación un ejemplo que nadie puede poner en duda con respecto a las gestas de Independencia del yugo peninsular. Los intereses de los criollos no coincidían con los de la Corona española. ¿Hoy quién puede asegurar que es idéntico el interés del pueblo colombiano con el de las trasnacionales y el imperio que ellas comandan desde la Casa Blanca? Es absolutamente obvio que hay una contradicción cada vez más antagónica y que no conviene sostener este tipo de relaciones. Es el lío que tenemos cuando hablamos del “libre comercio” y el lío que tenemos con la Comunidad Europea en este momento.

La lógica perversa de la OMC

¿Cuál es problema de este acuerdo de cooperación? Que, como bien lo ha señalado la senadora Alexandra Moreno Piraquive, se desarrolla en la lógica del “libre comercio”. Todos sabemos que la Organización Mundial del Comercio, que les da origen a todas estas políticas, es el resultado de una alianza expresa entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, o sea, las grandes potencias económicas, para organizar un orden, que para nosotros es un desorden, a la imagen y semejanza de los intereses de sus trasnacionales. Y en el caso de la propiedad intelectual hemos tenido pérdidas inmensas como producto de la Organización Mundial del Comercio. Colombia no reconocía los derechos de propiedad intelectual y a partir de esta lógica, que se establece en la década de 1990, antes y después de que se constituyera la Organización Mundial del Comercio, terminamos reconociendo patentes del orden de 20 años, que le hacen un daño inmenso al desarrollo económico del país, al sistema de salud y a la salud de los colombianos. Todas las pérdidas que han sufrido la industria nacional y el sector agropecuario con el “libre comercio” desde hace ya casi dos décadas tienen que ver con esta lógica.

Cuando aparece entonces un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la CAN, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos: bueno, y la Unión Europea, que ha venido adelantando este tipo de prácticas neoliberales con el resto de países pobres de la Tierra, ¿va a asumir una actitud distinta con la Comunidad Andina? ¿O al contrario, también en este “acuerdo de cooperación” va a insistir en una lógica de corte imperialista? Se trata de un acuerdo de cooperación que allana el terreno a un Tratado de “libre comercio” que se está negociando con Europa. Y la senadora Alexandra Moreno abriga toda la razón cuando afirma que este acuerdo de cooperación tiene elementos que son inaceptables. Cómo así que un acuerdo de cooperación nos involucra en la lógica del “libre comercio”, una lógica que está en disputa y que está fracasando globalmente como manera para resolver los problemas, como lo prueba la propia crisis de Estados Unidos. Cómo así que un acuerdo de cooperación nos impone desde ya meternos en la lógica de las patentes y en todo el sistema de propiedad intelectual que nos está generando tantos problemas. El Polo se une entonces a la idea de que este acuerdo de cooperación, como está planteado, no es positivo porque no apunta a desarrollar una buenas relaciones entre los pueblos de Europa y la nación colombiana, sino a resolverles los problemas a los monopolios y a las trasnacionales europeas en detrimento de la nación colombiana, y añadiría, en detrimento de los propios pueblos europeos, a los que al final les va a pasar lo que le pasó al pueblo de Estados Unidos, que también sufre lo indecible con el “libre comercio”. Luego nosotros nos aprestamos a votar negativamente, repito, no porque no queramos relacionarnos con el mundo, sino porque creemos que no es conveniente para Colombia este tipo de relación. La alianza de mula y jinete ya la padecimos, eso fue en la Colonia española y sabemos cómo funciona. Lo podrán hacer ahora con guante de seda o con toda clase de subterfugios, pero en el fondo el impacto del “libre comercio” es bien parecido al impacto de las políticas de la Corona española hace cerca de doscientos años.

Carimagua o el caso inaudito de Robin Hood al revés

Por otra parte, señor presidente, permítame dejar una constancia muy breve relacionada con la intervención que hizo algún amigo del gobierno en el caso de Carimagua. Le prometo que voy a ser breve, porque sobre este tema me propongo hacer un debate. Voy a recordar, primero, de qué se trata el pleito que han venido exponiendo los medios de comunicación. Había una decisión tomada del Ministerio de Agricultura, del Incoder, para otorgarles a 800 familias de desplazados unas 17 mil hectáreas de tierras en los Llanos Orientales de una finca conocida con el nombre de Carimagua. Esa era la decisión que había. Las tierras se debían entregar a unos damnificados de la violencia, desplazados, o sea, los campesinos más pobres, porque no hay campesino más pobre que un desplazado. Y el domingo pasado supimos, porque era algo que se venía manejando con todo sigilo, que el Ministerio de Agricultura, el propio ministro Arias, había tomado la decisión de no entregarles las tierras a las 800 familias, sino alquilárselas a lo que yo llamo poderosos latifundistas, porque está claro en la teoría del ministro que se trata de no entregarles las tierras a los pobres porque son pobres, sino a unos ricos porque son ricos. No sabemos exactamente a quiénes. Circulan unos nombres y son cosas que habrá que averiguar, pero en todo caso es claro que de lo que se trata es de coger unas tierras destinadas a los pobres y entregárselas a unos ricos.

¿Cuál es el problema? Primero, la legalidad del asunto. ¿Qué dice la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del propio señor procurador, el doctor Maya? Que esa era una decisión viciada de ilegalidad, porque las tierras eran destinadas de manera precisa, por detalles que no voy a entrar a explicar aquí, solamente para desplazados. Me dicen abogados que conocen del tema que podemos estar asistiendo a un peculado por destinación, un delito que se configura cuando un funcionario público coge una propiedad del Estado y la destina para lo que no es. Luego la legalidad del asunto está en absoluta discusión. Pero me voy a detener más en la conveniencia. El caso es realmente inaudito. Yo sé que el doctor Arias cabalga sobre una lógica plutocrática marcadísima, patente en la Ley de Desarrollo Forestal, que afortunadamente se hundió, y en la Ley de Desarrollo Rural con la que están intentando hacer este horror, una Ley de clarísima lógica plutocrática: todo para los ricos, y mientras más ricos mejor, y si son monopolios mejor, y si son trasnacionales mejor. Y los pobres ¡que chupen!, como se dice, y que esperen con paciencia que alguna migaja de la fiesta de la plutocracia les toque a esos ciudadanos del común. He ahí la lógica. He dicho que es el mismo caso de Robin Hood pero al revés. El Senado sabe que Robin Hood les quitaba a los ricos para darles a los pobres y ahora de lo que se trata es de quitarles a los pobres para darles a los ricos, un asunto a mi juicio monstruoso.

Hay además un par de hechos que vale la pena mencionar. El ministro aduce que las tierras quedan en el fin del mundo. Nuevamente le reclamo al ministro Arias veracidad en la información. Falta él a la verdad cuando señala que la finca Carimagua se relaciona fundamentalmente en lo económico con Puerto Gaitán. Él sabe que no es cierto. Él sabe que la relación económica de Carimagua es fundamentalmente con Orocué, municipio que queda apenas a veinte kilómetros de distancia, que además está sobre el río Meta, del que Carimagua es vecina, y que por allí hay un buen recurso de transporte. Un municipio, Orocué, que tiene un campo de aviación, un aeropuerto en el que pueden aterrizar aviones tipo jet, y un municipio al que están terminando de pavimentarle la carretera que lo comunica con Yopal. Decir entonces que Carimagua está incomunicado y en el fin del mundo es una falacia y además una falta de seriedad. Le pediría al doctor Arias que hagamos el debate con seriedad.

Ha dicho también que las tierras son ácidas. Me dicen los especialistas que casi todas las tierras de Colombia son ácidas y que a la acidez de las tierras se le hacen tratamientos. El colmo venir a decirnos además que cuando es de los pobres, la tierra es de muy mala calidad, pero cuando es de los ricos, se vuelve buena. Porque es obvio que los ricos no van a quedarse con una tierra de mala calidad.

El canon de arrendamiento, porque las tierras se las van a ceder a los latifundistas no en venta sino en alquiler, es increíble. En los diez primeros años, 14.700 pesos por hectárea/año. Lo que da poco más de mil pesos mensuales por hectárea. Y pregunto: en Colombia, ¿dónde arriendan tierras para explotación agrícola a mil pesos/hectárea/mes? O sea, a menos de los que vale este vaso de agua. Y a ese precio es al que las están alquilando. A esos empresarios los van a cubrir además de otro poco de gabelas: exenciones tributarias, incentivo a la capitalización rural, créditos subsidiados. Todos sabemos cómo operan estas cosas. Entonces quiero insistir en dejar la constancia. A diferencia de lo que dijo algún senador amigo del gobierno, aquí estamos ante un hecho que, por lo menos en principio, pinta demasiado grave, tanto que debe ser discutido oportunamente, como esperamos, en la Plenaria del Senado.

Muchas gracias, señor presidente.