Derechos de la Madre Tierra

Las organizaciones y movimientos sociales nos reunimos en esta plenaria a construir nuevos pensamientos para la humanidad, a partir de nuestro acumulado histórico en la generación de alternativas para una nueva sociedad.
Para avanzar en las alternativas, debemos dejar de pensar desde la perspectiva mercantil y superar las falsas dicotomías que nos han presentado entre la producción y la reproducción y plantearnos nuevas relaciones sociales, basadas en la armonía entre las personas y con la naturaleza y en la solidaridad entre los pueblos.
Nuestras alternativas y propuestas se basan en la igualdad, contemplando la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, a la autonomía sobre nuestros cuerpos y sexualidad, se fundamentan también en la economía feminista, la desmercantilización de nuestra vida y nuestros cuerpos, en la separación de la sexualidad de la maternidad y en la superación de la división sexual del trabajo. Para esto proponemos cambios reales que resignifiquen y amplíen el concepto de trabajo, reconociendo el trabajo de las mujeres y la responsabilidad de los hombres y el Estado en las tareas del cuidado.
Frente a un modelo de consumo que nos obliga a comprar cada vez más para vivir mejor, proponemos  el Buen Vivir,  a partir de la revalorización del conocimiento tradicional y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.
La defensa de los bienes comunes es una respuesta a la mercantilización de la naturaleza y la explotación de nuestros recursos. La producción campesina y agroecológica para el consumo local, regional y nacional garantiza la soberanía alimentaria, la protección de la semillas, el cuidado de la tierra, el saber local y tradicional, éstas son alternativas reales a la crisis alimentaria, climática y económica. Exigimos con vehemencia la reforma agraria frente a la concentración de la tierra y de la riqueza.
El ejercicio de la verdadera democracia exige un cambio del sistema político y de las relaciones de poder, la construcción de una democracia horizontal y de Estados plurinacionales. Los Estados y las instituciones de gobernanza global, como la ONU, deben tener como prioridad la justicia social y ambiental, responder a los intereses de los pueblos y ser garantes del cumplimiento de sus derechos.
Proponemos que las instituciones multilaterales como el BM, FMI, BID, OMC, sean sometidas a un régimen internacional de control social, una auditoria de la Deuda Pública Externa e Interna, sean responsabilizadas por la Deuda social, ecológica, económica y financiera, y haya una reparación de los crímenes y violaciones de los derechos de los pueblos.
Las alternativas deben ser construidas con y desde las bases, a partir de las propuestas e iniciativas comunitarias y el trabajo autogestionario, superando la división entre los medios de producción y el trabajo. La economía solidaria debe ser reconocida por los Estados y la sociedad como una propuesta concreta, que  constituye una forma de avanzar hacia otra lógica basada en el cuidado de la vida en todas sus formas y busca la igualdad y la sustentabilidad ecológica y cultural.
Nos proponemos desmantelar el poder de las empresas transnacionales, poner fin a la impunidad con la cual cometen crímenes económicos y ecológicos, exigir que sean responsabilizadas por ellos y se haga justicia para los pueblos, a través de la creación de un sistema internacional vinculante. Para ello, es prioritario terminar la captura corporativa de la ONU y de los Estados, a través de acciones concretas.
Superar el modelo implica una transición justa, libertad de organización y derecho a la contratación colectiva. Solo de esta forma se puede garantizar la igualdad de oportunidad y tratamiento de mujeres y jóvenes. De la misma forma, demandar a los gobiernos la promoción de políticas públicas que apoyen la transformación de la actividad económica y desarrollen nuevas fuentes de trabajo decente. Esto significa asegurar a los trabajadores y trabajadoras dignidad, libertad de organización e igualdad de oportunidad y tratamiento.
Exigimos que los gobiernos de todo el mundo reconozcan el derecho humano a la protección social, de acuerdo con el  Convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social y la Recomendación 202 de la OIT sobre los pisos nacionales de protección social y provean, faciliten y extiendan la cobertura de protección social. Para buscar una fuente segura, estable y suficiente de financiación, proponemos la adopción de un Impuesto a las Transacciones Financieras a nivel global y regional.
Demandamos la prohibición y la acción efectiva por parte de los gobiernos para poner fin al trabajo esclavo, políticas públicas incluyentes y el reconocimiento de los derechos de las y los migrantes forzados.
Frente a nuestras alternativas, el poder reacciona con la fuerza y la represión a través de la ocupación militar de nuestros territorios, la criminalización de la protesta e intimidación de organizaciones y movimientos sociales, de sus líderes y liderezas, para silenciar las voces de los pueblos que intentan fortalecer las luchas y construir solidaridad.
La transición hacia ese otro mundo necesario exige la construcción y consolidación desde los movimientos en un proceso de unidad en la acción, articulación y agendas comunes.