Tegucigalpa 09 de julio de 2010. El Ministerio Público (MP) de Honduras no investigó, los casos de graves violaciones a los derechos humanos, la proporcionalidad de la fuerza, los hechos y los actores del golpe de Estado, y ha tolerado la tortura, detenciones arbitrarias, y el homicidio, denuncia el Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH.
 
El Fiscal General Luis Alberto Rubí, desde antes del golpe de Estado se dedicó a perseguir y criminalizar el derecho a la libertad de expresión a opinión y a amenazar con detener al Presidente Constitucional de la República Manuel Zelaya Rosales, usando particulares en caso que le fallara la policía o los militares, relata el CODEH, como parte de un documento que elabora sobre el golpe de Estado.
 
Actualmente los procesos incoados por la Fiscalía Espacial de Derechos Humanos, por violaciones a los derechos humanos, no prosperan en los diferentes tribunales de justicia.
 
Según el CODEH, “la violación sistemática a los derechos humanos tuvo como soporte fundamental el silencio cómplice del Ministerio Público, esta institución planificó la persecución selectiva, criminalizó el derecho a huelga del gremio magisterial, llegó a los centros educativos amenazando a los maestros, imputándoles delitos como violación al derecho a la educación y sedición entre otros”.
 
En un acto calificado como bochornoso para la historia judicial del país, más de diez procesos penales, contra funcionarios del gobierno Zelaya, han sido desvanecidos en los tribunales, no por independencia del poder judicial, más por el temor que genera el hecho que un equipo de juristas internacionales e independientes revise la acción penal establece.
 
Sobre el golpe de Estado y posterior expatriación de Zelaya el CODEH, deja claro, que ha sido la más vergonzosa la participación del MP, quien procedió, desde un inicio de la trama, formada por militares, magistrados y fiscales a construir ficciones jurídicas, hasta llegar a una orden de captura ilegal e ilegitima ejecutada por el General Romeo Vásquez Velásquez.
 
Para el organismo de derechos humanos, es evidente que los delitos de “traición a la patria, delitos contra los altos funcionarios del Estado, desobediencia, sedición cometidos por la Corte Suprema, Fiscalía General de la República, Militares y demás funcionarios del Estado, no podrán ser perseguidos por un sistema de justicia que sus argumentos están orientados a justificar el golpe de Estado”.
 
El CODEH, es del criterio que el Fiscal Henry Salgado es una pieza clave en la construcción del escenario para el golpe de Estado, y una vez consumado el golpe de Estado, el MP pretende ignorar que el Presidente Zelaya ha sido expatriado, al presentar un requerimiento fiscal en su contra el 30 de julio, en el que manifiesta que Zelaya esta domiciliado en la residencial Tres Caminos, Cuarta Avenida, Segunda Casa, mano Izquierda, en el que olvidan mencionar el número de la vivienda.
 
Según el CODEH, la persecución contra el Presidente Zelaya, se hace más evidente cuando ese requerimiento fiscal es admitido al siguiente día, con celeridad pocas veces vista, por el Juez José Humberto Palacios Guifarro, el 31 de julio de 2009.
 
La persecución de jueces y fiscales llegó al extremo de ordenar capturar al Presidente en el exilio el argumento es que “consideramos que concurre el elemento de peligro de fuga” cuando es del mundo conocido que Zelaya a sido expatriado y que no esta viviendo en Honduras, desde el día de su derrocamiento militar.
 
El Ministerio público encabezado por el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto Roy Urtecho, son señalados por diferentes organizaciones de derechos humanos, de ser actores fundamentales en el golpe de Estado contra Zelaya.
09072010