La pretensión de aplicar el artículo 208 bis del reglamento legislativo al debate sobre las leyes del ICE, en particular al \"Proyecto de Ley general de telecomunicaciones\" (expediente no. 16.398 ) confirma el poco interés que tiene el gobierno de los hermanos Arias Sanchez de que se realice un debate amplio, democrático y profundo sobre el futuro del ICE.

Aún más, confirma la prisa que tienen de aprobar ambos proyectos (como es conocido el otro es el \"Proyecto de Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, expediente n.º 16.397), cuyo objetivo es la destrucción del ICE o en el mejor de los casos reducir sensiblemente su capacidad para dotar a la población los servicios de telecomunicaciones y energía en condiciones de solidaridad y universalidad.

Recordamos a la opinión pública que el mencionado artículo 208 bis no se puede aplicar a proyectos relacionados con ventas de activos del Estado ni apertura de monopolios. Aún así los propulsores de la reforma al mecanismo del debate -nos referimos a la mayoría mecánica de los 38-, pretenden variar las reglas legislativas con base al 208 que es un procedimiento que faculta a los y las legisladoras a un trámite super abreviado, aún más que el 41 bis.

Entre otras barbaridades la citada reforma al reglamento pretende imponerle una \"guillotina general a todas las mociones que presenten los diputados de oposición. No solo les recortan el derecho a hablar, además se establece que las propuestas que presenten se votarán sin discusión alguna.

No les importa que se trate de un proyecto complejo, de muchos artículos que requiere de mucha discusión.

La pregunta es ¿Por qué esa renuencia al debate?

Nuestra respuesta a este interrogante es clara: el ICE es el plato fuerte del TLC, porque hay grandes intereses económicos detrás del negocio de las telecomunicaciones. Recuerden los costarricenses que las telecomunicaciones fueron ofrecidas por los negociadores disque costarricenses, según lo reconoció el propio Óscar Arias Sánchez.

Por otro lado, la lucha por defender al ICE como institución que forma parte del Estado Social y que realiza su labor bajo los principios de la universalidad y la solidaridad social data desde 1987, demostrando que el pueblo rechaza su privatización.

Hablando de grandes intereses recordamos también a la opinión pública que los diputados Gilberto Jerez y Evita Arguedas no pueden participar en el debate y votación de ambos proyectos de ley del ICE, por cuanto ambos tienen intereses económicos en el negocio de las telecomunicaciones.

¿Cuánto costarían los servicios en las condiciones de apertura del mercado? En la Ley de fortalecimiento el ICE se obliga al Instituto a pagar el espectro radioeléctrico, lo que tendrá un costo de $ 700 millones anuales, así como impuesto de la renta y otros tributos como el aporte al 911.

¿Cómo se financiará el sector eléctrico, si los subsidios cruzados son eliminados en estas leyes?

Por eso vamos a huelga el 26

ANTTEC, ASDEICE, SIPROCEICE, SIICE, ACOTEL, AJEICE, SIPROCEICE, SITET

San José, 15 de noviembre de 2007

¿Por qué debemos rechazar los proyectos del ICE en la agenda de implementación del TLC?

• Por muchas razones, entre ellas porque la Ley General de Telecomunicaciones (expediente Nº 16398) crea una tasa de reserva de las ondas electromagnéticas que ronda los $700 millones que la institución deberá cancelar anualmente. Los expertos aseguran que con esa carga simplemente el Instituto no podrá funcionar. (Ver artículo 70 del proyecto).

• Porque en el Artículo 6 del proyecto Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (Expediente 16397) le son arrebatadas al ICE las funciones de planificación, orientación y desarrollo, reduciendo al Instituto a un simple \"operador del servicio\".

• Porque el Artículo 15 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización obliga al ICE a pagar impuesto sobre la renta lo cual repercutiría en tarifas más caras a la población, eliminando además una ventaja comparativa para competir en una eventual apertura.

• Porque el ICE tendría que competir con las transnacionales con las nuevas trabas que en materia de contratación administrativa le impone el artículo 19 del Capítulo IV del mismo proyecto de ley.

• Porque la Ley General de Telecomunicaciones prohibe los subsidios cruzados que, como se sabe, permiten que los teléfonos residenciales tengan una tarifa básica de ¢ 3500, y obliga a aumentarlas a más de ¢10 mil.

• Porque la Ley General de Telecomunicaciones deja al descubierto a la población al cercenar los principios de universalidad y solidaridad. En el Artículo 2 del expediente Nº 16398 , se agrega a la universalidad y la solidaridad, la coletilla: \" garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran\". En cambio hoy el ICE no hace distinciones, aplica el criterio de universalidad por parejo, bajo el entendido de que todos requerimos de esos servicios básicos; por eso la penetración alcanza el 95 % del territorio nacional tanto en telecomunicaciones como en energía.

• Porque el Artículo 3 de ese proyecto, dice además que universalidad es la prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes. ¿Qué es un mínimo? ¿Quién lo define? Esa definición es un retroceso en materia de cobertura y dotación de estos servicios.

• Porque además reduce el principio de solidaridad al mínimo al señalar que es el establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de \"menores ingresos\" y a grupos \"con necesidades sociales especiales\". Este criterio reduce lo que hoy se entiende como tal, pues en el ICE la solidaridad abarca también a la clase media.

Por estas y otras razones, el derecho de la población a las telecomunicaciones y a la energía en condiciones de solidaridad y el acceso universal están en riesgo.

Por eso también está amenazada la estabilidad laboral de cada uno y cada una.

¡El 26 de noviembre vamos a paro!

Por la defensa de l ICE, por la defensa de nuestros puestos de trabajo, todos a la calle el 26 de noviembre.

Paremos el intento del bloque de los 38 de acelerar la aprobación de las dos leyes del ICE que son parte de la agenda de implementación del TLC.

Nuestra institución y nuestro empleo están en juego.

Organizaciones laborales del ICE