Desde luego que el asalto a la institucionalidad costarricense, del que hablábamos en el día de ayer, empezó desde hace mucho rato y fue la eterna aspiración de sucesivas generaciones de la oligarquía criolla y sus aliados internacionales. Desde las reformas sociales, de inicios de la década de los cuarenta y el desenlace de la guerra civil de 1948, las viejas clases dominantes han aspirado a la restauración del statu quo liberal, ojalá dentro de la tradición manchesteriana. Su odio contra el pacto social de los cuarenta, al concluir la guerra civil de 1948, que si bien excluyó a calderonistas y vanguardistas del poder, no les permitió el regreso a lo que consideraban la idílica situación anterior, ha sido siempre inocultable

Resulta evidente entonces que los episodios más recientes, con los que se exterioriza de verdad este asalto, no son más que la culminación de un largo proceso, para cuya concreción tuvieron que acudir a la estratagema de la tal agenda de implementación al TLC. Por otra parte, el planteamiento del Partido Acción Ciudadana (PAC) y su fracción parlamentaria dirigido la Sala Constitucional para que se obligue al Poder Ejecutivo a depositar la ratificación inmediata del TLC ante la OEA, puede arrojar luces sobre este juego turbio de la oligarquía y el presunto plazo fatal del 29 de febrero. El problema reside en el hecho de que ¿ Podrá la Sala Constitucional aclarar de verdad las cosas y poner en su lugar a la oligarquía y al grupo de los 38 liberticidas, dirigidos desde la Casa Presidencial, por Rodrigo Arias Sánchez?

Por lo demás, sería importante dentro de la especial coyuntura histórica que estamos viviendo, que los diputados y otros dirigentes del PAC dejaran claro, de una vez por todas, que el domingo 7 de octubre, no se votó ningún combo del ICE, ni tampoco el regalo de otras instituciones al capitalismo transnacional. No entendemos porqué doña Elizabeth Fonseca y don Alberto Salom parecen ponerse a defensiva a ese respecto, en sus declaraciones al diario La Extra, del día de hoy cuando, muy por el contrario, lo que les hará ganar prestigio y un lugar en la historia es precisamente la oposición a este asalto a la institucionalidad del país. Lo del recurso ante la Sala Cuarta está muy bien en principio, aunque reiteramos que existe el riesgo de que los magistrados sigan prestándose a los juegos turbios del régimen.

Volviendo a nuestra racionamiento inicial, recordemos que fue con el renacimiento y el impulso a las posturas neoconservadoras, a partir de los trabajos del profesor Hayek y de Milton Friedman, entre otros, que la vieja aspiración oligárquica se alimentó teóricamente y se articuló con toda una propuesta, de orden económico y social que cobró impulso en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos, a principios de los años ochenta, a partir de la satanización de las políticas del new deal rooseveltiano.

En Costa Rica estas posturas teóricas habían encontrado un fuerte rechazo al interior de una sociedad política que, durante las décadas de los sesenta y los setenta, había optado por restañar las heridas dejadas por los hechos armados de 1948 y 1955, al mismo tiempo que daba impulso a las políticas del estado benefactor. Incluso durante la encrucijada de los años ochenta con el inicio de la aplicación de los programas de ajuste estructural o PAES se mantuvo una silenciosa, pero eficaz, resistencia a los proyectos restauradores de la oligarquía costarricense y a los vientos internacionales, provenientes del reaganismo y el tatcherismo.

Los años noventa, marcados por la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, permitieron un auge de las posturas neoliberales o neoconservadoras, a escala planetaria. Dentro de ese contexto, los partidos liberacionista y calderonista representativos del statu quo de la fase anterior iniciaron un acelerado proceso de derechización (por llamarlo de alguna manera) y de abandono de los postulados rooseveltianos. El resultado fue que cuando intentaron acelerar el proceso de destrucción de las instituciones sociales del país, a través del Pacto Figueres-Calderón, de mayo de 1995, se produjo una dramática ruptura con sus bases sociales.