Del 25 de febrero al 4 de marzo de 2011 una Misión internacional compuesta por seis redes y organizaciones internacionales1, apoyada por organizaciones nacionales2, realizó una investigación in situ para evaluar la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán. En este marco, mantuvo reuniones con diversas organizaciones y comunidades campesinas, así como con autoridades tales como la Fiscalía, jueces y el Instituto Nacional Agrario (INA) a nivel regional. También se entrevistó con representantes de la comunidad internacional, Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la Comisión de Verdad.
 
A partir de la verificación realizada, la Misión internacional constata una severa crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán, cuyos elementos principales son:
 

De enero 2010 hasta la fecha, 19 campesinos pertenecientes a organizaciones del Bajo Aguán han sido asesinados y según la Fiscalía, en ninguno de estos casos se han presentado órdenes de detención. En la mayoría de los casos ni siquiera se ha hecho una investigación inicial, por lo que existe un alto riesgo de que todos estos casos queden en total impunidad.
Múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, incluyendo amenazas y hostigamientos permanentes a dirigentes e integrantes de las organizaciones campesinas, provenientes tanto de elementos de las fuerzas de seguridad pública como de las empresas de seguridad privada que resguardan las propiedades de los terratenientes de la zona. Además, la Misión ha conocido de casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y casos de abusos sexuales.
Continúan los desalojos forzosos violatorios del derecho a la alimentación, vivienda, salud, de los asentamientos campesinos, en flagrante violación de los estándares establecidos en el derecho internacional y del debido proceso.
Incumplimiento de las disposiciones legales y acuerdos políticos que obligan a las instituciones del Estado a entregar la totalidad de las tierras del anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las empresas campesinas aglutinadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA); a transferir antes del 13 de abril del 2011 un total de 11,000 hectáreas a las cooperativas integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA); y a respetar y garantizar los derechos sobre la tierra de las cooperativas del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).
Asimismo, los compromisos adquiridos en el Acuerdo con MUCA para garantizar el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda hasta la fecha han sido incumplidos.
En vez de políticas y medidas contundentes para resolver la problemática agraria en la zona, se observa un proceso de estigmatización y criminalización de la lucha campesina, lo que incluye detenciones arbitrarias, 162 personas procesadas y una persecución sistemática contra la dirigencia campesina.

 
EN CONCLUSIÓN:
La Misión constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y desprotección ante la parcial actuación de las autoridades. Los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos.
 
Ante esta situación, la Misión hace un llamado a las autoridades nacionales a cumplir con su deber de investigar y sancionar todos los asesinatos y crímenes cometidos contra campesinas y campesinos en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales. Igualmente, cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, y adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo. Además, cumplir las disposiciones legales y los acuerdos políticos firmados para facilitar el acceso a la tierra, a la salud, educación y vivienda de las comunidades que permanecen en situaciones precarias.
 
Es necesario redefinir la orientación del desarrollo rural vigente cambiando de un modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral que en Honduras es un mandato constitucional.
 
En este contexto, la comunidad internacional juega un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos. Esto implica que el cuerpo diplomático debe contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán asegurando que su cooperación se condicione al respecto irrestricto de los derechos humanos.
 
Además, la comunidad internacional debe procurar que la cooperación financiera que brinda al Estado y a compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos que en el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los bancos multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
 
 Las organizaciones internacionales que han integrado esta Misión harán visibles los hallazgos de esta investigación mediante de un informe que será entregado a la Comisión de Verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la Corte Penal Internacional, y seguirán monitoreando muy de cerca el desarrollo de la situación, acompañando la lucha por los derechos humanos y en contra de la impunidad en el Bajo Aguán y en el país.
 
Tegucigalpa, 4 de marzo de 2011