Derechos de la Madre Tierra

En último día de actividades los manifestantes de la Marcha Nacional del Agua participarán del tribunal hídrico, habrá una concentración en la Plaza 2 de Mayo y cerrarán con un mitin en la Plaza San Martín. Así los participantes de la marcha, recibirán testimonios de las poblaciones de influencia minera e incluso petrolera y sistematizarán problemáticas comunes, con el objetivo de presentar a la opinión pública, además de plantear iniciativas que regulen la afectación de ecosistemas frágiles, evitar el gran impacto social y cultural por el crecimiento desordenado de las industrias extractiva, por lo que se requiere políticas de ordenamiento territorial donde se determine donde sí y donde no se deben desarrollar estas actividades.
 
Los organizadores de la Marcha Nacional de Agua han señalado que tanto la marcha y las actividades como el foro y el tribunal hídrico han colocado en agenda de discusión el tema del agua, el ordenamiento territorial, que son demandas de las poblaciones en el interior del país.
 
Llegada a Lima:
Ayer los manifestantes tuvieron un multitudinario recibimiento a su ingreso a Lima, luego de 9 días y más de 700 kilómetros recorridos a veces a pie y otras veces trepados en camiones, las diferentes delegaciones de dirigentes campesinos, ronderos y representantes de frentes de defensa por el agua, fueron recibidos por diversas asociaciones como el SUTEP, la Central Única de Trabajadoras del Hogar, el Movimiento de los Sin Techo, la Organización distrital de Mujeres de Comas, la Central Única de Trabajadores, los Jóvenes Comunistas del Perú, entre otros.
 
Los más de mil marchantes llegaron a la capital para presentar su rechazo a cualquier forma de actividad extractiva que ponga en riesgo los ecosistemas y los recursos hídricos. Desde Cajamarca, la caravana, encabezada por el ex sacerdote Marco Arana y diferentes dirigentes de frentes de defensa por el agua y ronderos campesinos, emprendió el viaje este 1 de febrero desde la Laguna Cortada y Namacocha, ubicados en el área donde la minera Yanacocha pretende asentar el proyecto “Conga”.
 
De este punto emprendieron el camino haciendo un alto en varias provincias de Cajamarca, La Libertad, Áncash y el Norte Chico de Lima. La ruta comprendió las provincias de Choropampa, Chilete San Pablo Contumazai, San Miguel, Tembladera, Ciudad de Dios. En este punto les dieron el encuentro delegaciones de Lambayeque, Piura y Tumbes. Continuaron hacia Trujillo, Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Trujillo, Chimbote, Casma, Huarmey, Pativilca, Supe, Paramonga, Huacho y Lima.
 
Son diversas las asociaciones civiles y grupos ambientalistas las que han dado muestras de adhesión con la causa de la Marcha. Les han dado el encuentro, por ejemplo, la Confederación Nacional de Comunidades Campesinas y Nativas del Perú, de la región de Moquegua, donde también se han generado conflictos sociales en torno a la explotación minera. La minera angloamericana Quellabeco, por ejemplo, explota desde hace diez años los yacimientos del río Huasana, hoy totalmente contaminado. También ha sufrido los daños de la mala minería, los yacimientos de Cuajone donde la Sourthen Perú saca agua del subsuelo sin consentimiento de la población.
 
En sus varios pronunciamientos los marchantes dicen que: El derecho a las inversiones y al trabajo que tienen las mineras no puede estar por encima del derecho que tenemos los pueblos a ser consultados cuando una inversión, por importante que sea, afectará gravemente nuestras vidas. El agua es un derecho humano. El Estado peruano no reconoce en la legislación actual que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano; un derecho que es esencial para la realización de todos los demás derechos humanos, puesto que, sin agua no hay vida.
 
Los marchantes llegaron acompañados de los representantes del grupo de observadores internacionales que han viajado al país para observar y dar su evaluación sobre la Marcha del Agua. El Doctor En Ciencias Física Pedro Arrojo dijo: “Vamos a observar los valores y componentes sociales de la marcha, las reacciones políticas e institucionales. No estamos a favor de nadie, vamos a escuchar a todos. Queremos ser el puente de diálogo pero no aceptamos vetos de nadie. El dolor de los pueblos debe ser escuchado”.
 
A su llegada Marco Arana recordó que “esta marcha fue convocada en pleno estado de emergencia, en un momento en que diez mil campesinos eran llevados a responder de forma violencia en legítima defensa. Por ello buscamos un fin pacífico. La marcha terminará mañana, pero regresamos a defender las lagunas. Decimos que Conga es inviable de todas formas”.
 
Entre la multitud se encontraban diferentes representantes de frentes de defensas y rondas campesinas como Wilfredo Saavedra del Frente de Defensa por el Agua de Cajamarca. Saavedra recordó que “debido a la ausencia del Estado desde hace 20 años se han hecho muchos esfuerzos porque el pueblo se organice. Hasta hace poco los frentes defensa no fueron más que aparatos burocratizados. Y es así que en el 2009, iniciamos en Celendín la primera asamblea del Frente de Defensa donde participaron las provincias de San Marcos, Cajabamba, Cajamarca, Celendín, San Pablo y Bambamarca. Esta vez, la necesidad de proteger el agua como derecho humano, de proteger las cabeceras de cuenca, y decir no a la minería con cianuro y mercurio, de recuperar competencias, para que el Ministerio del Ambiente tenga voz y voto y no solo de forma figurativa porque las decisiones finales son tomadas por el Ministerio de Energía y Minas, nos ha unido en la Gran Marcha”.
 
Idelso Hernández es dirigente de la Central Única de Rondas Campesinas de Cajamarca. Las rondas han sido el grupo fuerte en esta marcha y han sido los que han resguardado que la marcha se realice de manera pacífica. Las rondas tienen 35 años en Cajamarca y dinamiza el movimiento social y político de la región. Es una organización que administra justicia. “Cuando ingresó Yanacocha fraccionó al movimiento social, cuenta Hernández, por ello existían diversos frentes de defensas. Las mineras dividían, como Yanacocha captaban y corrompían a los dirigentes. Pero hoy estamos unidos en esta lucha. Ya tenemos una experiencia basta de los impactos negativos que provocó la mala minera”.
 
Por su parte, Eddy Benavides, del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc, precisó que Conga pretende exterminar 65 hectáreas de espejo de agua, que 1262 residuos ambientales son ya vertidos a los ríos de Hualgayoc y que los gobiernos locales y regionales no pueden hacer nada al respecto porque el Estado les ha restado competencias en este aspecto”. Otro de los dirigentes criticó la forma en que muchas veces son referidas este tipo de protestas. “La criminalización de las protestas aparece en el gobierno de García, dijo. Este gobierno trató de imponer la actividad extractiva en los territorios sin consultar a los pueblos. Y si la población estaba en contra, el Estado actuaba de forma represiva. Allí hay casos emblemáticos como el de Bagua, donde casi cincuenta peruanos confrontados entre policías y amazónicos resultaron heridos y desaparecidos, producto de este conflicto social. Como el de Islay en Arequipa donde murieron seis personas, como el caso de Conga, durante la instalación de la minera Yanacocha, que causó la muerte de Isidro Llanos y Edmundo Becerra quienes murieron por la acción represiva de la policía y Yanacocha.
 
Igualmente, Milton Sánchez, otro dirigente del frente de defensa por el agua de Cajamarca precisó que alrededor de 800 manantiales y 100 captaciones de agua para consumo humano serían comprometidos si es que Conga va. Dijo también que 92 mil toneladas de roca serían removidas por la explotación de minera Yanacocha. “La minera pretende confundir a la opinión pública diciendo que las lagunas distribuyen el agua mal y que construyendo los reservorios de agua lo harán mejor”, dijo Sánchez. “Conga es parte de una serie de proyectos que se pretender implantar en las cabeceras de cuenca en Cajamarca. Están “El Galeno”, impulsado por una empresa china, el proyecto “La Pishiquiya” de capitales ingleses y “Conga” de Yanacocha”, agregó.
 
Los manifestantes recuerdan, además, que el Perú ha sido parcelado en cuadrículas para ser concesionadas a empresas mineras y petroleras. Con Alan García se llegó a concesionar el 72% de la Amazonía y más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional ya han sido concesionadas a empresas mineras, sin tener en cuenta si se trata de zonas urbanas, zonas agrícolas, zonas de producción de aguas o áreas arqueológicas. Es necesario contar con una ley que declare la moratoria de todas las concesiones mineras y que el gobierno proceda a la revisión de las mismas para que no sigan siendo fuente de conflictos. Los pueblos amazónicos y las comunidades campesinas, después de años de lucha y del terrible “baguazo”, lograron que por fin el Estado promulgara la ley de consulta previa, libre e informada. Ahora su Reglamento está en proceso de aprobación. Pedimos que se formulen leyes de consulta previa a todos los pueblos que van a ser afectados por proyectos mineros o petroleros.
 
Lima, 10 de febrero de 2012
 
Comisión Nacional Organizadora de la Gran Marcha Nacional del Agua