Declaración de Montevideo

Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, capital del MERCOSUR, donde nos hemos reunido el día 17 de Diciembre de 2007, en la Cumbre de los Pueblos del Sur, con el lema “Todos los Pueblos, Toda la Esperanza”, ratificamos firmemente nuestra convicción y apuesta política en la integración de los Pueblos de América, como medio para profundizar la democracia y cambiar el modelo de desarrollo para la plena vigencia de los derechos humanos. En este sentido, declaramos:

Reconociendo los obstáculos que las élites tradicionales imponen a los procesos de transformación de la realidad social, económica, política y cultural que están siendo impulsados en la región, y en particular en la hermana Republica de Bolivia, levantamos enérgicamente nuestra voz de protesta para condenar los intentos de desestabilización de la democracia. Desde las organizaciones y movimientos sociales queremos expresar nuestra profunda solidaridad al pueblo y al gobierno de Bolivia en esta hora de difíciles definiciones en favor del pueblo.

Ratificando nuestra posición en contra de los tratados de libre comercio e inversiones, repudiamos de forma vehemente la firma del tratado entre el Mercosur e Israel, negociado a espaldas de la ciudadanía, que significa la claudicación del bloque frente a las presiones internacionales de liberalización y al mismo tiempo, con un gobierno que en alianza con el poder imperial de EUA impulsa la agresión permanente sobre pueblos vecinos. Este acuerdo viene a consolidar y profundizar un camino de resguardo de los intereses de los capitales internacionales frente a los cuales el Mercosur representó un freno con la derrota impuesta al ALCA.

Al mismo tiempo, rechazamos todas las propuestas surgidas en el propio seno del Mercosur, que estén destinadas a promover la firma de tratados bilaterales de comercio o de protección de inversiones.

Este tipo de acuerdos irán en el sentido de agravar el modelo de desarrollo que las políticas neoliberales han venido implementando en la región, que continua promoviendo la degradación ambiental, profundizando la exclusión social al interior de los países y las desigualdades entre los mismos. En el marco del modelo agroexportador, la expansión de los monocultivos está provocando la destrucción masiva de la naturaleza. El auge de los agrocombustibles que ahora se fomenta para sostener el patrón de consumo de los países industrializados, profundizará las consecuencias devastadoras en el medio ambiente, provocando cambios climáticos y riesgos de catástrofes naturales. El desarrollismo que impulsa mega obras de infraestructura, como las incluidas en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) cuya ejecución responde a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y de sus socios nacionales y locales traerá graves consecuencias para nuestros pueblos y la integración continental basada en la equidad, la inclusión, la diversidad, la soberanía local, la democracia, la justicia social y ambiental y la paz.

Consideramos que la creación del Banco del Sur abre en este momento una oportunidad de cambio en la lógica económica actual. Para incidir sobre estos cambios de rumbos exigimos de los gobiernos que se garantice el acceso público a la información y la participación social en las decisiones del Banco.

En este sentido, asumimos desde los movimientos y organizaciones sociales el desafío y la tarea de hacer que esta herramienta esté al servicio de las necesidades de nuestros pueblos.
Asimismo, saludamos el proceso de auditoría integral iniciado en el Ecuador, que constituye una posibilidad para fortalecer nuestro reclamo que en cada uno de nuestros países se implemente una auditoría participativa de todas las deudas.

Nos oponemos a la creación de las mega represas destinadas fundamentalmente a reforzar el modelo exportador de recursos naturales en forma de productos electro-intensivos. El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución de la riqueza y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía, donde la prioridad sea garantizar el acceso digno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos.

Demandamos la urgente renegociación de los Tratados de Itaipu y Yacyreta así como la necesidad de una auditoria de la ilegitima deuda paraguaya, producto de los injustos términos de los tratados firmados por los gobiernos dictatoriales del Paraguay, Brasil y Argentina.

Alertamos y repudiamos la promulgación de leyes denominadas “antiterroristas” destinadas a criminalizar la lucha social, a los movimientos sociales y a sus líderes.

En este sentido, la Cumbre de los Pueblos del Sur exige la urgente libertad de los 6 ciudadanos paraguayos presos en Argentina, por tratarse de una persecución política y una violación de los derechos humanos fundamentales, solicitando el respeto a los acuerdos referentes al asilo político.

Reafirmamos la necesidad de la inmediata retirada de la Misión Militar de NN.UU. (MINUSTAH) de Haití.

Asimismo, expresamos el apoyo y solidaridad a la campaña popular por la nulidad de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, desarrollada por los movimientos sociales en Uruguay.

En contrapartida, defendemos la soberanía alimentaria, cuyos principios articulan políticas de autonomía productiva en base a las necesidades de los pueblos, y no supeditadas a las demandas del mercado mundial. Es urgente implementar reformas agrarias basadas en los principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos campesinos e indígenas.

La integración de los pueblos implica, para nosotros, considerar las diferencias entre los mismos como una expresión de la diversidad cultural, a la vez que un desafío para que a través de la complementariedad y la solidaridad mutua se conquisten mejores condiciones de vida para todos. El combate a las asimetrías no puede agotarse en medidas compensatorias y desarticuladas, sino que debe contribuir a resolver los problemas estructurales que impiden la autonomía y el bienestar de nuestros pueblos.

Los procesos de integración deben asegurar la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, la recuperación y ampliación de los derechos laborales al mismo tiempo que garantizar el derecho de las personas a no migrar como también todos los derechos de los y las migrantes.

Una vez más, rechazamos todas las formas de discriminación, basadas en el género, las razas y etnias, la orientación sexual, las creencias o religiones, las ideologías, el origen, o cualquier otra distinción que menoscabe los derechos de las personas y limite el ejercicio de la ciudadanía.

La integración que queremos requiere la inclusión de la diversidad de los sujetos sociales y culturales basada en el reconocimiento de los territorios de los pueblos y naciones indígenas, que inclusive muchas veces sobrepasan las fronteras de los Estados nacionales.

Exigimos también políticas públicas universales que respondan efectivamente a las necesidades de hombres y mujeres de acceso a la educación, a la salud, a servicios públicos esenciales, y al ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales.

Exhortamos a los gobernantes a garantizar la transparencia y el acceso a las informaciones substanciales en las negociaciones del Mercosur y fortalecer los espacios de diálogo e interacción entre pueblos y gobiernos, estimulando los mecanismos de democracia participativa y control social.

Consideramos que el fortalecimiento de los procesos de integración en la región debe profundizarse y en este sentido, apoyamos la plena inclusión de Venezuela como también de Bolivia y Ecuador al bloque.

Las organizaciones y movimientos sociales de América del Sur reunidos en Montevideo ratificamos nuestra voluntad de seguir impulsando la integración de los pueblos.

Por una verdadera integración que nos permita construir la soberanía desde y para los pueblos del Sur.

Montevideo, 17 de diciembre de 2007