Tegucigalpa 19 de noviembre de 2010. La aprobación de una “Ley Antiterrorista”, por parte del Congreso Nacional CN, es una amenaza directa para el Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, y debe “ser una de las principales cosas de preocupación del Frente”, consideró el abogado Jari Dixon Herrera, miembro de la organización política creada después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales.
 
El ex fiscal del Ministerio Público, manifestó que la aprobación de esta ley lleva dedicatoria contra el FNRP, “primero porque en honduras no hay actos terroristas, segundo por que hay que recordar a que el actual Ministro de Seguridad Oscar Álvarez cuando tomo posesión dijo que había que desaparecer al Frente Nacional de Resistencia”.
 
El jurista considera que objetivo de  aprobar dicha ley, es disolver el movimiento de resistencia, por que mediante esa ley “se esta catalogando como terrorista al Frente de Nacional de Resistencia Popular”.
 
En horas de la noche de ayer y la madrugada de este viernes el Congreso Nacional aprobó la “Ley Antiterrorista”, sin que trascendiera por ningún medio el contenido de dicha ley.  
 
La ley es a propuesta del Ministro de Seguridad del régimen de Porfirio Lobo Sosa, Oscar Álvarez. El funcionario es sobrino del general Gustavo Álvarez Martínez, responsable de la desaparición forzada de decenas de hondureños durante la década de los 80.
 
Según declaraciones publicadas por diario La Prensa, atribuidas al diputado de la Democracia Cristiana, Agusto Cruz Asensio, dijo “que la medida se toma justamente debido a los decomisos de dólares que han ocurrido en los últimos meses, al decomiso de aeronaves y otras acciones que en nada se parecen a las protestas populares, como se pudiera interpretar”, una declaración que podría ser interpretada contra el FNRP.
 
Según el medio de comunicación, “en la Ley se obliga a las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, a reportar ante el Estado cualquier regalo, donación o apoyo superior a los dos mil dólares, así como de vehículos o equipo, con el propósito de regular cualquier actividad que pudiera tener un fin distinto”.
 
Herrera considera que no se debe dialogar con el gobierno de Lobo Sosa, por que considera que es un gobierno ilegal que el pueblo debe hacer uso del artículo tres constitucional que estable el derecho a la insurrección.
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