El día 1ero de noviembre, los Ministros de Comercio del Hemisferio se
reunieron por séptima vez en la ciudad de Quito, Ecuador, con el propósito de
revisar los avances en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). La Declaración de Quito, está llena de afirmaciones y
promesas contrarias a lo que efectivamente viene siendo negociado. Y se
choca con lo que ha sido la experiencia de nuestros pueblos e incluso con la
evidencia estadística oficial de los resultados de los 8 primeros años del
Tratados de Libre Comercio de América del Norte.

En la Declaración, los Ministros afirman y prometen que el ALCA promoverá la
democracia y la prosperidad en las Américas y que las negociaciones,
asumiendo la agenda social de las cumbres de Presidentes y Jefes de Estado,
contribuirán a "elevar los niveles de vida, incrementar el empleo, mejorar
las condiciones laborales de los pueblos, mejorar los niveles de salud y
educación y proteger mejor el medio ambiente" (punto 2).

Para la Alianza Social Continental es indignante que nos hablen de objetivos
orientados al bienestar de la población cuando el ALCA incluye el convertir
bienes y servicios públicos vinculados con derechos sociales como el agua,
la salud y la educación, en mercancías privadas y, por lo tanto,
condicionando el acceso a los mismos a que se tenga el dinero suficiente para
poder pagarlos.

Estos mismos objetivos se reiteran en los puntos 7 y 12 en el que se agrega
que el ALCA contribuirá al crecimiento y reducción de la pobreza. Son
promesas idénticas a las que se hicieron y propagandizaron durante la
negociación del TLCAN. Pero, tal como lo demuestran los resultados de ese
acuerdo, los pueblos ya no tienen porque esperar por ellas, ya cuentan con
una basta experiencia que los respalda para impedir que se consume este tipo
de tratado comercial.

Declaraciones como las de Toronto (1999) o Buenos Aires (2001) habían
incorporado pocos párrafos relacionando los objetivos del libre comercio y la
inversión en el Hemisferio con los de generación de empleo, aumento en el
nivel de vida, mayores oportunidades para la población para salir de la
pobreza, deuda externa, coordinación con políticas ambientales y laborales,
salud humana, entre otras. Fueron tímidas respuestas a la progresiva
sensibilización, cuestionamiento y movilización de las sociedades civiles de
las Américas frente a los profundos impactos negativos que la liberalización
comercial ha producido en la vida de las personas.

Sin embargo, para los pueblos de las Américas esto es poco. Muchos puntos de
esta declaración ministerial refuerzan la convicción de que la solución no es
adicionar o modificar detalles al ALCA sino continuar con nuestra campaña
continental de NO AL ALCA. Con más de 8 años de vigencia, el TLCAN,
parámetro y modelo para las negociaciones del ALCA, reúne evidencias que
contrastan totalmente con estas promesas. Hubo impactos negativos fuertes
sobre las sociedades, economías y medioambientes de las tres naciones
firmantes de este acuerdo (Estados Unidos, México y Canadá). En el caso de
México, los datos oficiales revelan que:

- La tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante durante 8 años y
medio de vigencia del TLCAN es de sólo 0.94%., la más baja comparada con
todas las estrategias económicas impulsadas en dicho país en este siglo.

- El costo de la degradación y deterioro ambiental ha sido en promedio
durante cada año de vigencia del TLCAN el equivalente a 10% del PIB

- No se han creado ni suficientes ni buenos empleos: a) En los primeros 7
años del TLCAN se generaron en el país 6,200,426 empleos nuevos, pero ello
significa un déficit de 40% respecto a la gente que cumple edad de
trabajar.. b) Estos pocos empleos son malos empleos: El 48% de los empleos
nuevos generados no cumplen con las prestaciones de ley. c) El sector
manufacturero (incluyendo la maquila) concentra el 87.26% de las
exportaciones totales del país, el 51% de la inversión extranjera directa. Es
un sector exitoso: crece 37.36% y su productividad 52.7%. Sin embargo, en
dicho sector corazón del libre comercio e inversión, después de 8 años y
medio del TLCAN hay hoy 8.5% menos empleos. Además se trata de malos
empleos: inseguridad laboral, largas jornadas, contratación temporal y
fuerte e ilegales presiones para impedir su sindicalización.

Aunque los Ministros afirman su compromiso con la democracia y el desarrollo
de la región, en la Declaración Ministerial de Quito no se destaca un
interés real de los gobiernos por adoptar una verdadera agenda de desarrollo.
Desde la Declaración Ministerial de San José, el ALCA ha incorporado el
criterio de los niveles de desarrollo de la región y el de las economías más
pequeñas, pero: ¿cómo se pretende enfrentar esas asimetrías en una región
donde se encuentra la principal potencia económica mundial y países y
regiones que se encuentran entre las más pobres del mundo? EL programa
presentado por los Ministros se reduce a la pura asistencia técnica para que
las economías más pequeñas participen plenamente en las negociaciones del
ALCA. Posibilitar la participación equilibrada de las economías menores
presupone por lo menos la implementación de un programa de desarrollo
económico y transferencia de capitales hacia estos países, lo que sería
natural en un verdadero proyecto de integración económica, lo que está fuera
de los planes de un acuerdo como el ALCA.

El proceso de negociación no considera todo lo relacionado a la necesidad de
implementar evaluaciones de impactos sociales tomando en cuenta temas
relacionados a derechos humanos, salud reproductiva, impactos en las
mujeres, comunidades indígenas, desarrollo sostenible, temas que la sociedad
civil reclama a nivel regional, hemisférico y multilateral.

En un tema como salud pública, no se encuentra en la declaración ninguna
referencia siquiera a aquello que puede ser considerado un aspecto positivo
de la Declaración de Doha sobre Derechos de Propiedad Intelectual y la Salud
Publica: el principio de que la salud publica debe tener prioridad por encima
de los intereses comerciales. En ese particular, la Declaración de Doha
confirmó el derecho de los países de iniciar la producción de medicamentos
genéricos que se venden a precios mucho más bajos que sus equivalentes
patentadas por las empresas transnacionales farmacéuticas. En las
negociaciones del ALCA en vez de buscar mejorar la disponibilidad de
medicamentos baratos, varias propuestas de los EE.UU. van en la dirección de
ampliar la protección a los monopolios de sus grandes empresas
farmacéuticas.

Asimismo, la Declaración de Quito, en sus puntos 9, 10 y 11 toca la
pretendida dimensión laboral de la integración. Expresa "el renovado
compromiso" de respetar la Declaración Relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 (punto 9). Evidentemente
estamos de acuerdo con ello y es un tema en el que hemos insistido desde hace
muchos años; pero por el momento notamos que son sólo "buenas intenciones",
en un intento de desactivar la creciente oposición al ALCA. En realidad los
ejes sustanciales de lo que se conoce de las negociaciones van en la
dirección contraria, de crear un ambiente económico que presione en el
sentido de profundizar la precarización de nuestros mercados de trabajo.

Por otra parte, en el párrafo 11 la declaración nos dice: "Muchos Ministros
reconocieron que las cuestiones medioambientales y laborales no deberían ser
invocadas como condicionamientos ni sometidas a disciplinas cuyo
incumplimiento esté sujeto a restricciones o sanciones comerciales". Esto
refuerza que el respeto y promoción de tales derechos se quede apenas en
"buenas intenciones". En realidad la mayoría de nuestros gobiernos
consideran que elevar los estándares laborales (como también los
ambientales) les quita su ventaja comparativa ya que fijan sus posibilidades
de competitividad internacional precisamente en los bajos estándares
laborales, sociales y ambientales.

Los Ministros presentan una preocupación por la dimensión ambiental que es
absolutamente vacía si consideramos por un lado el rechazo de los Estados
Unidos a firmar por lo menos el Protocolo de Kyoto, y por otro la voluntad de
aprobar la cláusula inversionista-estado que en la práctica del TLCAN y de
multitud de Acuerdos de Protección Reciprocas de Inversiones, ha significado
el castigo a los Estados que al hacer cumplir sus leyes ambientales limitan
las ganancias esperadas por las grandes corporaciones. Es un hecho
incuestionable que la mayoría de los casos sujetos a controversias
internacionales bajo esta cláusula han estados relacionados con elementos
ambientales.

La Alianza Social Continental ha afirmado que la dimensión laboral y
ambiental tiene que ser algo transversal a cualquier acuerdo económico-
financiero y que su verdadera inclusión implicaría re-orientar
sustancialmente el núcleo mismo de dichos acuerdos. La Alianza Social
Continental no propone una cláusula laboral y ambiental, o social en
general, que se añada a acuerdos de comercio e inversión que son contrarios
a los derechos, intereses y bienestar de la población. La verdadera
inclusión de la dimensión laboral y ambiental implica que nada ni nadie
puede ser colocado por encima de los Derechos Humanos y que los Estados, como
garantes del ejercicio de esos derechos, deben mantener e incluso reforzar
su capacidad reguladora y de contralor, fortaleciendo a la vez instancias
nacionales e internacionales de monitoreo efectivo del cumplimiento de
dichos derechos.

Uno de los puntos de especial interés para las Américas es el de la
eliminación de subsidios a la exportación sobre todo en materia agrícola. En
este sentido, en la Declaración Ministerial en el párrafo sobre la
agricultura (P.15), los gobiernos tratan de atacar las prácticas nefastas de
los EEUU y terceros países (Europa), pero no lo hacen de forma adecuada.

En vez de clamar por "desarrollar disciplinas" sobre prácticas que
distorsionan el comercio, la petición debe ser clara y simple: "prohibir el
dumping" de productos agrícolas. La creencia por parte de muchos países en
desarrollo de que disciplinando las prácticas que distorsionan al comercio
llenará su anhelo de acceso a mercados es falsa. Dicho acceso solo asegurara
más ganancia para las compañías transnacionales que llegaran a dominar la
exportación de cada país a base de precios bajos. Más aun, existen muchas
dudas de que la exportación pueda generar ingresos significativos para el
desarrollo nacional o en el campo, ya que el mercado global esta plenamente
lleno de productos baratos.

Lo que realmente se necesita en las Américas, y es lo que los países en
desarrollo están demandando de forma conjunta ante la OMC, es el principio y
la práctica de "tratamiento especial y diferenciado", ya que es fundamental
garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos y esto
exige que se excluyan productos agrícolas esenciales de las disciplinas
comerciales. En el ALCA, teniendo como principio ser un acuerdo más allá de
la OMC, los gobiernos no deberían demandar menos. La referencia al documento
FTAA.TNC/20/Rev.1, no nos dice nada con relación al tratamiento de este tema
en el ALCA. La simple mención o consideración de los niveles de desarrollo en
las Américas, solo se convierte en un planteamiento discursivo si no se
definen los mecanismos concretos para alcanzar dicho compromiso.

Por el lado de la transparencia, los ministros siguen afirmando la necesidad
de que ésta sea real, y que se dé un proceso de comunicación "en ambas vías"
con la sociedad civil. Sin embargo, en la práctica, sus acciones contradicen
esos objetivos. A pesar de las demandas de las sociedades civiles de varios
países, el nuevo texto del ALCA continua sin identificar cuales países
hicieron o apoyan las distintas propuestas en corchetes. La declaración
tampoco responde a la demanda de que los países que participan en las
negociaciones publiquen sus propias posiciones de negociación.

También constatamos un déficit en lo que se refiere a canales reales de
consulta a la sociedad civil en el proceso de negociación. Pese a que en
algunos países - y debido al trabajo constante de las organizaciones
sociales en demanda de mayores espacios de participación – se han realizado
seminarios y reuniones con diverso grado de apertura y transparencia, hasta
el momento se carece de espacios reales donde la sociedad civil pueda
presentar su agenda y sus cuestionamientos a las negociaciones oficiales.

No necesitamos más ejercicios de propaganda sobre las supuestas bondades del
libre comercio; necesitamos diálogos reales sobre las propuestas concretas,
sus impactos potenciales sobre nuestras economías, sociedades y medio
ambientes, e indicaciones concretas de que habrá amplias consultas
democráticas a nuestros pueblos sobre lo que fue negociado por sus
gobiernos. Como respuesta a la falta de información pública y dialogo real de
los gobiernos, nosotros en la sociedad civil estamos realizando una amplia
campaña educativa y consultas públicas en varios países. La primera
experiencia se realizó en Brasil a principios de septiembre, donde más de 10
millones de personas votaron en contra del ALCA.

Queda claro que no existe un consenso en torno a este modelo de libre
comercio, ni siquiera lo hay entre nuestros gobiernos y mucho menos entre las
sociedades civiles de nuestras naciones. En lugar de avanzar de forma
acelerada hacia la construcción de un acuerdo que podría hacer permanente una
forma de relaciones económicas desastrosa para nuestros pueblos, los
gobiernos no deberían continuar las negociaciones sin abrir un debate real y
sustantivo sobre la integración económica en las Américas. De lo contrario,
se continuará suscribiendo compromisos que carecen de la menor legitimidad, y
que serán profundamente negativos para el desarrollo humano de los habitantes
de las Américas.

Alianza Social Continental

noviembre 2002

Secretaría Alianza Social Continental
Tel. 55-11-3272-9411 ramal. 136