La Alianza por los Derechos Humanos, conformada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), ante la tragedia ocurrida el pasado martes 14 de febrero en la granja penal de Comayagua:
 
Repudia la muerte de 360 privados de libertad y la grave situación de salud de los sobrevientes. La Alianza condena la negligencia histórica del Estado de Honduras para atender el cumplimiento de sus responsabilidades en relación a los centros penales, entre ellas, mejorar “las condiciones físicas consecuentes con los estándares internacionales para las personas privadas de libertad", tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia emitida en el año 2006. 
 
Consecuencia de los reiterados incumplimientos para atender las recomendaciones sobre el sistema penitenciario, el próximo 28 de febrero el Estado de Honduras comparecerá ante la Corte Interamericana por la muerte de 107 privados de libertad a causa del incendio que se produjo en el Centro Penal Sampedrano, en el año 2004.
 
Ante la negligencia del actual gobierno para atender de manera eficaz y oportuna este hecho, pudiendo con ello evitar la magnitud de la tragedia, la Alianza por los Derechos Humanos demanda de este lo siguiente:
 
 

Que los distintos informes que se presenten reúnan criterios técnicos y científicos; sustentados en una investigación imparcial, objetiva y transparente, de forma tal que distintas entidades especializadas puedan contrastar dichos informes.

 
No se puede ocultar la desconfianza que existe por la mayoría de la población frente al Ministerio Público, la policía y del mismo gobierno; esto exige mayores esfuerzos para que la verdad sea conocida y no ocultar si hubo o no responsabilidad por acción u omisión por la autoridades responsables de salvaguardar la vida de los privados de libertad.
 

Que se acelere el proceso de identificación y de entrega de los cuerpos e implemente una estrategia de información objetiva, que mejore la información a cada familia de las víctimas sobre el proceso que se lleva a cabo, incluyendo el tiempo de espera para disminuir la incertidumbre que los pone en mayores niveles de desesperación.

Que se brinde una mejor atención a los familiares que se encuentran en el exterior de la morgue de Medicina Forense, atendiendo de manera digna sus necesidades de salud, alimentación, agua, baños e iluminación. 

Ante el ofrecimiento que ha hecho el gobierno de un arreglo amistoso con los familiares, reconociendo implícitamente su responsabilidad en los hechos ocurridos en la granja penal de Comayagua, señalamos que ese proceso de reparación debe ser justo; sin perjuicio de las acciones legales, nacionales e internacionales, que quieran interponer los familiares que no acepten dicho arreglo. 

Urgimos al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos; así como La aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario y consecuentemente la creación del Instituto Penitenciario, propuesta construida desde las organizaciones de la Sociedad Civil, presentada ante el pleno del Congreso Nacional desde hace más de una década y que conlleva a mejorar las   condiciones de vida de la población penitenciaria y un verdadero proceso de rehabilitación, que les prepare para la reinserción social.

Otorgar indulto (por el poder ejecutivo) o condonación de la pena (por el poder judicial) para quienes cumplan con los requisitos de ley, esta medida vista como una acción de justicia social más que como el mero hecho de reducir la población carcelaria.

La creación de una Comisión Permanente del Poder Ejecutivo para el control y seguimiento de la capacidad de alojamiento en establecimientos penitenciarios, de manera que no se sobrepase el número de privados de libertad en las cárceles declaradas en situación de emergencia como la de Comayagua, San Pedro Sula, Puerto Cortés y Santa Bárbara entre otras.

Que el Poder Judicial asuma su responsabilidad de saldar la mora judicial que genera todo tipo de injusticias e impacta negativamente en la sociedad y en la economía del Estado.

 
Finalmente, la Alianza por los Derechos Humanos, hace un llamado a las instancias internacionales de justicia y derechos humanos, para que se garantice que el Estado de Honduras tome las medidas oportunas, eficientes y sistemáticas que conlleven a resolver a corto, mediano y largo plazo los problemas que enfrenta el sistema penitenciario nacional. En este sentido creemos que la visita anunciada (el mismos día de la tragedia) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contribuirá con el proceso de justicia para con los familiares de la víctimas y las reformas estructurales que el sistema penitenciario necesita.
 
 
 Tegucigalpa. M.D.C. 23 de febrero del 2012.