Derechos de la Madre Tierra

Los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones nos preparamos para participar en Río+20. Porque estamos convencidos que tenemos mucho que aportar: nuestros conocimientos y prácticas ancestrales sobre el uso y la conservación del agua, nuestra riquísima biodiversidad natural y social, nuestra propuesta paradigmática de Buen Vivir. Y porque para ello necesitamos que el mundo comprenda que las soluciones de mercado son inviables, que la salida es cambiar la matriz capitalista de producción y consumo, que todo proyecto debe respetar los derechos humanos y colectivos de todos y todas.
 
Para la construcción de nuestras propuestas, debemos conocer cuál ha sido el proceso de discusión global sobre desarrollo y medio ambiente, para situarnos en el contexto actual y proyectarnos hacia el futuro.
 
Contexto de las discusiones
 
Mucho ha cambiado el mundo desde que, en los años setenta del siglo pasado, el tema ambiental pasó a ser parte de la agenda pública. Fue entonces cuando en los propios países industrializados se empezó a cuestionar la viabilidad de un modelo que elevaba cada vez más los estándares de producción y consumo y se basaba en una matriz energética sustentada en el creciente consumo de petróleo. Y que empezaba a mostrar diversas manifestaciones de su crisis: los conflictos en Medio Oriente, por ejemplo, que elevaron estratosféricamente los precios del petróleo.
 
Es así que una comisión internacional emitió el informe Los límites del crecimiento, documento que fue la base de la convocatoria de la I Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, que se reunió en Estocolmo, Suecia, en 1972. Allí se hizo un primer diagnóstico de los ecosistemas y se evidenciaron los problemas del cambio climático y de los ecosistemas. Y se habló de la búsqueda de un modelo que no tenga como único eje el crecimiento económico.
 
De estas primeras discusiones deriva el concepto de desarrollo sostenible, el cual plantea sostener un modelo económico sin afectar la disponibilidad de recursos de las generaciones futuras.
 
Doce años después, en octubre de 1984, se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, atendiendo el llamado de la Asamblea General de Naciones Unidas para establecer una agenda global para el cambio. Esta Comisión publicó en abril de 1987 su informe Nuestro Futuro Común, el cual plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de recursos ambientales.
 
Como vemos hasta aquí, el mundo podía admitir, en mayor o menor medida, la crisis del sistema. Pero no planteaba un cambio radical, solo algunas políticas de mitigación. No contaba con que el poder económico de las corporaciones multinacionales pasaría a consolidarse también como un creciente poder político.
 
Derechos indígenas
 
De manera paralela a esta discusión, se desarrollaba otro proceso: el de la emergencia del movimiento indígena a nivel internacional. En los años sesenta y setenta ya habían aparecido las primeras organizaciones nacionales, en los años ochenta nacen las organizaciones regionales. Y se realizan conferencias internacionales.
 
Entonces el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, constituido principalmente por organizaciones norteamericanas, europeas y amazónicas, empieza a visibilizar las perspectivas de los pueblos indígenas, que hasta entonces estaban mediadas por los representantes de los gobiernos en espacios como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuya Conferencia General adopta en 1989 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
 
Casi dos décadas después, la Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre del 2007 la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
La Conferencia de Río’92
 
La Cumbre de la Tierra Río 92 hace posible visibilizar los derechos de los pueblos indígenas en relación al medio ambiente. Hasta entonces eran dos temas que marchaban por cuerdas separadas, sin articularse. Por primera vez también se vinculan la diversidad natural y la diversidad biológica, al reconocer que la mayor parte de las regiones del mundo con alta biodiversidad se ubica en territorios de pueblos indígenas.
 
Estos reconocimientos derivan al tema de los conocimientos ancestrales y por este camino se llega hasta el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992.
 
En Río+20 se dice que los Estados deben garantizar el control de los pueblos indígenas a sus territorios, incluidos sus lugares sagrados, que contienen la biodiversidad más rica del mundo. Deben garantizar también la participación de los pueblos indígenas en la conservación y uso racional de su medio ambiente. Y deben respetar nuestros conocimientos tradicionales.
 
Los documentos oficiales de Río’92 evidencian las amenazas a los territorios y hábitats indígenas: megaproyectos de infraestructura, actividades extractivas como minería, petróleo, gas, forestales, monocultivos, agroindustria, que causan el desplazamiento de los pueblos indígenas. Se aprueba la Agenda 21, con líneas específicas, indicadores y plazos que luego son recogidos en el Protocolo de Kioto. Se incorpora el tema de la pobreza al debate sobre el desarrollo sostenible.
 
El debate sobre medio ambiente y desarrollo siguió produciendo nuevas reuniones e instrumentos internacionales: el Foro Medioambiental Mundial, la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, la Convención para la protección del Patrimonio Cultural y Natural del Mundo de la UNESCO, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, el Fondo Medioambiental Mundial, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
 
Grave retroceso
 
Diez años después de Río+20 se reúne en Johannesburgo, Sudáfrica, una nueva Cumbre que significó graves retrocesos en lo avanzado en la primera Cumbre de la Tierra respecto del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
 
Desde la organización misma de la Cumbre de Johannesburgo se bloqueó el trabajo de incidencia de los movimientos sociales y los organismos no gubernamentales, los que incluso fueron reprimidos, con detenciones y requisa de materiales. Es allí donde se consagra la “economía verde”, que es la mercantilización de la naturaleza con que se pretende legitimar un modelo económico, social, ambiental y políticamente en crisis.
 
En Johannesburgo triunfa el neoliberalismo, predominan los intereses de las corporaciones multinacionales y de la Organización Mundial de Comercio. Los fondos para la protección del medio ambiente son drásticamente recortados.
 
Este es el proceso global que nos lleva hasta Río+20, donde los pueblos indígenas debemos estar presentes para incorporar importantes temas a su agenda: entre ellos poner énfasis en los derechos territoriales, la diversidad biológica y cultural, el balance del cumplimiento de los objetivos de Río’92, la protección y promoción de los conocimientos ancestrales, la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado.
 
 
Lima, 12 de marzo del 2012.