El taller “Resistencia de los pueblos de América Latina a la minería”, convocado por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU), congregó gran cantidad de asistentes entre víctimas de la actividad minera en países de Latinoamérica y estudiosos del caso.
 
Contó dentro de sus expositores con dirigentes nacionales como Magdiel Carrión Pintado, Presidente de la Federación Provincial de Comunidades de Ayabaca (FEPROCA), quien mantiene una resistencia justificada a la intromisión de la empresa minera Majaz, que pretende instalarse en un área donde se encuentran las lagunas que dan origen a los ríos que alimentan los territorios de las comunidades de Yanta y Ayabaca en Piura y Jaén y San Ignacio en Cajamarca.
 
El gobierno del Perú concedió una seria de facilidades y leyes para beneficiar y permitir las operaciones de la empresa minera Majaz, subsidiaria de la Minin Corporation, que es una transnacional de la industria minera. Facilidades tan escandalosas como la modificatoria de Ley, para permitir su instalación a solo 50 kilometros de la frontera con el hermano país de Ecuador.
 
Margarita Pérez Anchiraico, dirigente de la Comunidad de San Mateo de Huanchor en Lima, manifestó que su lucha no ha sido corta, llevan más de 8 años resistiéndose a la empresa minera Leandro Proaño, actualmente propiedad del Grupo Wiese Sudameris del Perú.
 
La comunidad de San Mateo de Huanchor denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno peruano por detener las actividades de traslado de los desechos tóxicos, arsénico, cianuro, plomo, cadmio mercurio, que depositó la empresa minera a escasos 50 kilómetros de sus viviendas. El gobierno peruano tuvo que culminar las acciones de traslado del material.
 
El testimonio de lucha de Jorge Adalberto Aguilar Chinche, Vicepresidente del Consejo del Municipio de El Choro en el departamento de Oruro, Bolivia y miembro de la Coordinadora en Defensa del Medio Ambiente de la rivera del rió Desaguadero, lago Popo y Oruro (CORIDUP) fue aplaudido por los asistentes que se solidarizaron con las muestras de afectación por el uso del cianuro.
 
La empresa Inti Raymi representante de Newmont Internacional, llego en el año 1982 al departamento de Oruro, nadie se daba cuenta de cómo estaba operando, pero con el transcurrir de los años, los impactos negativos en el medio ambiente empezaron a hacerse  visibles, empiezan a morir los animales, disminución de la tasa de natalidad en el ganado, aparecen salinizaciones, empieza a cambiar la realidad de sus comunidades y así golpean nuestra economía.
 
Las acciones inmediatas a realizar por esta organización son exigir la retribución por daños y perjuicios que será evidenciada mediante la auditoria por la entidad privada que designen las comunidades afectadas. Esperan que el gobierno de Evo Morales marque la diferencia y paralice las actividades de contaminación por parte de la empresa Inti Raymi.
 
Las empresas transnacionales vienen a Latinoamérica a extraer los recursos naturales  de manera irresponsable, sin tener en cuenta la opinión de la población que se encuentra muy próximas al área de sus proyectos, los gobiernos son muy flexibles y beneficiosos para los inversionistas extranjeros, y no pueden ser promotores y fiscalizadores de la actividad minera.
 
Para finalizar el evento se conformó dos instancias de control a nivel latinoamericano, la primera el Frente Binacional de Defensa del Lago Titicaca conformado por la Confederación Regional de Comunidades Afectadas por la Minería en Puno (CORECAMI PUNO), Unión de Comunidades Aymaras (UNCA), Coordinadora en Defensa del Medio Ambiente del la rivera del rió Desaguadero, lago Popo y Oruro (CORIDUP), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Red KAMA de Argentina. y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU). Y la segunda es la Coordinación de Pueblos, Comunidades y Naciones afectadas por la Minería conformadas por (CONAMAQ), (CONACAMI), y la Red KAMA de Argentina.