Consideramos que la Comunidad Sudamericana de Naciones debe constituirse basada en un modelo económico social suntentable para el bienestar de los Pueblos. A diferencia del ALCA y los Tratados de Libre Comercio del modelo neoliberal que favorecen la acumulación capitalista principalmente de las transnacionales y mercantilizan todos los aspectos de la vida, nosotros proponemos y asumimos la construcción de una integración basada en la distribución de la riqueza.

Los Estados deben garantizar efectivamente todos los derechos Humanos, ambientales, sociales, económicos y culturales de los pueblos, superando las discriminaciones y respetando la identidad y los derechos soberanos de los pueblos indígenas de desarrollar su propio modelo de vida en armonía con la naturaleza.

La CSN debe hacerse asumiendo nuestra diversidad cultural y soberanía popular donde el cimiento de nuestras sociedades sea la universalidad de los derechos humanos, por lo que proponemos se construya en una Carta Social Sudamericana estructurada sobre la base de la Carta Social de las Américas que incluya la Plataforma Laboral presentada por las Centrales Sindicales.

Que la Carta se conforme en los principios y valores de Libertad, Igualdad, Solidaridad, Justicia social, Soberanía y Democracia participativa.

Que reafirme los Derechos: a la Vida y la soberanía Alimentaria; Al Trabajo en cualquiera de sus formas y al empleo digno; al acceso universal de la Salud, la asistencia sanitaria y a los medicamentos; a la Educación y al Conocimiento, a la Formación contínua e inclusiva y a la erradicación definitiva del Analfabetismo; a la Vivienda y la Seguridad Social solidaria universal; a la Tierra y a la agricultura familiar campesina; al acceso universal al Agua definiéndolo como Bien Social; a la Economía social solidaria; al cuidado del Medio Ambiente y los bienes naturales respetando la Biodiversidad y la sustentabilidad; a la diversidad cultural; a la equidad de género en toda la dimensión de los derechos de las mujeres; a la diversidad sexual; a la migración y a la no migración¸ a la inclusión social desterrando toda discriminación; a la ciudadanía plena de las personas con Discapacidad; Todos los derechos de los Pueblos Originarios.

Esta Carta debe incorporar tres capítulos sobre: 1 – La EXIBILIDAD de los derechos constituidos. 2 – La institución de la Ciudadanía Sudamericana. 3 – La participación de las organizaciones y movimientos sociales institucionalizando la Democracia Participativa en la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Reconociendo la oportunidad del nuevo tiempo político social en Sudamerica, también debemos dar cuenta de que nuestro continente es el de mayor desigualdad social. Y además, que la pobreza en América Latina no es producto de la escasez sino de la mala distribución de la riqueza.

Los pueblos somos acreedores de una deuda social, histórica y ecológica y debe pagarse ahora, por lo que consideramos imprescindible la ejecución de políticas concretas en los inmediato para garantizar:

Que todos los proyectos de infraestructura sean revisados en función del respeto a los derechos humanos, ambientales y de los pueblos. Que todo proyecto y tratados sean aprobados previa consulta popular.

El retiro de las bases y fuerzas militares imperialistas de nuestro continente, rechazando las políticas basadas en la doctrina de seguridad impuesta por los gobiernos de Estados Unidos, terminando además con la represión , la criminalización y judicialización de la protesta social.

El derecho a la existencia con dignidad, unificando las campañas para la erradicación del hambre, el analfabetismo y la pobreza, priorizando la universalidad de estos derechos a los niños, a todos los menores de 18 años en nuestro continente.

Los movimientos sociales participantes de esta Cumbre Social por la Integración de los Pueblos nos comprometemos a: Fortalecer nuestras luchas; a la construcción de la integración desde los pueblos, constituyendo Foros Sociales en todo el Continente, donde se expresen- sin exclusión ni discriminación - todos los sujetos sociales; a generar alternativas políticas, sociales, económicas para lograr el efectivo ejercicio universal de los derechos humanos y de los pueblos.