Nuestro país vive su peor crisis en materia de seguridad ciudadana, buscar una  solución y darle una respuesta a la ciudadanía es responsabilidad de quienes gobiernan, y esta debe ser consultada a la ciudadanía que ha denunciado los abusos de policías y militares.
La militarización no es solución al problema de seguridad. Si se acepta que la seguridad consiste en el desarrollo social sustentable, en la erradicación de la desigualdad que ahora mantiene en la pobreza a más de tres millones de hondureños, a miles de familias campesinas sin acceso a la tierra y sumidas en la desnutrición crónica.
Darle  facultades policiales a las Fuerzas Armadas, es legitimar las actuaciones de militares que llegaron al extremo de sacar un presidente en pijamas y reprimieron a su propio pueblo hace apenas dos años.
Involucrarlas en actividades policiales tendrá inevitablemente un aumento de las violaciones a los derechos humanos de las hondureñas y hondureños, como ha ocurrido en la zona del Valle del Aguán, donde militares y policías coludidos con guardias de seguridad de los terratenientes han reprimido y asesinado a los campesinos, mientras mantienen aterrorizada a toda la población incluyendo niñas y niños.
La experiencia nos dice que cuando las Fuerzas Armadas han sido desviadas a cumplir funciones para las cuales no fueron creadas, el resultado son los abusos y violaciones graves a los derechos humanos. México es el mejor ejemplo, seis años después de iniciada la participación de militares en la guerra contra el crimen organizado patrocinada por el gobierno norteamericano, la población continua padeciendo inseguridad, peor aún, perdiendo la vida pues esta guerra ha causado más de 50 mil muertos.
El presidente mexicano ha sido denunciado ante la Corte penal Internacional (CPI), debido a su involucramiento al participar en operativos policiales militares.
El CPTRT que conoce los atropellos históricos en contra de ciudadanos y ciudadanas, demanda de parte de los diputados y diputadas que se piense en otro tipo de soluciones  que no agraven la vulnerable situación de respeto a la vida y la integridad vigente. Esta decisión afectará principalmente a nuestros niños y niñas que no merecer vivir la experiencia de despertarse a media noche frente a un soldado que les apunta con un fusil.
Tegucigalpa 22 de noviembre de 2011.
 
Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares CPTRT.
Colectivo de Abogados por la Justicia.