Sobre las ejecuciones de campesinos y líderes populares en el Bajo Aguán y el acelerado deterioro de la situación de los derechos humanos en Honduras
 
“Este es el momento en que callar es un crimen”
Froylán Turcios
“Quien mira cometer un crimen y lo calla, lo comete”
José Martí
“Guardar silencio es compartir el crimen”
José Adán Castelar
 
A la comunidad nacional, al gobierno de la república y a la comunidad internacional:
Los regímenes surgidos después del golpe de Estado de junio de 2009, ungidos por el gobierno norteamericano, por la camarilla empresarial que ha saqueado el país y por las iglesias fundamentalistas, han reeditado la represión que, en la década del ochenta, sumió a Honduras en el dolor.
Si ayer un militarismo fanático, fascista y brutal entrenó y formó grupos de asesinos para que secuestraran, mataran y desaparecieran selectiva y clandestinamente a dirigentes populares y políticos, hoy, ese militarismo que por muchos años se mantuvo larvado, reeditado quizás ahora con mejor equipo y mayores entusiasmos antipopulares, ha vuelto a la luz para emprender tareas de exterminio en el lugar que les señalen.
En el campo y la ciudad, en las manifestaciones de ciudadanos indignados por la crisis y el golpe, en los desfiles de estudiantes y maestros, allí donde haya una protesta de gente libre, se hace presente el aparato de muerte con las tanquetas, los fusiles, las bombas, las pistolas bajo el falaz argumento de que -sometidos al imperio del orden dominante y el silencio fraguados por las armas- florecen el progreso, la democracia y la convivencia.
Justo cuando se suponía que tenía que mejorar esa situación, a raíz del Acuerdo de Cartagena y cuando los presidentes de Honduras y Colombia declaran que se está cumpliendo con el compromiso de respeto a los derechos humanos, los hechos sangrientos de los últimos días revelan una involución, especialmente porque se ha criminalizado al movimiento campesino señalando la existencia de vínculos con fuerzas guerrilleras entrenadas y financiadas por gobiernos extranjeros y con narcotraficantes cuyos socios son otros.
Si la situación es grave en todo el país, en el agro y especialmente en la región del Bajo Aguán, es insostenible. El cómputo de los muertos ya sobrepasa al medio centenar.
El envío de contingentes militares regulares pretende desviar o desdibujar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la presencia de escuadrones de asesinos y en la protección a elementos represivos de índole particular que campean en la región y los cuales se conocen por su vocación provocadora y homicida. Asimismo, la forma cómo se está manejando el problema permite deducir que lo que se busca es agotar la capacidad de lucha de los campesinos para imponer una solución mediatizada que privilegie los intereses de grandes empresarios del agro en la zona.
Pero la ceguera del gobierno, sus compromisos con la gran empresa y su desconocimiento de las leyes sociales les impide ver que, en la lucha campesina, no habrá agotamiento y que, de no encontrarse pronto una solución justa y democrática a la problemática agraria, la región del Aguán puede convertirse en la puerta de entrada para acciones de mayor envergadura en donde estaría comprometido todo el futuro del país.
Se ha llegado a  una etapa clave en la escalada violenta; un momento dramático y sangriento que nos obliga, a los firmantes académicos e intelectuales, artistas y creadores de las más diversas filiaciones, a denunciar el comportamiento vil de las fuerzas que pretenden resolver los conflictos estructurales latentes de nuestra sociedad por la vía del crimen político, del asesinato a sangre fría y la intimidación de las organizaciones.
Nos escandaliza, también, que, pese a la evidencia, la generalidad del sistema mediático, identificado con el golpe de estado y que repite las líneas de la propaganda oficialista, desestima los síntomas de degradación social y política y continúa fingiendo que aquí no pasa nada. Así, los feminicidios se imputan, como dice la policía, al perfil de las víctimas; se afirma que los crímenes contra los líderes populares son producto de la delincuencia común; se vinculan al narcotráfico o son el resultado de riñas intestinas. Se ha llegado, incluso, al extremo de minusvalorar o tergiversar el asesinato de un estudiante adolescente que participaba en una manifestación pacífica en el portón de su escuela.
Los crímenes permanecen en perfecta impunidad y se reproducen cada vez con mayor saña y crueldad, en el marco de una estrategia para infundir el miedo, castrar el ánimo batallador de nuestro pueblo y matar su esperanza.
Entendemos la importancia de la agroindustria y de la seguridad jurídica, que solo puede establecerse sobre una ley consensuada. No pretendemos dictar líneas de política, sino llamar la atención sobre el salvajismo con el cual se pretende sofocar las justas demandas sociales. La violencia incontrolable supone un Estado incapaz de mantener el orden y garantizar la convivencia, atributos sine qua non de la soberanía y la legitimidad.
Por lo anterior, los abajo firmantes, urgimos a la comunidad internacional y nacional a pronunciarse contra el desangramiento permanente que ocurre en el Bajo Aguán. Cada vida segada en aras de satisfacer los intereses de la oligarquía nacional y de sus vínculos transnacionales económicos y políticos, es un crimen más de lesa humanidad que aleja la posibilidad de reconstruir la convivencia.
 
Rodolfo Pastor Fasquelle, historiador; Darío A. Euraque, historiador; Teresa de Maria Campos, antropóloga y artista; Helen Umaña, escritora; Isadora Paz, socióloga y artista de la danza; Aníbal Delgado Fiallos, sociólogo; Mario Gallardo, escritor; Mario Ardón Mejía, antropólogo; Adrienne Pine, antropóloga; Armando García, escritor y fotógrafo; Geraldina Tercero, antropóloga; Roberto Quesada, escritor; Lucy Pagoada, profesora universitaria; Manuel de Jesús Pineda, escritor; Roxana Pastor Fasquelle, educadora; Guillermo Mejía, periodista; Eduardo Bähr, escritor; Débora Ramos, escritora; José Antonio Fúnes, escritor; Dana Frank, historiadora; Julio Escoto, escritor, Patricia Murillo, periodista; Gustavo Larach, historiador; María de los Ángeles Mendoza, historiador; Allan Fajardo, sociólogo; Anarella Vélez, historiadora; Emilio Guerrero, escritor; Jorge Martínez, escritor; Sergio Raúl Rodríguez, músico; Víctor Manuel Ramos, escritor; Gustavo Zelaya, filósofo e historiador; Rosa María Messén Ghidinelli, socióloga; Jorge Amaya Banegas, historiador; Daniel Reichman, antropólogo; Oscar Puerto Posas, economista; Russell Sheptak, historiador; Rosemary Joyce, antropóloga; Mauricio de Maria Campos, economista y diplomático; Iris Mencía, poeta y periodista; Joaquín Portillo, historiador; Rebeca Becerra, escritora, Isbela Orellana, socióloga; Omar Pinto, artista; Edgar Soriano, historiador; Andrés Thomas Conteri, periodista; Tito Estrada, dramaturgo;  Natalie Roque, historiadora; César Lazo, periodista y escritor; Fabricio Estrada, poeta; Ricardo Salgado, politólogo; Soledad Altamirano, poeta; Rodolfo Pastor Campos, politólogo y diplomático; Lety Elvir, escritora; Rafael Murillo Selva, teatrista; Yesenia Martínez, historiadora; Suyapa Portillo, historiadora; Roberto Quesada, escritor; Lucy Pagoada, profesora universitaria; Róger Rovelo, pintor, escritor y teatrista; Magdiel Midence, poeta; Raúl Arechavala, filósofo; Marlin Óscar Ávila, analista político; Gustavo Izaguirre, historiador; Fernando Zelaya Pineda; Luz Victoria Midence; Beatriz Valle, abogada; Roy Roger Zamora; Óscar Amaya Armijo; Marco Rosales; Alex Bardales, Óscar Armando Flores.
Honduras, 1 de Septiembre 2011