El diputado José Merino del Río denunció que las personas que sean condenadas por los delitos contenidos en el texto sustitutivo del proyecto de ley que reforma varios artículos de la Ley de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual (Expediente 16.117), además de ir a la cárcel, tendrán que pagar altísimas sumas de dinero por concepto de multas y de "daños y perjuicios".

Para el legislador del Frente Amplio lo anterior confirma "el carácter salvajemente represivo de esta reforma promovida desde los ministerios de Justicia y Comercio Exterior, ya que además de endurecer las penas carcelarias, establece altísimas multas que van de 10 a 500 salarios base, lo que equivale a montos desde 2.2. hasta 106.3 millones de colones".

El diputado Merino refutó a quienes dicen que no va a afectar a profesores y estudiantes: "El delito lo comete cualquier persona que grabe y copie obras literarias o artísticas, música, videos, etc., sin el permiso del dueño del derecho. No se establece ninguna limitación en función de la cantidad de obras que se reproduzcan, o los fines perseguidos por quienes realicen estas conductas. En ninguna parte dice que estudiantes o profesores no serán perseguidos. En todos estos casos la pena sería la misma: un mínimo de 4 años de cárcel más las multas millonarias".

Agregó el parlamentario frenteamplista que: "De acuerdo con la ley vigente, quién grabe y copie obras sin fines de lucro o causando un perjuicio insignificante al dueño del derecho, no puede ser perseguido penalmente por nadie, ni por el Ministerio Público ni por sujetos privados en calidad de querellantes. Sin embargo el cambio que el Gobierno promueve a este artículo es radical, al eliminarse esa excepción general contenida en el artículo 70 de la Ley 8039, que es la que ha impedido que hoy en día se persiga a la gran mayoría de la población costarricense."

Según Merino del Río, además de las penas de cárcel y las multas, el texto incluye en su artículo 40 "criterios para fijar daños y perjuicios", que van más allá de lo que exige el TLC. "Basta revisar la legislación de implementación aprobada en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para darse cuenta. Aquí se le hicieron agregados para fijar sanciones que van desde 631 mil hasta 63.6 millones, por cada obra infringida" manifestó.

"En estas condiciones, la educación costarricense y el derecho de nuestro pueblo a la cultura y al conocimiento corren enorme peligro. Una cuestión es proteger los derechos de los autores y otra muy distinta es meter a la cárcel e imponerle altísimas multas a una buena parte de la población, para incrementar las ya de por sí cuantiosas ganancias de un puñado de trasnacionales", terminó diciendo el Diputado Merino.