La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos, revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable.

Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.

En los debates temáticos durante la durante la presente cumbre se abordaron y profundizaron estos temas destacándose los siguientes aportes a lo expresado en la carta:

La idea de discutir la temática energética en el marco integral del proceso de integración

La preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto a los mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social

Estuvo planteada la solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc.) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios.

La preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.

La necesidad de reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.

Se planteó también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente

Se expreso preocupación por:

El desarrollo de megaproyectos energéticos (grandes represas, gasoductos, etc.) sin la necesaria participación ciudadana en el debate de su necesidad, impactos, etc. Instar al desarrollo de mecanismos de participación y de decisión en estos aspectos

Por el avance de proyectos asociados a los bioenergéticos, la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.

La necesidad de establecer el control social y la fiscalización sobre los recursos (OIT 169).

Por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos que afectará a la región.

Por el continuismo de las políticas energéticas

Se planteó priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarias.

Se expresó la solidaridad con el camino emprendido por el pueblo boliviano en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrenta los intentos separatistas de las transnacionales y la oligarquía local. Las transnacionales y gobiernos extranjeros se entrometen en las políticas de los Estados con la intención de mantener o incrementar sus ganancias.

La integración energética debe estar en función de garantizar el acceso a la energía de los sudamericanos y no a incrementar las ganancias de las transnacionales. La energía es un bien común de los pueblos y no una mercancía, es un derecho humano dentro de los derechos ampliados. Por ello se debe garantizar el acceso a los bienes energéticos por parte de los habitantes del continente para garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos, revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable.

Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.

En los debates temáticos durante la durante la presente cumbre se abordaron y profundizaron estos temas destacándose los siguientes aportes a lo expresado en la carta:

La idea de discutir la temática energética en el marco integral del proceso de integración

La preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto a los mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social

Estuvo planteada la solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc.) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios.

La preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.

La necesidad de reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.

Se planteó también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente

Se expreso preocupación por:

El desarrollo de megaproyectos energéticos (grandes represas, gasoductos, etc.) sin la necesaria participación ciudadana en el debate de su necesidad, impactos, etc. Instar al desarrollo de mecanismos de participación y de decisión en estos aspectos

Por el avance de proyectos asociados a los bioenergéticos, la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.

La necesidad de establecer el control social y la fiscalización sobre los recursos (OIT 169).

Por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos que afectará a la región.

Por el continuismo de las políticas energéticas

Se planteó priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarias.

Se expresó la solidaridad con el camino emprendido por el pueblo boliviano en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrenta los intentos separatistas de las transnacionales y la oligarquía local. Las transnacionales y gobiernos extranjeros se entrometen en las políticas de los Estados con la intención de mantener o incrementar sus ganancias.

La integración energética debe estar en función de garantizar el acceso a la energía de los sudamericanos y no a incrementar las ganancias de las transnacionales. La energía es un bien común de los pueblos y no una mercancía, es un derecho humano dentro de los derechos ampliados. Por ello se debe garantizar el acceso a los bienes energéticos por parte de los habitantes del continente para garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.