La Corte Suprema de Justicia confirmó las denuncias del Diputado José Merino del Río en relación con las reformas que se pretendían introducir al proyecto de reformas a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, al entregar a la Asamblea Legislativa su opinión sobre este texto.

De acuerdo con el Diputado Merino estas reformas que aprobó la "mayoría mecánica" en Comisión Plena, no solo iban más allá de lo que exige el TLC, "sino que respondían a exigencias que las grandes transnacionales hicieron con la mediación de agencias del gobierno de los Estados Unidos, y que fueron tramitadas en Costa Rica a través de los ministerios de Comercio Exterior y de Justicia".

La Corte Suprema de Justicia en su comunicación a la Asamblea Legislativa cuestiona todos los aspectos previamente denunciados por el legislador del Frente Amplio. Indican que las sanciones carcelarias no respetan las reglas de "razonabilidad y proporcionalidad", impidiendo que los personas condenadas puedan acceder al beneficio de la ejecución condicional de la pena.

También critican los magistrados la doble sanción con penas de cárcel y multas al mismo tiempo lo que supone una duplicidad en los procesos judiciales, así como los cambios confusos y ambiguos al "principio de lesividad", que tal y como había manifestado el Diputado Merino podrían conducir a la cárcel a un estudiante o profesor por el hecho de hacer unas fotocopias de un libro.

Merino del Río dijo que se ha demostrado que "a través de la denuncia pública y el control político en el parlamento junto a la presión social, se puede impedir que los poderes transnacionales y sus socios locales, vayan más allá de lo que el TLC manda en el trámite de las leyes de implementación, o intentar moderar su impacto negativo para las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías".

"El Frente Amplio no ha negociado nada con el Gobierno ni con su representación parlamentaria, sin embargo han tenido que reconocer los excesos en los proyectos de propiedad intelectual que ahora ratifica la Corte Suprema de Justicia, la falta de una página clave en el Tratado de Marcas, o ceder ante la pretensión de privatizar la telefonía fija o de quitarle al ICE la representación en el tratado eléctrico centroamericano", agregó el parlamentario.

En relación con el procedimiento el Diputado José Merino considera que "ahora el proyecto de ley tendrá que volver al Plenario Legislativo para corregir su redacción porque las objeciones de la Corte se refieren a aspectos que afectan el funcionamiento del Poder Judicial lo que, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, califica su votación. Esta situación hace que el proyecto no pueda ser delegado a una Comisión Plena donde solo hay 19 diputados, ya que como lo ha dicho la Sala Constitucional en estos casos los proyectos objetados por la Corte deben ser conocidos por el Plenario Legislativo" y terminó diciendo que "Un proyecto con implicaciones tan serias para el país no puede ser tramitado en una Comisión Plena".