Derechos de la Madre Tierra

Ante la opinión pública nacional e internacional:
 
1.      Que existen más de 84 proyectos hidroeléctricos algunos aprobados y otros en trámite en la autoridad de los servicios públicos de Panamá y en la autoridad nacional del ambiente, instituciones que han estado vendiendo nuestros recursos naturales a empresas privadas sin ningún tipo de planificación, todos estos proyectos. Los retamos a debates públicos para desenmascarar sus mentiras.
 
2.      La experiencia vivida que han tenido las comunidades campesinas e indígenas afectadas por estos proyectos ha sido negativa, de violaciones de derechos humanos, de represión, intimidación, corrupción. Jamás se ha respetado el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los afectados y los estudios de impacto ambiental son pura letra en papel muerto.
 
3.      Rechazamos el argumento de los sectores empresariales de que su seguridad jurídica está por encima de la seguridad de comunidades enteras que serán desplazadas y sus mejores tierras inundadas. Ellos no respetan títulos de propiedad, derechos posesorios, tierras colectivas y tierras comarcales. Nos amenazan con expropiación y eso no es considerado una violación a la seguridad jurídica del pueblo panameño.
 
4.      Proyectos hidroeléctricos como Barro Blanco, no son construidos para beneficiar con luz a las comunidades aledañas, ni mucho menos para bajar el costo de la luz al pueblo panameño. Son para privatizar el agua. El ANAM le otorga el derecho del 90% del caudal del río a través de concesiones permanentes. Y que paso con el agua de las comunidades, con el caudal necesario para la vida de los peces y camarones, el caudal para la producción agrícola y ganadera, el caudal para los proyectos de turismo comunitario. Al pueblo y la vida del rio le toca pelearse el 10%.
 
5.      Exigimos al gobierno:
 
A.      Cancelación del proyecto Barro Blanco
B.      Aprobación de la ley especial que prohíba la minería e hidroeléctricas en la Comarca Ngabe Bugle para proteger este importante territorio de la devastación ambiental de los empresarios codiciosos.
C.       La discusión amplia sobre el tema energético para buscar verdaderas soluciones y alternativas para beneficiar al pueblo panameño sin destruir el medio ambiente y privatizar los recursos naturales necesarios para la continuidad de la vida.
D.      La renacionalización del sector energético. Que los proyectos hidroeléctricos y energéticos los construya y administre el Estado para beneficio del pueblo.
E.      Una ley especial que garantice el derecho de los afectados por hidroeléctricas y otros proyectos de muerte.
 
6.      Hacemos un llamado a todas las comunidades campesinas e indígenas del resto del país, afectados por los proyectos hidroeléctricos a que salgan a manifestarse para demostrarle a la opinión pública que los afectados somos más que un grupo de empresarios culpables de la pobreza y el conflicto socio ambiental de nuestro país. Su intransigencia provoca nuestra lucha en las calles.
 
Son nuestros ríos, nuestras tierras y nuestros derechos.